‘Matar periodistas, un crimen contra la democracia y el progreso’

‘Matar periodistas, un crimen contra la democracia y el progreso’

Hay una herramienta que ayudaría a proteger la libertad de expresión en varios lugares del mundo.

Protestas por asesinato de periodista Jan Kuciak

Imagen de las protestas por el asesinato del periodista eslovaco Jan Kuciak y su novia, Martina Kusnirova.

Foto:

Radovan Stoklasa / Reuters

Por: Robert Mahoney
11 de noviembre 2018 , 09:28 p.m.

¿Cuánto cuesta silenciar a un reportero molesto? En Filipinas, las autoridades necesitaron apenas 250 dólares en 2011 para comprar los servicios de un sicario. En Eslovaquia, Jan Kuciak y su prometida fueron asesinados en febrero por cerca de 80.000 dólares.

Para los políticos corruptos y los jefes mafiosos, ninguna de estas sumas importa. Sin embargo, el costo para la democracia es inconmensurable.

Cada año, más periodistas mueren a causa de su reporteo cotidiano que en las zonas en guerra. Desde 1992, cuando el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) comenzó a reunir datos, 1.324 periodistas han sido asesinados mientras trabajaban, de los cuales 849 fueron ejecutados por sus denuncias. Sin embargo, en casi el 90 % de estos asesinatos, quienes ordenaron los ataques eludieron la justicia. En las raras ocasiones en que se realizó una investigación completa, solo se pudo atrapar a los autores materiales. Por lo general, el pez gordo se salía con la suya.

El problema no se limita al sur global. El 16 de octubre se cumplió un año desde que Daphne Caruana Galizia, periodista maltesa que investigaba casos de corrupción en la isla, fue asesinada por un carro bomba minutos después de enviar un artículo que parecía pronosticar su muerte. Tres hombres han sido acusados de su asesinato, pero los autores intelectuales siguen libres.

De manera similar, Eslovaquia, que, al igual que Malta, es un país miembro de la Unión Europea, no ha sido capaz de hacer justicia en el brutal asesinato de Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, en su hogar cerca de Bratislava. Si bien la policía ha hecho arrestos en este caso, no se ha encontrado a todos los organizadores, que se sospecha no querían que siguiera investigando las serias denuncias sobre actividad mafiosa en ese país.

Y si bien Arabia Saudí admitió que el periodista y columnista de ‘The Washington Post’ Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado del reino en Estambul, es igualmente improbable que la investigación actual del caso lleve a juicio a todos los responsables de su desaparición.

Cada año, más periodistas mueren a causa de su reporteo cotidiano que en las zonas en guerra

La impunidad en este tipo de casos es un cáncer que afecta la democracia y el deber de rendir cuentas de las autoridades. Para trabajar con eficacia, los reporteros necesitan que impere el Estado de derecho. Los periodistas saben que, cuando la policía y los jueces sirven al crimen organizado, nadie los protegerá cuando investiguen historias que amenacen los intereses de criminales o de autoridades corruptas.

Las consecuencias son fáciles de ver en un país como México, donde hay enormes áreas en las que no se informa de los crímenes de los carteles. Los valientes reporteros que se han atrevido a hacerlo han pagado con sus vidas, y las matanzas ligadas a los carteles han logrado el efecto deseado de silenciar a los demás. De hecho, la mayoría de los periodistas mexicanos pueden identificar instintiva y rápidamente las ‘zonas de silencio’ en que mueren la democracia y la transparencia.

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas quiso llamar la atención global sobre el problema haciendo el 2 de noviembre de cada año el ‘Día internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas’. Mi organización apoya esta iniciativa con nuestro Índice Global de la Impunidad, que muestra que democracias como México, Brasil, India, Pakistán y Filipinas no encarcelan a quienes matan periodistas.

Los periodistas saben que la democracia y la prensa libre dependen una de la otra y que cuando los reporteros se silencian, aumentan los crímenes contra el medioambiente, la extorsión, el fraude y el imperio de la ilegalidad y el miedo. Y aunque muchos están contraatacando, les vendría bien algo de ayuda.

Una de las armas más promisorias en la lucha contra la impunidad son las sanciones. Desde 2016, la Ley de Responsabilidad Global Magnitsky sobre Derechos Humanos de Estados Unidos ha autorizado al presidente de esa nación a imponer prohibiciones de visa y congelar los activos de ciudadanos extranjeros sospechosos de violaciones graves de los derechos humanos. Canadá promulgó su propia ley Magnitsky en octubre de 2017, y Estonia, Lituania, Letonia y el Reino Unido han adoptado medidas similares.

Pero promulgar una ley no es lo mismo que usarla. Con la excepción de varias personas implicadas en el asesinato en 2004 del editor de ‘Forbes’ Paul Klebnikov en Moscú, las leyes tipo Magnitsky no se han utilizado ampliamente en defensa de los periodistas. Los gobiernos comprometidos con la democracia no deben dudar a la hora de usar las herramientas a su disposición para proteger a quienes ponen en riesgo sus vidas en la defensa de la libertad de expresión. En particular, los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de asegurarse de que se cumplan los compromisos asumidos a nivel de la UE y de cada país miembro.

Las organizaciones por la libertad de prensa pueden hacer más para poner fin a la impunidad. Por ejemplo, en México, el CPJ ha colaborado con reporteros y grupos de presión para que el Gobierno nacional trate los ataques a periodistas como delitos federales, y pasar por alto las agencias policiales y judiciales de nivel estatal cuando haya sospechas de corrupción. El gobierno federal respondió con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Aun así, la falta de financiación para la oficina de la fiscalía amenaza sus modestos logros. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puede enfrentar el problema de la impunidad, pero solo si la Feadle cuenta con plenos recursos.

Mientras que los gobiernos vacilan, los periodistas se defienden de la manera que mejor conocen: con periodismo. La respuesta colectiva a las muertes de Caruana Galizia y Kuciak lo ilustra bien. Ambos eran miembros de redes de investigación globales, y estos grupos siguen hoy los cabos sueltos y están terminando las historias interrumpidas por los asesinatos. El mensaje para los asesinos potenciales es sencillo: matar a los reporteros no matará el reportaje.

Robert Mahoney es vicedirector ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

México y Afganistán, donde más mueren

Desde el 2014, cada 2 de noviembre, la ONU lleva a cabo el ‘Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas’ y presenta un informe de la situación con base en cifras de la Unesco. La fecha se escogió por el asesinato de dos periodistas franceses en Malí, en 2013. Estos son los principales datos presentados este año:

182 periodistas asesinados en todo el mundo durante los últimos dos años.

88 en lo que va del 2018.

1.010 murieron por cumplir su labor en los últimos 12 años, entre 2006 y 2017.

55 % de los comunicadores murieron en países donde no había ningún conflicto armado.

89 % de los casos permanecen en la impunidad. De los 1.010 casos conocidos entre el 2006 y el 2017, solo se han resuelto 115.

26 casos ubican a México como el país con más periodistas muertos entre 2016 y 2017. Le sigue Afganistán con 24 casos. México es el más peligroso del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo.

11 mujeres periodistas asesinadas durante el 2017, la cifra más alta registrada hasta ahora.

El mensaje para los asesinos potenciales es sencillo: matar a los reporteros no matará el reportaje

En Colombia se dispararon las amenazas de muerte

A 31 de octubre de este año, en Colombia se habían registrado 183 amenazas de muerte a periodistas, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Y la situación es altamente preocupante, pues hay un incremento del 41,8 % de este tipo de acciones intimidatorias con respecto al año pasado, ya que en el 2017, a la misma fecha de corte, se contabilizaban 129 amenazas de muerte.

Y, hasta el momento, son tres los periodistas asesinados en territorio nacional (casos en los que está plenamente comprobado que los homicidios se cometieron por el trabajo profesional que adelantaban): los tres periodistas del diario ‘El Comercio’ de Quito, asesinados por alias Guacho, disidente de las Farc y hoy narcotraficante.

ROBERT MAHONEY*
© Project Syndicate
Nueva York
* Robert Mahoney es vicedirector ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

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