El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) declaró este viernes "no hay lugar" para la solicitud hecha por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, de investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la máxima corte.
El TSJ, en Sala Plena, "declaró no hay lugar" para la solicitud de Ortega Díaz contra seis magistrados titulares y dos suplentes de la Sala Constitucional para ser investigados por la decisión de esa corte con la que asumieron las facultades del Parlamento, dio a conocer el propio tribunal en un comunicado. En consecuencia el máximo tribunal decretó "el sobreseimiento de la causa".
La medida de "antejuicio de mérito" solicitada a la plenaria del TSJ recaía sobre los magistrados principales de la Sala Constitucional -responsables de la interpretación de la Constitución venezolana-: Juan Jose Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.
El TSJ ordenó, "remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral Republicano, para que ejerza las acciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general".
Remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral Republicano, para que ejerza las acciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general
La fiscal general solicitó que se retire la inmunidad de ocho magistrados por cuanto "pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se dio a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal", afirmó la titular del Ministerio Público.
Se refería específicamente a las dos decisiones con las que a finales de marzo el Supremo se arrogó las funciones de la Cámara, inutilizando al cuerpo legislador, y declarando incompatible la inmunidad de los diputados, una medida que fue revertida poco después en medio del rechazo de la fiscal y la presión internacional.
Ortega Díaz señaló estas sentencias como una manera de "conspirar" contra la forma de república de la nación. Esta es la segunda acción legal que emprende la
fiscal en contra de los magistrados que componen la alta corte que han sido negados.
La fiscal se distanció del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico.
EFE
