Una pesquisa de la policía a una estación de servicio para seguir el rastro de un negocio ilegal de cambio de moneda, en marzo del 2014, terminó convertida en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Brasil. Tres años después hay más de 260 personas acusadas, 125 condenadas y más de 12 países de América Latina salpicados por uno de los tentáculos de la trama.
Las pistas que surgían de la investigación fueron creciendo como espuma, al punto de conducir a las autoridades a la estatal Petrobras, donde se conoció un complot entre una veintena de empresas (las mayores constructoras y contratistas de obras públicas del país) que se repartían los contratos y pagaban sobornos a altos funcionarios de la petrolera y a decenas de políticos.
Algunos analistas consultados por EL TIEMPO, como Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson, en Washington, consideran que la operación denominada Lava Jato (lavadero de autos) “reveló una corrupción sistemática que la mayoría de los brasileños sabían que existía, pero nadie sabía cómo funcionaba. El mérito de estas investigaciones, vergonzosas para el país desde cualquier punto de vista, se centra en haber atendido la capacidad de la policía federal, la fiscalía general y demás instituciones al investigar y llamar a las personas acusadas, en parte políticos de la línea sucesora de la entonces presidenta Dilma Rousseff, a responder por sus actos”.
“Todo aparece dentro de un contexto que es una mejora del ejercicio de la ley en Brasil, pues es lo más destacado en un país donde hace 10 años imperaba la impunidad para la élite de la sociedad y con cercanía al Gobierno”, explica Sotero.
Por la misma vía camina Rafael Cortez, analista político de Tendencias Consultoria, para quien aunque el escándalo dejó ramificaciones en varios países en América Latina (Colombia está en la lista), pues la constructora Odebrecht exportó su sistema de sobornos a varios gobiernos vecinos, “lo positivo es el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. Este caso contribuyó a revelar que el país se movía con un sistema de financiamiento político que se prestaba para promover la corrupción”, aseguró a este diario.
Sin duda, el primer afectado fue el gobierno de turno, pues no menos de cinco miembros de su gabinete, los líderes de ambas cámaras del Congreso y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff, han sido llamados en varias ocasiones a declarar por su supuesto beneficio del ‘jugoso negocio’.
Varios de ellos ya están en la cárcel y la exmandataria fue destituida por falsificación de cuentas públicas. Además se comprobó que parte de ese dinero entró a su primera campaña política. La trama de corrupción ayudó a frenar la ya golpeada economía del mayor mercado de la región y aumentó la desconfianza de la población hacia la clase política, que se alista para celebrar en el 2018 una de sus más decisivas elecciones presidenciales en años, pues las bases de tres de los más importantes partidos políticos están, según las revelaciones, implicadas en el caso.
Aun así, para Sotero, “la crisis económica fue causada por una crisis de naturaleza fiscal, que no tiene que ver con Lava Jato. Una crisis en que hubo un continuo aumento de los presupuestos públicos, mucho más arriba de la capacidad económica”.
Eurasia Group, la consultora de riesgo político más grande del mundo, afirmó “que el principal impacto de las últimas revelaciones se sentirá en las elecciones de 2018, ya que la amplia gama de políticos implicados en el escándalo impulsaría la demanda de candidatos antiestablecimiento”.
“Estoy seguro de que va a haber elecciones normales el día que están fechadas. Esto no está en discusión. Acá lo importante es saber quiénes serán los candidatos por el hastío de la gente a sus dirigentes”, agregó Sotero.
Por su parte, Ricardo Ribeiro, analista político de MCM Consultores, dijo que las dimensiones de Lava Jato son desproporcionadamente escándalosas, “pero no es un tsunami ni el fin del mundo”. Nada de lo que pase en la investigación “debe paralizar al Congreso ni al Gobierno”, porque el país debe seguir trabajando para superar los obstáculos.
Según la fiscalía, gracias a los testimonios de 78 acusados que aceptaron colaborar con la justicia a cambio de reducciones en sus penas, la investigación identificó la semana pasada el pago de sobornos por un valor de 6.400 millones de reales (unos 2.064 millones de dólares).
El grupo especial de Lava Jato, integrado por fiscales, policías federales y agentes del fisco, ha detenido a cerca de 200 personas. La operación ha dado origen a 57 procesos penales contra 260 acusados, aunque hasta ahora se han dictado condenas en 25 juicios por un total de 1.317 años de prisión. Las llamadas “delaciones premiadas” –testimonios a cambio de rebajas en las condenas– de 77 ex altos ejecutivos de Odebrecht han sido fundamentales para avanzar en las investigaciones, como también el juez titular del caso, Sergio Moro, quien ha mandado a prisión a altas figuras del gobierno como el expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, y tres de sus procesos tienen en la mira al expresidente Lula da Silva.
Pero los acusados con fuero privilegiado, entre ellos decenas de congresistas fuera del alcance de Moro, se han beneficiado de la lentitud de los procesos en el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país y única que puede juzgar a políticos con mandatos ejecutivos o legislativos. Queda esperar el pronunciamiento de Rodrigo Janot, procurador general, quien ya prometió presentar denuncias contra, al menos, 170 políticos con fuero citados en los cerca de 900 testimonios de los ejecutivos de la constructora.
ANDRÉS RUIZ
Redacción Internacional
En Twitter: @ruizandress
