¿Para qué quiere Maduro una constituyente?

Constituciones e intentos anteriores

El cambio constitucional en Venezuela ha sido un instrumento para la legitimación de los caudillos, especialmente de Juan Vicente Gómez (1908-1935), el dictador militar de la primera mitad del siglo XX que cambió la Constitución en siete ocasiones durante sus 27 años de ejercicio del poder.Esto contrasta con el período de la democracia representativa (1958-1999), durante el cual gobernaron nueve presidentes bajo una sola Constitución, la de 1961.

Desde el ascenso al poder del proyecto socialista encabezado por Hugo Chávez en 1999, se puso en duda repetidamente el carácter democrático de la ‘revolución bolivariana’. Por eso, durante su gobierno, las elecciones continuas fueron el mecanismo para demostrar lo contrario.

Pero Chávez llegó al poder con la bandera de cambiar la “Constitución moribunda” de 1961 y en su primer año cumplió con su promesa. Con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente por medio de dos referendos y la elección universal, directa y secreta de los miembros de esta asamblea, Chávez dio la estocada final a aquella constitución moribunda.

En el primer referendo ganó de manera contundente, a pesar de que este tuvo únicamente una participación del 38 por ciento de los venezolanos. En la elección de los constituyentes, la abstención ascendió al 54 por ciento, y aunque el chavismo logró el 66 por ciento de los votos, por un cambio en las reglas de representatividad territorial, logró quedarse con más del 90 por ciento de la asamblea constituyente, lo cual hizo que el proyecto presentado por Chávez fuera acogido casi en su totalidad.

La actual Constitución (1999) fue refrendada por el 72 por ciento de los votos, con una participación de solo el 56 por ciento de los electores (3’301.475 votantes que la aprobaron, sobre 24 millones de venezolanos). Esta es la Constitución que se quiere cambiar, una Constitución altamente progresista en materia de derechos y que ha complicado exageradamente el entramado institucional.

Pero, ocho años después de promulgar la nueva Constitución, en 2007, la coyuntura política y económica favorable llevó a Chávez a pensar que las condiciones estaban dadas para profundizar y materializar lo que llamó “socialismo bolivariano del siglo XXI” con una nueva reforma constitucional.

Sin embargo, esta reforma causó serias fracturas en las filas del chavismo, puesto que algunos sectores la consideraron antidemocrática y un paso hacia el socialismo de inspiración cubana.

A esto se sumó el malestar de los actores políticos estatales (regionales) y locales que interpretaron la reforma como un modo de desconocer su poder (en un Estado esencialmente federal desde el siglo XIX) para concentrarlo totalmente en manos de Hugo Chávez.

La propuesta de reforma chavista logró cohesionar a las fuerzas de la oposición, radicales y moderadas, que dejaron de lado las dudas que sentían sobre la Constitución de 1999 y se congregaron para defenderla. Así que la primera derrota electoral del chavismo –y la más importante– se dio por el rechazo del pueblo venezolano y de un número importante de chavistas que no comulgaban con el “socialismo bolivariano del siglo XXI”.

El proyecto político de Chávez era un éxito, pero estaba demasiado personalizado. La mayoría del pueblo se identificaba con su gobierno, pero no apoyaba el contenido completo de su proyecto, especialmente su camino al socialismo.

Teniendo en cuenta este pasado, parece que el gobierno de Maduro no comprende el rechazo tan extendido que merece su pretendido tránsito hacia el socialismo en Venezuela.

La asamblea nacional constituyente convocada por el actual presidente, mediante el decreto 2830 del primero de mayo pasado, en medio de la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país, puede ser interpretada de dos maneras complementarias que buscan proteger el dominio del partido chavista sobre el Estado.

Es una manera de ganar tiempo antes de someterse a cualquier proceso electoral, como los comicios regionales, que debieron haber tenido lugar a finales del 2016, o las presidenciales, que en principio se deben realizar el próximo año.

También es una manera de institucionalizar la organización paralela del Estado, que en diecisiete años le ha permitido avanzar en propósitos vitales para el proyecto revolucionario. Este segundo propósito, mucho más peligroso que el primero, consiste en formalizar el llamado ‘Estado paralelo’, manejado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Este para-Estado ha sido creado a través de las Misiones Sociales y la provisión de servicios que llevan a cabo los comités locales de abastecimiento y producción (Clap). Estas instituciones paralelas fueron creadas teniendo en mente el proyecto de un Estado comunal, que se refleja también en entidades como los consejos comunales. En la propuesta actual del gobierno, los consejos comunales pasan a ser organizaciones esenciales para mediar la relación entre el Estado y los individuos.

Estos cuerpos empezaron como “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos (…), que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y los proyectos orientados a responder a las necesidades públicas y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”.

Estos consejos han sido promovidos por el Psuv, porque son una instancia de manejo de recursos para proyectos comunitarios, de salud y distribución de recursos y alimentos a las comunidades.

Con la propuesta de formalizar estas entidades, construidas y apoyadas por el Gobierno, se busca la mediación entre la elección de los ciudadanos y el Estado. Esto quiere decir, en términos políticos, la corporativización del Estado, ya que la elección individual está mediada por las organizaciones estatales.

Con la nueva constitución se conseguiría el control de estas entidades por el Psuv. Dentro de este contexto, y desde el año pasado, el Gobierno ha venido impulsado el llamado ‘carnet de la patria’, una herramienta del Estado para ordenar la ejecución de ayudas a ciudadanos vulnerables, pero que en la práctica es un mecanismo de presión directa sobre los habitantes para que participen en los proyectos del Gobierno.

Para la oposición, este proceso constituyente plantea una duda que les recuerda un hecho histórico. Hace doce años (en 2005), la oposición se negó a presentarse en las elecciones parlamentarias, lo que le permitió al chavismo construir buena parte del andamiaje institucional actual y cooptar los poderes públicos.

La nueva propuesta de Maduro parece repetir las dudas de muchos en la oposición que no piensan presentarse al proceso electoral que propone el Gobierno. Este precedente puede pesar en las discusiones entre partidos de la oposición y producir disensos y divisiones inoportunas en este momento.

Lo cierto es que, al presentar esta propuesta, el Gobierno logra parar la discusión de las elecciones regionales y locales y trae un recuerdo negativo a las cabezas de la oposición.

Y es evidente que se quiere transferir las potestades del constituyente primario a cuerpos colegiados de base con presencia territorial que tienen un color político y, por tanto, implicarían una elección con obvios sesgos ventajistas.

Sin embargo, el ruido y riesgo que todo esto produce pueden afectar la consistencia y los pasos que la oposición pueda tomar como unidad.

FRANCESCA RAMOS PISMATARO* Y RONAL F. RODRÍGUEZ
* Directora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario
** Profesor e investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la Fundación Surcontinente