La angustia y el miedo agobian a los policías ecuatorianos que refuerzan la seguridad en las ciudades de Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudades costeras que, desde la noche del martes pasado, sintieron el cruel desafío de las bandas narcocriminales para evitar que el Gobierno trasladara a cerca de mil presos de la penitenciaría del Litoral a otro centro carcelario de máxima seguridad conocido como La Roca.
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Este centro carcelario, ubicado en la ciudad de Guayaquil, alberga a cerca de 8.500 privados de la libertad y, desde 2019, se ha convertido en el epicentro de la confrontación entre bandas delictivas que se pelean no solo el liderazgo en las cárceles, sino el control del microtráfico en las calles.
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Desde entonces, cerca de 400 detenidos han sido asesinados sádicamente en los dos últimos años sin que se logre controlar el ingreso de armas, municiones, granadas y explosivos a los centros carcelarios, controlados por el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Esto se fue de las manos y estamos en indefensión absoluta, sin armas, sin municiones, sin chalecos salvavidas, ni gasolina para las motos o patrulleros
Según las versiones oficiales, desde la cárceles ecuatorianas se organizan y disponen hechos delictivos como el cobro de vacunas, sicariatos, atentados y hasta la infiltración en instituciones públicas, fuerzas del orden y del sistema judicial. Se considera que al menos 20 bandas delictivas se han formado en Ecuador y que estarían integradas por unos 40.000 miembros entre locales y extranjeros.
Por eso, la movilización de reos a otros centros de reclusión, en el marco de una política de reubicación y pacificación emprendida por el Gobierno, amenazó las estructuras de las organizaciones delictivas, que reaccionaron con una explosión de violencia sin precedentes en la historia de este país de 18 millones de habitantes.
Cinco policías asesinados en las calles, una ola de atentados con explosivos y carros bomba, cadáveres colgando de un puente, dos reos muertos y cinco heridos es el saldo oficial de esta semana. Eso sumado a que hay diez uniformados recuperándose de heridas de bala y esquirlas de granada que recibieron cuando durante tres días intentaron tomar el control de la penitenciaría del Litoral.
Al menos seis policías resultaron heridos en ataques con balas y explosivos.
AFP
“Esto se fue de las manos y estamos en indefensión absoluta, sin armas, sin municiones, sin chalecos salvavidas, ni gasolina para las motos o patrulleros”, comentó a este diario con angustia un policía luego de conocer que dos de sus compañeros fueron acribillados dentro del patrullero en el que cumplían labores de vigilancia. “Les pedí a mi esposa, a mis hijos y a mi familia que oren por mí, tengo miedo, todos tenemos miedo”, señaló.
Son bandas a las que, por falta de control, se les ha permitido su crecimiento y que han desarrollado una perversa violencia con la que han logrado asustar a la población
“Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de la droga del mundo”, resumió el presidente Guillermo Lasso al calificar los hechos como una “guerra abierta contra el Estado de derecho y el Gobierno”.
El mandatario debió suspender un viaje a Estados Unidos para hacerse cargo de la situación y declarar el quinto estado de excepción, en sus 17 meses de gobierno, debido a la exacerbación de la violencia penitenciaria.
Lasso convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que, luego de deliberar por varias horas, concretó “una estrategia integral de seguridad y paz para enfrentar en forma estructural, en un plan de corto, mediano y largo plazo, los efectos que tiene en la sociedad ecuatoriana el crimen organizado y el narcotráfico”.
Estrategia reiterativa que no plantea una solución integral al creciente incremento de la violencia según lo plantea el director del programa de investigación sobre orden conflicto y violencia de la Universidad Central, Luis Córdova. “Se insiste en una política de seguridad tozuda que pretende, con mano dura, imponer el orden en una sociedad totalmente descompuesta”, dijo a EL TIEMPO.
Les pedí a mi esposa, a mis hijos y a mi familia que oren por mí, tengo miedo, todos tenemos miedo
“El Gobierno debe salir de su jaula conceptual al pensar que el problema de la inseguridad desde la guerra contra las drogas. Una estrategia que ha fracasado en la región y está fracasando en el Ecuador”, puntualizó.
Según el experto, la situación debe ser analizada holísticamente porque para haber llegado a este punto han convergido varios factores, como “una creciente informalidad en la economía, que fomentó la organización de estructuras pandilleriles y organizaciones criminales, a lo que se suma la disputa del territorio por la intencionalidad, de organizaciones internacionales del narcotráfico, de reconfigurar y controlar el mercado de la cocaína en Ecuador”.
Operativo de control en la cárcel de Guayas.
AFP
Adicionalmente, Córdova resalta como factor detonante de la violencia las desacertadas decisiones económicas y sociales de los gobiernos, que han incrementado la miseria en sectores suburbanos y periféricos de Guayaquil, Durán, Esmeraldas y otras ciudades epicentro de los hechos de violencia que tienen en zozobra a la sociedad ecuatoriana.
El catedrático Diego Pontón, experto en temas de seguridad, también señala que en el manejo de la crisis de inseguridad hay “un cúmulo de errores que ha producido un efecto degenerativo y exacerbado del problema penitenciario, que se inició en 2019, sobre lo cual no se tomaron acciones ni establecieron políticas de control, y que ahora se transforma en un enfrentamiento no solamente entre bandas, sino con el Estado”.
Para el analista, la exacerbada violencia que vive el país no es un efecto directo de la presencia del crimen organizado asentado en el país, sino de una dinámica viralizada, no estructurada, y que intenta emular a carteles internacionales. “Son bandas a las que, por falta de control y políticas, se les ha permitido su crecimiento en cantidad y que han desarrollado una perversa violencia con la que han logrado notoriedad y asustar a la población”, acotó.
Para el experto, si bien el narcotráfico ha alimentado el poder económico de estos grupos, también ha abonado en la crisis la incapacidad del Estado para controlar esta arremetida, no solo con el control penitenciario, sino también en detrimento de la estructura policial, del control del territorio, la eficiencia de la justicia y el abandono social, particularmente en sectores donde las bandas delictivas han encontrado un semillero para captar a jóvenes y niños.
ANA LUCÍA ROMÁN
PARA EL TIEMPO
QUITO
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