En un ambiente de alta violencia, narcotráfico, delincuencia y denuncias de corrupción contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, hoy 13,4 millones de ecuatorianos decidirán en las urnas si aceptan o no la extradición de connacionales señalados de participar en el crimen organizado transnacional, una medida constitucionalmente prohibida en este país.
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El tema se ha posicionado como el eje central del pliego de ocho preguntas planteadas en un referendo propuesto por el Ejecutivo como un camino para combatir la narcodelincuencia y el crimen organizado que con el accionar de al menos 25 bandas criminales ubican al Ecuador entre los países más peligrosos de la región.
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Índices de más del 25 por ciento de homicidios por cada 100.000 habitantes, la incautación de más de 200 toneladas de drogas en 2022, un desatado sicariato y el incremento del microtráfico local, son argumentos del presidente Lasso para, ante la falta de apoyo del Legislativo, pedir el pronunciamiento popular para sus reformas legales, políticas y estructurales.
“Este es un momento para unirnos y enfrentar a los enemigos del Ecuador”, invoca el mandatario al pedir un “sí” a las ocho preguntas que también buscan la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la reducción del número de asambleístas, o que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 por ciento del registro electoral.
“La consulta es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos, la narcodelincuencia y el crimen organizado. ¿Quién podría oponerse a la extradición de delincuentes que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?”, señaló Lasso, que cuenta con la desaprobación del 80 por ciento de los ecuatorianos, según la firma Perfiles de Opinión.
Por eso, a pesar que el Gobierno esgrime la lucha contra el crimen organizado como el impulso para plantear el referendo, analistas como el catedrático Mauro Andino Espinoza consideran que lo que busca realmente la convocatoria es un “tanque de oxígeno o un salvavidas para la deteriorada imagen gubernamental y alguna legitimidad popular”.
Por esta razón, según el experto, la consulta fue convocada paralelamente a un proceso electoral en que los ecuatorianos también deberán designar en las urnas a 5.697 autoridades seccionales entre alcaldes, gobernadores provinciales, concejales rurales y presidentes de juntas parroquiales de todo el país.
“Solo una de las ocho preguntas está relacionada con la seguridad y Lasso ha utilizado el miedo, el pánico y el temor en el que viven los ecuatorianos para seducir el voto por el sí. Ha vendido como panacea para frenar la violencia, la extradición de narcodelincuentes, cuando en la realidad, durante su gobierno no ha podido enfrentar los problemas estructurales del país como el desempleo, la salud, la educación, la pobreza que son los detonantes de la situación de inseguridad del país. Ecuador pasa por una crisis sistémica y la solución no pasa por un referendo”, resaltó el catedrático en diálogo con EL TIEMPO.
La periodista y editora política del portal digital GK, María Sol Borja, coincide en que la consulta podría ser, desde la mirada del gobierno, una forma de demostrar que tiene apoyo popular.
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AFP
“Pero esto es un espejismo. No es lo mismo apoyar al gobierno de Guillermo Lasso que apoyar una consulta cuya pregunta de arrastre (aquella que podría ser más popular y que podría generar un “sí” en las demás) ofrece solucionar los problemas de inseguridad”, publicó en su columna de opinión.
“Lo primero se gana con acciones concretas, con diálogo, con alianzas políticas transparentes, con respuestas claras a los problemas más profundos del país. Lo segundo parece una acción desesperada para ganar algo de legitimidad; aunque sea breve y peligrosa pues, pasado el tiempo prudente, la ciudadanía va a exigir con más fuerza respuestas a los problemas de violencia y, difícilmente, el Gobierno va a poder darlas”, insistió.
Según lo puntualiza, “el gobierno de Lasso no está considerando que, al usar la narrativa que la extradición es un paso gigantesco hacia la lucha contra la inseguridad, está generando expectativas sumamente altas en una población que vive en zozobra”.
Pero hoy, con una generalizada apatía y niveles de indecisión que bordea el 60 por ciento, según la firma Cedatos, el voto de los ecuatorianos podría aceptar la reducción –de 137 a 100– de una asamblea, actualmente con mayoría opositora al Gobierno, que apenas cuenta con el 6 por ciento de aceptación ciudadana.
Ana Belén Cordero, asambleísta por el oficialismo, sostiene que “hace falta mayor calidad de asambleístas y mejor representatividad en función de la demografía”, eliminando el número de escaños fijos que establece la actual Constitución.
El catedrático Santiago Basabe reflexiona sobre si “con menos representantes en el Legislativo la corrupción, la mediocridad, el oportunismo y la ausencia de referentes ideológicos desaparecerá o al menos será menos visible”.
La respuesta que salta a la vista es que no se responde en su mismo análisis. “Todos los males de la Asamblea Nacional se mantendrán, aunque el reparto será entre menos personas”, insiste.
Frente a una crisis institucional donde gran parte de importantes de autoridades se encuentran prorrogadas, la consulta popular también pretende que la designación de las autoridades de control del Estado como la Contraloría, Fiscalía, Judicatura, superintendencias, actualmente en manos del Consejo de Participación Ciudadana, pase a la Asamblea Nacional.
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.
Bolivar PARRA / ECUADORIAN PRESIDENCY / AFP
Círculo de corrupción
A este entorno político, en el que cuatro firmas otorgan un holgado triunfo al sí a todas las preguntas del referendo, se suman las últimas denuncias de corrupción en el manejo de los sectores estratégicos que involucran al cuñado del presidente, Danilo Carrera.
El portal digital La Posta difundió audios que hablan de “repartos” de cargos públicos y cobros de “comisiones” en contratos relacionados en las empresas de petróleo y energía, denuncias que son investigadas por la Fiscalía General con allanamientos y llamados a rendir testimonios que incluyen a Carrera.
El propio mandatario ha debido salir al paso para defender la honestidad de su gobierno. “Una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que, bajo el título de periodistas, desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un Gobierno honesto y un asesinato a la reputación de un Presidente de la República que no acepta chantajes, no acepta condicionamientos y que jamás pautará a cambio de que le aplauda ningún medio de comunicación”, dijo en un evento de policías de la semana que termina.
En este contexto, un triunfo del “sí” en la consulta popular podría ser asumida por el Gobierno como un voto de confianza a su gestión. O de ganar el “no”, convertirse en un golpe contundente contra el presidente Guillermo Lasso, lo que desestabilizará aún más la tambaleante democracia ecuatoriana.
Violencia y denuncias en campaña
Tres candidatos fueron asesinados durante la pre campaña y la campaña electoral oficial para los comicios seccionales de este domingo y otros 12 postulantes han recibido amenazas o atentados según los reportes policiales.
La política ecuatoriana está contaminada por el narcotráfico según sostiene el asambleísta Fernando Villavicencio, quien presentó a la Fiscalía General del Estado, un listado de candidatos, supuestamente financiados o involucrados con la narco delincuencia.
El propio gobierno también pidió a la Fiscalía la investigación de 28 candidatos, de diversos partidos políticos, con supuestos vínculos con el narcotráfico, la minería y que hoy aspiran llegar a alcaldías prefecturas o concejalías.
Según informó el ministro de Gobierno, Juan Zapata, aseguró que el documento fue elaborado por fuentes de inteligencia que detectaron las posibles vinculaciones.
ANA LUCÍA ROMÁN
PARA EL TIEMPO
QUITO