Una jueza federal de Nueva York aceptó este miércoles el inusual pedido del Gobierno estadounidense de desestimar graves cargos de narcotráfico contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, para que México lo investigue y eventualmente lo acuse.
En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn Carol Amon confirmó que el pedido provenía del propio fiscal general estadounidense, William Barr.
“Esta decisión (...) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del Gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado”, dijo Amon en presencia de Cienfuegos, que aceptó el acuerdo, que establecía que sería escoltado a México “de forma expedita” por alguaciles estadounidenses y liberado en el país, donde no enfrenta cargos.
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Además, Amon apuntó que la decisión de liberar a Cienfuegos para que sean las autoridades de su país las que lo investiguen sostendrá la “estrecha colaboración entre las fuerzas de seguridad” de México y EE. UU. en sus esfuerzos para acabar con el crimen organizado.
(...) No tengo razones para dudar de la determinación del Gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación
La desestimación de cargos por narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de Defensa supone un triunfo diplomático para el Ejecutivo mexicano.
“Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en EE. UU. sin conocimiento de nuestro gobierno”, dijo este miércoles en una rueda de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Cienfuegos, secretario durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y muy prestigioso entre las tropas, fue detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, y desde entonces se desplegó una artillería diplomática ante un caso que ejemplificaba, según el presidente López, la injerencia externa que padece su país.
Ahora, el pacto sin precedentes para que el general mexicano sea juzgado en México supone una victoria diplomática y política, aunque también podría ser un serio problema.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
José Méndez. EFE
El pasado 11 de noviembre, López Obrador señalaba que esperaría a que se definieran los resultados de la elecciones presidenciales en EE. UU. para proseguir con su queja por la captura sin previo aviso del exsecretario mexicano y confirmó el envío de una nota diplomática.
Por todo ello, el caso ha levantado sospechas. “Es un giro inesperado, es algo sin precedentes en la historia contemporánea (entre ambos países), por lo menos en un juicio tan mediático y con un imputado de esa magnitud”, dijo el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico, Juan Jesús Garza Onofre.
El analista dijo que en la decisión se aplicó “el uso político del derecho en aras de la justicia”, un hecho que calificó de “preocupante”, por no saber si se negoció algo más en lo oscuro. Y recordó que el propio canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un primer momento, mencionó que el país no estaba al tanto de la investigación que se abrió contra Cienfuegos.
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Una vez en México, el general no afrontará cargos en principio, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigará por los mismos hechos.
De hecho, el canciller dijo que llegará como “ciudadano en libertad”, pero al mismo tiempo no habrá “impunidad” en el caso.
Garza Onofre estimó que lo que probablemente va a negociar el exmilitar son “distintos criterios de oportunidad”, como en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso e Odebrecht y hoy testigo colaborador.
El expresidente de México, Enrique Peñanieto (izq.), saluda a Cienfuegos (Der.).
AFP
Contra todo pronóstico, la relación personal entre López Obrador y Donald Trump ha sido buena en los años que han coincidido en el poder, por lo que este acto es visto por expertos como un gesto de buena voluntad del estadounidense.
Además, López Obrador es de los pocos mandatarios internacionales que todavía no ha reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, Ricardo Monreal, aseguró que la decisión que tomó el Departamento de Justicia de EE. UU. era “una señal de la confianza de ese país hacia las instituciones mexicanas y un reconocimiento al proceder de la Fiscalía de México”.
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No obstante, para el experto en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas Guillermo Garduño, con la exoneración, “las autoridades estadounidenses se limpiaron las manos en el caso Cienfuegos”. “Ahora sí está en problemas el actual gobierno de México, primero para fincarle los cargos y segundo para vencer las resistencias al interior del Ejército mexicano”, sentenció Garduño.
Efe y AFP
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