El 28 de diciembre de 2020, luego de seis meses de haber recobrado su libertad, Jorge Luis Zambrano, conocido con el alias Rasquiña, fue asesinado en una cafetería de un centro comercial de Manta, en Ecuador.
La lucha de las bandas carcelarias por ocupar su liderazgo sería, entre otras, una las razones de los cruentos enfrentamientos que dejaron el martes un total de 79 reos asesinados en prisiones de Guayaquil, Cuenca y Latacunga (Ecuador).
Zambrano, de 39 años, sentenciado por asesinato, lideró desde la cárcel la banda de ‘los Choneros’, una de las organizaciones delictivas más peligrosas y ahora involucrada en los hechos en los que se decapitó, mutiló e incineró a los detenidos
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Este miércoles, mientras se registraban conatos de amotinamientos en Guayaquil, los cuadros de dolor en las afueras de las cárceles fueron desgarradores. Decenas de personas trataban de conocer la situación de sus presos y otras esperaban la entrega de los cadáveres o que se lograra identificar a sus seres queridos.
“Lo de ayer (martes) no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional”, dijo este miércoles el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien envió el pésame a los familiares de los fallecidos.
Inteligencia Policial había alertado de las consecuencias de la muerte de alias Rasquiña y de la oportunidad que se les presentaba a otros carteles para lograr el control carcelario e incluso de territorio en barrios de Manta y Guayaquil, donde ya se registra un incremento de muertes violentas y al estilo sicariato. “Esto se les fue de las manos (a las autoridades) hace mucho tiempo”, dijo alias Coyote, detenido en la cárcel de Guayaquil, en declaraciones al portal local Tiempo Real.
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Los soldados montan guardia afuera de la prisión en Guayaquil, Ecuador, el 24 de febrero de 2021. Al menos 79 reclusos murieron en disturbios simultáneos atribuidos a la guerra de pandillas.
AFP / Jose Sánchez Lindao
No obstante las alertas, nada se hizo para “evitar que las cárceles se convirtieran en territorios en disputa. Una guerra que busca el remplazo de ‘Rasquiña’ era previsible. Las autoridades sabían que esto iba a pasar y no tomaron ninguna medida preventiva”, señaló a EL TIEMPO el coordinador general de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis Ángel Saavedra, quien cuestionó que la Policía Nacional entró a los centros de rehabilitación en conflicto y protegió a los funcionarios administrativos, pero no hizo nada por los detenidos.
Según datos de las organizaciones de DD. HH., en las 14 cárceles de Ecuador residen unos 38.000 detenidos, con una sobrepoblación del 27 por ciento, custodiados apenas por 1.400 guardias.
En un comunicado, 33 organizaciones locales agrupadas en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador afirmaron que atribuir la violencia intracarcelaria a disputas entre bandas invisibiliza otras causas de esta crisis, entre las que destacan “el punitivismo de Estado, que supuso un incremento de la población privada de libertad inédito en la historia de Ecuador desde el 2010”.
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“La criminalización del empobrecimiento, que se ha traducido en el encarcelamiento de masas por delitos de pobreza; la falta de servicios básicos, la alimentación inadecuada y un hacinamiento que bordea el 27,34 por ciento constituyen condiciones de encierro que fomentan la violencia en la vida cotidiana de las prisiones (...)”, consideran las organizaciones.
El exdirector de Rehabilitación Social Alfredo Muñoz suma otros factores que han permitido que las cárceles ahora sean controladas por las mafias. “El Gobierno no se ha preocupado de dotar de seguridad, armamento no letal, vigilancia automatizada y recursos humanos las cárceles donde no están separados los detenidos según su peligrosidad. A estas falencias se suma la presencia de una mafia de la gente que controla las cárceles y permite el ingreso de armas de fuego de grueso calibre”, le señaló Muñoz a EL TIEMPO.
Para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, el Estado no le ha dado importancia a la problemática del sistema penitenciario, lo que tiene relación directa con el incremento de la violencia e inseguridad en el país.
MAGGY AYALA SAMANIEGO
Corresponsal de EL TIEMPO
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