Con la publicación de una sentencia la noche del miércoles, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, máximo ente del Poder Judicial, asumió las competencias de la Asamblea Nacional y anuló de facto el Poder Legislativo, de mayoría opositora desde enero del 2016.
El episodio recuerda el ‘autogolpe’ propinado por el presidente peruano Alberto Fujimori, quien cerró el Congreso de su país y militarizó su sede. No es la primera vez que el máximo tribunal falla contra el Parlamento, pero sí, la que lo neutraliza claramente como poder público.
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias serán ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, dice la sentencia.
El documento fue elaborado como un “recurso de interpretación” de la legislación venezolana sobre el área de hidrocarburos, para permitir al Presidente de la República la creación de empresas mixtas sin la necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución.
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Sin embargo, concluye con la confiscación de las funciones del Parlamento alegando que este se encuentra en “desacato” por no desincorporar de sus filas a tres diputados del estado Amazonas cuya elección fue cuestionada por el oficialismo. En ello, asegura el tribunal, en Venezuela hay una “omisión inconstitucional parlamentaria”.
La sentencia fue publicada 24 horas después de otra que anula la inmunidad parlamentaria de los diputados alegando que esa prerrogativa tampoco les aplica por estar en desacato, una figura utilizada en más de 50 oportunidades por el TSJ para anular, una por una, las actuaciones de la Asamblea Nacional.
En el documento anterior, publicado el martes, el tribunal anula la sesión de la Asamblea Nacional que apoya la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y conmina al presidente Nicolás Maduro a decretar un estado de excepción, pues los diputados, al apoyar la aplicación de la Carta, estarían creando un “estado de conmoción”.
Pero la conmoción ocurrió el jueves cuando los venezolanos, de pronto, amanecieron con el Parlamento neutralizado. Juristas de todo tenor aseguran que la decisión, además de inédita, es ilegal, pues la Constitución consagra la independencia de poderes públicos y no establece la transferencia de competencias.
“Esto es, sin duda, una alteración del orden constitucional”, señala a EL TIEMPO el abogado Juan Rafalli. “Las funciones parlamentarias de legislar y controlar son propias del Parlamento y no pueden ser asumidos por la Sala Constitucional. No hay un solo apartado legal que lo permita, esto es un parapeto jurídico sin base constitucional que acaba con el contenido federal de la República. Es impresionante que el mismo Poder que declara el desacato, no lo resuelve (ordenando nuevas elecciones para los diputados del estado Amazonas, por ejemplo), y asume las funciones de un cuerpo elegido por el pueblo, legalmente constituido como la Asamblea Nacional”.
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Tras una reunión de emergencia, la directiva de la Asamblea Nacional declaró que no reconoce la legalidad del Tribunal Supremo de Justicia.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, rompió el documento de la sentencia al asegurar que “esto es un golpe de Estado con todas sus letras y le pedimos al mundo y a los medios que nos ayuden. Estas sentencias le otorgan el poder a Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, endeudarse como le dé la gana y perseguir a quien le dé la gana”.
Juristas de todo tenor aseguran que la decisión, además de inédita, es ilegal, pues la Constitución consagra la independencia de poderes públicos y no establece la transferencia de competencias.
Borges recordó que en enero la nueva directiva de la AN desincorporó a los diputados de Amazonas cuestionados por el oficialismo, sacrificando la mayoría de dos terceras partes con que cuenta la oposición, para evitar la acusación de “desacato”.
Deploró que el TSJ haya respondido en consecuencia escalando el choque de poderes hasta el punto que llegó ayer y llamó a los venezolanos a protestar contra estas sentencias.
“En la medida en que el gobierno de Maduro fue perdiendo el apoyo popular entró gradualmente en el autoritarismo”, explica Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. “Sobre ese hecho tenía dos salidas: convocar elecciones y negociar las consecuencias negativas que estas tendrían para el oficialismo o mantenerse en el poder por medios distintos como mayor represión, elevar el control social y eliminar elecciones. Es evidente que eligieron la segunda vía”, dijo.
En ese orden de ideas, ya Maduro había dado varios pasos en el desconocimiento de la Asamblea Nacional, como cuando presentó el Presupuesto General de la Nación ante el TSJ o al prorrogar seis veces el estado de excepción ante esa misma instancia. Ambas cosas, por mandato constitucional, deben ser revisadas por el Legislativo.
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Sobre ese escenario, Alarcón califica como un “golpe constitucional” las sentencias contra la Asamblea y asegura que solo un movimiento masivo podría cambiar el panorama político.
“Solución hay, mecanismos hay. En el pasado ha habido formas de ponerles freno a los autoritarismos, hay que esperar que esta vez la oposición actúe con inteligencia y convierta la pasividad actual que siente el opositor venezolano en un movimiento activo de unidad”, asegura.
El diputado Freddy Guevara, coordinador del partido Voluntad Popular, pidió activar los artículos 333 y 350 de la Constitución, que permiten declararse en “desobediencia civil” y “defender la vigencia de la Constitución” si esta deja de respetarse.
La desobediencia hacia el TSJ fue propuesta incluso por el jurista y exmagistrado Román Duque, quien calificó de ilegales las decisiones de los miembros del TSJ, elegidos en un proceso exprés lleno de irregularidades durante los últimos tres días en que funcionó la Asamblea de mayoría oficialista, en diciembre del 2015. “Debemos llamarlos usurpadores”, aseguró.
La situación actual en Venezuela se puede asemejar al denominado ‘autogolpe’ en Perú, en el que el entonces presidente Alberto Fujimori, el 5 abril de 1992, anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. El mismo día, Fujimori les ordenó a las Fuerzas Armadas ubicarse frente al Legislativo.
Estos hechos, años después, terminaron marcando el nacimiento de la Carta Democrática, ya que es el gobierno de transición de Perú, en 2001, después de la caída de Fujimori, el que propuso la herramienta a los demás cancilleres de la región, justo antes de la celebración de la tercera Cumbre de las Américas. 34 países firmaron la Carta Democrática Interamericana, entre ellos Venezuela.
Preocupación generó en muchos sectores de Colombia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
La Cancillería rechazó la medida del alto tribunal, al considerar que representa un “desconocimiento del Estado de derecho”.
La canciller María Ángela Holguín insistió en la importancia que debe tener para la democracia “la separación de poderes y el apego a las normas constitucionales”.
Por su parte, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, le pidió al presidente Santos “que revalúe las relaciones con Venezuela”.
Mientras tanto, el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, le solicitó al Gobierno Nacional pronunciarse “con carácter y entereza” ante este abuso de poder en el vecino país.
Y el expresidente Álvaro Uribe le pidió a la comunidad internacional que ayude para que metan presos al presidente Maduro, a los integrantes del Tribunal Supremo y para que se convoque a elecciones cuanto antes.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal EL TIEMPO
Caracas