Susana Rafalli no es cualquier nutricionista. Durante 18 años, esta venezolana ha trabajado en emergencias humanitarias y ha gestionado crisis de seguridad alimentaria en el sureste asiático –desde el tsunami en Tailandia hasta la revolución naranja en Birmania–, Guatemala, el Caribe, la frontera con Colombia y Angola.
Dice que no quiere ver de cerca las hambrunas de África, pero le tocó algo igual de impactante: diagnosticar junto con la organización Cáritas que su país está al borde de una emergencia humanitaria.
La más reciente medición de Cáritas arrojó en abril que un 11,4 por ciento de los niños venezolanos están desnutridos. ¿Qué significa eso?
Ese es el promedio, pero tenemos algunos estados, parroquias donde la desnutrición está en 13 o 12,8 por ciento. Con Cáritas –que es el brazo de acción social de la Iglesia– no hacemos solo mediciones periódicas en las parroquias más pobres del país, sino labor humanitaria en zonas vulnerables. Solo este año han muerto 37 niños por desnutrición, una cifra altísima.
¿Cuáles son los parámetros para medir la gravedad?
En Venezuela tenemos la desnutrición aguda, la repentina delgadez del niño que puede llevarlo a la muerte y la desnutrición crónica, que es el niño con una talla baja, que no muere, pero que dejó de crecer y presenta un rezago metabólico, cognitivo y afectivo.
En Venezuela tenemos las dos. Los parámetros se miden por el marco nutricional (el peso y la talla que corresponden a cada edad), las estrategias que expresan inseguridad alimentaria (lo que hacen las familias para pasar el hambre) y la intensidad de la seguridad alimentaria (lo que está comiendo ese niño).
¿Cómo están estos marcos en Venezuela?
Los parámetros internacionales dicen que lo que se mida en términos de desnutrición infantil en un ambulatorio, por ejemplo, si no supera el 5 por ciento es aceptable, es manejable por la familia, la parroquia.
Entre 5 y 10 por ciento se entra en fase de alarma, deben fortalecerse los elementos de pesquisa y alerta en los sistemas de salud. Cuando llega al 10 por ciento es un punto de quiebre, incluso para los donantes y ayudas internacionales, pues se empieza a tener una crisis humanitaria.
¿Por qué?
Porque la situación demanda recursos adicionales. Significa que se tiene una proporción de niños suficientemente grande con desnutrición severa que ameritan no solo suplemento alimentario, sino fórmulas terapéuticas.
Cuando llegas al 15 por ciento o más se habla de una emergencia humanitaria, cuando se supera el 30 por ciento es hambruna.
En Venezuela no llegamos allí, pero pasamos el 10 por ciento, estamos en una crisis humanitaria franca y la tendencia es a que crezca entre 0,8 y 1 por ciento por mes. Si no se rectifica, estaremos en una emergencia humanitaria en diciembre, porque ya estamos con 12 por ciento de desnutrición y tenemos además factores que agravan la seguridad alimentaria.
¿Cuáles son?
Los parámetros internacionales dicen que el Estado debe garantizar una oferta alimentaria suficiente y variada en términos culturales, un adecuado acceso físico y económico al alimento –que esté en los mercados y que lo pueda comprar– y que eso sea estable. En Venezuela, la disponibilidad de alimentos está seriamente comprometida.
Las cifras más actuales de las federaciones agrícolas y ganaderos dice que la capacidad de producción de alimentos básicos en Venezuela alcanza 30 por ciento de lo que se necesita.
Hasta 2013, el hueco que quedaba era llenado con importaciones alimentarias. A partir de ese año, estas se redujeron a la mitad, dicho por el propio Ejecutivo.
Entonces, tenemos un hueco alimentario en las cuentas del país de al menos 40 por ciento, y el Estado no ha dicho cómo lo va a resolver.
El Gobierno asegura que todo está bajo control con la distribución de comida en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)...
El Estado asumió la producción de los seis productos básicos de la alimentación para distribuirlos en estas cajas, que duran 10 días para las familias que las pueden recibir y que ni siquiera llegan a ser el 10 por ciento de la población.
¿Entonces, esa distribución no ayuda?
Esa distribución es insuficiente, no está sujeta a criterios claros, no tiene metas de cobertura. Tampoco es un programa de alimentación complementaria, hay familias que dependen de eso para su sustento. La familia a la que se le acabó la caja va a un abasto a comprar comida el resto de los días, y no consigue nada.
O se encuentran con un precio inalcanzable…
Desde noviembre del 2016, las empresas alimentarias están obligadas a venderle al Estado la mitad de su producción. El Gobierno, al ver que no puede cubrir la demanda, permitió la importación y cobro de alimentos a dólar libre, entonces la gente va al mercado y consigue un kilo de pasta italiana a 8.000 bolívares (casi cuatro dólares al cambio oficial más alto).
La alimentación está secuestrada además por el proceso inflacionario, incluso las Clap, que en marzo del año pasado costaban 1.200 bolívares, ahora están en 12.000.
¿Cómo ha cambiado el patrón de consumo del venezolano?
Lo que hemos visto es que entre 70 y 80 por ciento de la población aplica estrategias de adaptación: comen alimentos de menor valor nutricional, alimentos que no le gustan, se reparten las compras entre varios o dejan de comprar en mercados caros para ir a los más baratos.
Estamos detectando que al menos 40 por ciento de la gente está aplicando estrategias inseguras: reducen el número de comidas, se endeuda para comprar o busca comida en lugares inseguros y humillantes como vertederos de los mercados o la basura.
Hay madres que nos han dicho “comemos cosas que no se comen”, como pellejos de pollo o conchas de plátano. Y cerca de un 30 por ciento de las familias está aplicando las estrategias de emergencia, que son irreversibles.
¿Cómo es eso?
Las que comprometen la seguridad alimentaria a futuro y producen un daño social extremo. Las que más nos dicen es que están saliendo a vender activos familiares (incluso herramientas de trabajo) para comprar comida.
Otra es el desmembramiento familiar para disminuir la carga sobre el consumo y la propia ilegalidad, extorsión por alimentos, robo e incluso prostitución.
En Venezuela siempre ha habido desigualdad y pobreza, hubo un estallido social en 1989 por eso, entre otros factores. ¿Cuál es la diferencia?
Los niveles de desnutrición aguda en 1989, por ejemplo, no sobrepasaban el 4 por ciento y el retardo en talla no llegaba a 10. Nosotros estamos reportando desnutrición de 12 por ciento y retardo en talla de hasta 26 por ciento.
¿Se puede decir que el Estado venezolano ha sido negligente con el tema alimentario?
Absolutamente. El Estado está actuando por acción y por omisión en esta crisis alimentaria.
Tenemos 5 millones de hectáreas improductivas, se ha puesto a los productores a producir a pérdida, se ha controlado los precios y la distribución de divisas.
Se sabe que si el Gobierno otorga las divisas necesarias, el país se abastece en seis semanas. También hay omisión porque el Gobierno, sabiendo que la imposición de su modelo político iba a tener un costo social, no estableció medidas de protección social.
Todas las hambrunas del mundo son generadas por los Estados. Hay una tercera hipótesis, de la cual no puedo dar fe, y es que todo esto ha sido deliberado, planificado por el Gobierno para generar este estado de caos y tomar las medidas que está tomando con el caos como excusa.
Ha dicho que ‘comer tiene unas coordenadas sagradas’. ¿Cómo afecta la actual situación a las generaciones por venir?
Para el venezolano, el acto de comer ha dejado de ser un acto social de compartir. Ahora es una angustia, una extorsión social. El pueblo venezolano pasó de tenerlo todo a un estado de privación para lo más sagrado, que es alimentarse.
Eso ha dañado nuestra autoestima y generado un miedo constante y desgastante. El daño es masivo y tendremos efecto postraumático.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
