Todavía aturdidos por la rebelión del piloto Óscar Pérez y su temerario sobrevuelo sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los venezolanos recibieron este miércoles dos nuevas decisiones contra el despacho de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, antes incondicional aliada del chavismo y hoy una de sus duras críticas.
Además de rechazar la demanda interpuesta por la fiscal que pedía anular las bases comiciales de la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, el TSJ decidió otorgar a la Defensoría del Pueblo competencias fundamentales de la Fiscalía, como la posibilidad de actuar e investigar casos de violación de los derechos humanos.
Una decisión que busca diluir el poder del Ministerio Público, el impacto de sus pesquisas y al mismo tiempo poner las manos del defensor del pueblo –Tarek William Saab, incondicional de la ‘revolución bolivariana’– en las investigaciones más polémicas de la escena nacional.
En sus decisiones, además, el TSJ declaró “nula” la designación del vicefiscal Rafael González y anunció el pronto nombramiento de uno nuevo, quien entre otras funciones tiene la de suplir al fiscal en caso de que se ausente del cargo.
Aunque la ley faculta a Ortega el nombramiento de su segundo al mando, el TSJ suspendió esta decisión, evaluada como la preparación del oficialismo en caso de que prospere la demanda contra la fiscal y esta sea destituida.
Las sentencias del TSJ fueron rápidamente respondidas por Ortega, quien advirtió que el desmantelamiento que intentó hacer en marzo el poder judicial contra la Asamblea Nacional con las sentencias 155 y 156 –hoy “revertidas”, pero detonantes de las protestas opositoras– “ahora lo quiere hacer con la Fiscalía”.
“Estamos presenciando el desmontaje progresivo del Ministerio Público (…) Todo esto es una provocación. El TSJ está derogando la Constitución Bolivariana, y yo no lo voy a permitir”, afirmó.
Horas después, el TSJ aprobó las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general –entre las que están la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias– y fijó para el 4 de julio la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de su enjuiciamiento.
La tensión entre los poderes públicos contó además con el aporte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, quien advirtió que solicitará medidas para proteger a los centros donde se elegirán los miembros de la constituyente el venidero 30 de julio.
“No se puede impedir un proceso electoral”, declaró la rectora, desafiando las miles de protestas que se han presentado contra la constituyente y con el recuerdo aún fresco del referéndum revocatorio que su despacho se esforzó claramente en detener.
Al revuelo inicial causado por el sobrevuelo del helicóptero de la policía científica con una pancarta en apoyo a las protestas opositoras y la declaración de alzamiento del piloto de la aeronave, Óscar Pérez, siguió un profundo desconcierto sobre las consecuencias de esta acción y el paradero del protagonista.
La aeronave fue encontrada este miércoles en la tarde por las autoridades en el pueblo costero de Osma, en el estado Vargas, muy cerca de Caracas.
Aunque de inmediato quedó descartado que se trataba de un alzamiento militar contra Maduro, para los voceros del gobierno se trató de un “acto terrorista” en el que Pérez, acompañado de otros funcionarios, habría disparado 15 veces hacia la azotea del Ministerio del Interior y lanzado cuatro granadas fragmentarias, supuestamente procedentes de Colombia, contra la sede del TSJ.
Así lo informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien solicitó la captura de Pérez y la difusión de esta orden en alerta roja a la Interpol.
Sin mayor reacción coordinada respecto al sobrevuelo del helicóptero, la oposición venezolana continuó con su agenda de protestas y logró el ‘trancazo’ del tránsito en las principales ciudades del país.
Caracas estuvo prácticamente paralizada en todos sus municipios durante la tarde, y cientos de opositores resistieron nuevamente la represión desatada con gases lacrimógenos en zonas tan distantes entre sí como La Candelaria, La Urbina, Altamira, El Paraíso, Caricuao y Santa Mónica.
El diputado Juan Guaidó resultó herido con perdigonesal formar parte de la protesta pacífica, la cual consiste en el cierre de las principales vías entonando cantos y consignas.
Mientras el presidente defendía su tesis de un intento de golpe de Estado, el canciller Samuel Moncada, criticó este miércoles a la comunidad internacional por su “ceguera” frente al ataque con granadas desde un helicóptero denunciado por el presidente contra la sede del supremo.
“Eso en cualquier lugar del mundo es un acto de terrorismo. Sin embargo, nosotros todavía estamos esperando cuál es la reacción de muchos países que dicen preocuparse por Venezuela y todavía no hemos tenido la primera declaración”, dijo Moncada.
A lo sucedido, este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su rechazo por los hechos acontecidos en el país vecino contra el tribunal supremo, así como las agresiones verbales y físicas cometidas por la Guardia Nacional contra diputados y periodistas que se encontraban en el recinto de la Asamblea Nacional.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
