Sin juicio, sin pruebas, sin acusación formal, sin cargos en su contra y tampoco perspectivas de pronta liberación, cumplieron seis semanas tras las rejas los 91 colombianos (uno escapó la semana pasada) señalados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de un supuesto campamento paramilitar “desmantelado a 500 metros de Miraflores”, el palacio de gobierno.
Una acusación que se desvaneció y trastocó en una “irregularidad administrativa” que mantiene a estos hombres detenidos por no tener sus papeles en regla dentro de territorio venezolano. Pero tampoco los deportan o les permiten arreglar sus documentos.
Después de dos agónicas semanas apresados en la azotea de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía, otras dos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana del estado Táchira y, ahora, otras dos de vuelta en Caracas (en la sede de la PNB, en la zona de La Yaguara), este viernes estos hombres fueron presa de la desesperación y amenazaron con amotinarse si no les dan respuesta y pronta solución a su situación. (Lea también: Limbo jurídico para 92 colombianos detenidos en Venezuela)
Una rápida visita de la cónsul colombiana en Caracas, Martha Cecilia Ramírez, apenas calmó los ánimos. “Estos ciudadanos están desesperados y con toda razón, pero hasta el momento no hemos podido obtener respuesta de las autoridades venezolanas. No nos han dicho nada. Se nos ha dicho siempre que es un asunto de documentos, pero aún no hay orden ni de deportación ni de liberación”, dijo la diplomática a EL TIEMPO.
Los detenidos temen que los días sigan transcurriendo sin saber qué va a pasar con ellos, pues su liberación implica que el Gobierno reconozca que su declaración del campamento paramilitar era falsa.
“Ya un par de policías nos han dicho que lo nuestro es una detención política”, afirmó vía telefónica a EL TIEMPO uno de los detenidos que quiere mantener su nombre en reserva.
“Uno de los policías en la Dirección de Delincuencia nos dijo que el señor presidente Maduro afirmó que consiguieron 92 ‘paracos’ y les mandaron (a los policías) a buscar gente. Me dijo exactamente que les ordenaron una operación para atrapar indocumentados y nosotros tuvimos la mala suerte de caer. Como quien dice, que estábamos en el lugar equivocado. Para soltarnos, el Gobierno tiene que decir que se equivocaron. Esto es un falso positivo muy mal montado”. (Además: Críticas a los nuevos controles y medidas cambiarias en la frontera)
Otro de los apresados asegura que su situación jurídica es inexplicable. “Nos dicen que no estamos presos sino detenidos, ¿qué significa eso? Que lo nuestro es un proceso administrativo y no judicial, ¿entonces por qué no nos dejan salir? ¡Si nos van a deportar que nos deporten!”, afirma en un tono muy exaltado.
Ambos comparten lamentos sobre la deplorable situación económica que atraviesan ahora, pues son comerciantes informales y cabezas de familia que, al no poder salir a trabajar, han dejado a sus familias consumiendo los pocos ahorros que tenían. “Nuestras familias están pasando hambre, hacen cola para comprar el poquito de comida que nos pueden traer, los que trabajamos somos nosotros. Ya en mi casa no nos queda ni cinco, están sufriendo las mujeres y los niños”.
También se suma la situación de salud de algunos que, desde su apresamiento, apenas pueden seguir sus tratamientos para el control de la hipertensión, la diabetes y otras dolencias.
Reconocen que sus condiciones de reclusión en la PNB de La Yaguara no son tan malas como en los lugares anteriores, pero que ya los hombres mayores están exhaustos del encierro y la falta de atención.
“Por favor, que esto se sepa y que nos ayuden, si esto es político, le pedimos al presidente Juan Manuel Santos que se ocupe de nosotros, nos tiene olvidados”.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
