Al retrasar significativamente el pago de los intereses de sus bonos y ganarse así la calificación de entrar en “default (cesación de pagos) parcial”, según Standard’s & Poor, y “default restrictivo” por parte de Fitch, Venezuela abre un agrio capítulo con los mercados internacionales marcado por la desconfianza y que limitará de manera significativa su capacidad de hacer cualquier tipo de negocio en el corto y mediano plazo.
Esto incluye en especial su capacidad para endeudarse, solicitar créditos o préstamos a nivel internacional, justo en momentos en que atraviesa una crisis económica sin precedentes, con importaciones de bienes y productos en mínimos históricos que agudizan la escasez de materia prima, alimentos y medicinas, así como una caída en su producción petrolera, que por primera vez en 30 años es menor a los dos millones de barriles diarios.
“Esto es mucho más que una advertencia; estas calificaciones implican que se disparan una serie de mecanismos que tienen los acreedores para hacer valer sus derechos sobre esa deuda, y tiene impacto porque Venezuela queda aislada de los mercados internacionales. Si acaso China y Rusia le prestaban, con las sanciones ni siquiera se puede refinanciar con estos dos países para obtener algún flujo de caja”, aseguró a EL TIEMPO Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.
“Es como si a Venezuela se le cerraran las puertas prácticamente del todo. Ahora deberá enfrentarse a que cualquier tipo de negociación o renegociación ocurra con acreedores más beligerantes, que pedirán más garantías y serán menos flexibles sobre las condiciones de tiempo o intereses. Esto afectará directamente la cobertura de nuestras necesidades de importación”, precisa.
La declaración de default parcial no solo impactó la confianza en los mercados internacionales, también repercutió de forma directa en el valor que los venezolanos dan a su moneda, el bolívar, pues la cotización del dólar en el mercado no oficial alcanzó el martes en la tarde los 57.387 bolívares por dólar, luego del cierre del viernes solo algo por encima de 50.000. El impacto de este aumento se siente en el bolsillo de forma inmediata.
Sin embargo, al ser “parcial” la declaración, Venezuela todavía no enfrentará el máximo de las consecuencias que implica una cesación de pagos como el embargo a sus propiedades fuera del territorio venezolano.
“Todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Resulta obvio que esta calificación no es algo bueno, pero lo que está ocurriendo es una situación muy particular, pues en realidad lo que ha habido es demoras operativas en los pagos de los bonos. El gobierno pagó la semana pasada, y dice que va a pagar lo que falta”, comenta el economista director de Datanálisis, Luis Vicente León.
“Una cosa es que con la demora te cobren intereses, pero todavía no hay posibilidad de embargo por un crédito que ya pagaste. Los riesgos convencionales de impago que normalmente uno vería en un default todavía no están aquí”, señala. Los principales temores de la administración venezolana se ciernen sobre la refinería de Citgo, ubicada en Estados Unidos, así como las embarcaciones que transportan crudo venezolano a sus clientes internacionales.
En caso de que se declare una cesación total de pagos –que todavía no es el caso–, los acreedores no solo pueden demandar a Venezuela por sus inversiones, sino que pueden forzar el pago incoando demandas que permitan el embargo a las propiedades internacionales de Venezuela.
Aunque el presidente Nicolás Maduro ha dicho que su gobierno está dispuesto a pagar todos sus compromisos, las estadísticas venezolanas –con una caída en la producción petrolera y las reservas internacionales en apenas 9.800 millones de dólares– desafían cualquier buena intención.
Las expectativas tampoco quedan en buena posición luego de llevarse a cabo, este lunes en Caracas, una breve reunión entre el gobierno y unos 150 acreedores (de 400) invitados para reestructurar y refinanciar la deuda del país. El encuentro, que duró menos de media hora, terminó sin ningún plan definido o nueva estructura de pagos y solo con la promesa de un nuevo encuentro al que probablemente no asistan (como esta vez no asistieron) los acreedores estadounidenses debido a las sanciones financieras y amenazas de sanción decretadas en agosto por el gobierno de Donald Trump.
García Larralde apunta a la dificultad de que el gobierno venezolano logre concretar un plan de reestructuración o refinanciamiento de la deuda sin apoyo del Fondo Monetario Internacional.
“La participación del FMI suele convocarse como garantía de una reestructuración como la que espera el gobierno, pero se sabe que esa instancia no ha sido ni será invitada por un tema ideológico, lo cual deja prácticamente sin garantías una negociación de este tipo”.
A pesar de la incertidumbre que se ha generado a raíz de la entrada de Venezuela en el default anunciado por las calificadoras de riesgo, los expertos consideran que el impacto que tendrían los problemas económicos que atraviesa el país vecino serían limitados en el resto de Latinoamérica.
De acuerdo con sus análisis, el departamento de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia conceptúa: “Nuestros cálculos plantean que un default de la deuda venezolana tendría efectos limitados sobre Colombia y el riesgo de la región”.
Por su parte, Juan David Ballén, director de investigaciones económicas de la comisionista Casa de Bolsa, opina que el riesgo actual es moderado respecto a otras épocas, debido a que Venezuela ha dejado de ser uno de los principales socios comerciales de nuestro país.
Según la asociación de exportadores Analdex, este año, las ventas de Colombia hacia Venezuela solo suman 150 millones de dólares, una cifra reducida teniendo en cuenta que en el 2008 se llegó a un récord de 6.000 millones de dólares.
El presidente del organismo, Javier Díaz Molina, dijo que no prevé que tenga un efecto directo sobre Colombia porque las relaciones comerciales y financieras se han reducido ostensiblemente.
Sin embargo, según agrega el Grupo Bancolombia, se podría impactar el riesgo país.
“En la mayoría de los países, el efecto de las fluctuaciones en la prima de riesgo de Venezuela no solo es de baja magnitud, sino que se ha debilitado durante los últimos 15 años. En cualquier caso, vale la pena mencionar que, aunque en una menor magnitud, las primas de riesgo de Colombia, Perú y Brasil tienen una sensibilidad mayor que las de otras naciones regionales”.
Es decir que de todas maneras representa un caso atípico que suele acaparar la atención de los mercados financieros, que a veces actúan agrupados y a veces miden con el mismo rasero toda la región.
1. ¿Cuándo ocurre?
Un país es considerado en cesación de pagos o default cuando incumple total o en parte con sus acreedores. Estos pueden ser locales o extranjeros u organismos como el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Venezuela, lo que está en juego son créditos de inversores privados. Los default no son raros: desde 1999 hubo 26. S&P Global Ratings dice que algunos países vivieron esa situación más de una vez.
2. ¿Quién lo declara?
El gobierno puede anunciar que no hará sus pagos, y automáticamente incurre en cesación de pagos. Una calificadora de riesgo comunica públicamente que el país no pagó y lo considera en cesación de pagos. Una tercera posibilidad es que un acreedor privado anuncie el impago o que lo anuncie un organismo como el Isda, en Estados Unidos, que en los hechos es como un vigía de las deudas soberanas de los países.
3. ¿Las consecuencias?
El país se vuelve un paria de los mercados financieros. No le dan créditos y si lo logra es a tasas astronómicas. En el caso de Caracas, EE. UU. prohibió transar bonos de deuda del país y de la petrolera estatal PDVSA. Los acreedores podrían embargar activos en el exterior; Citgo, el más importante de estos y cuya sede queda en Estados Unidos, refina y vende gasolina en ese país. China y Rusia también son grandes acreedores.
4. ¿Qué hacer?
Un país puede refinanciar o reestructurar la deuda para modificar las condiciones del impago. Implica un acuerdo para, entre otras cosas, modificar plazos o establecer períodos de gracia a cambio de reformas que aseguren el pago en el futuro. La reestructuración implica que el deudor impone nuevas condiciones al acreedor. El gobierno venezolano se reunió el lunes con acreedores, pero no propuso un plan de renegociación.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
