Que una parte de la población quiera un cambio ya no es un misterio para quienes siguen las noticias que, día a día, circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre Venezuela. Rupturas en el hilo constitucional, ausencia democrática en el país, cifras oficiales de pobreza que llegan al 45 por ciento de la población (además de una inflación que sube permanentemente), una Asamblea Nacional sin poder y un presidente con facultades absolutas son solo una parte del paisaje.
El pueblo quiere un cambio y esto se ha evidenciado en las protestas que comenzaron el 1 de abril del año 2017, que ya suman más de tres meses y que hoy – 16 de julio – llegarán al que se espera sea el ‘Movimiento Libertador’, un plebiscito no oficial que se votará en Venezuela y en otras partes del mundo. Colombia está entre los países que, con seguridad, más movilizaciones tendrá.
Además de copar las pantallas de los noticieros y los titulares de los periódicos internacionales, la situación también se ha convertido en una obsesión para los defensores y estudiosos de los derechos humanos quienes, con insistencia, han denunciado la grave situación en la que se encuentra Venezuela.
Este proceso ha sido llamado por organizaciones como Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) una dictadura moderna por las prácticas de represión masiva que se viven.
“No hay derechos humanos. No vemos en las víctimas capacidad de decisión social, no hay respeto por los derechos”, afirma Marino Alvarado, abogado de la Universidad Central de Venezuela y miembro activo de Provea, organización existente desde 1988 la cual, incluso, defendió a Hugo Chávez – en el marco de los derechos humanos - en 1993 cuando se encontraba en prisión.
También llegaron a asesorar a Nicolás Maduro y esto es importante dentro de esta nueva historia. Provea hizo parte de los grupos que contradijeron algunas de las posiciones del hoy Presidente de Venezuela, las mismas que en diciembre de 2015 perdieron en las urnas y que llevaron al régimen a cometer los atentados contra la democracia que hoy conocemos. El inicio de esta dictadura moderna que dista de lo ocurrido en países como Chile y Argentina.
Según lo expresa Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, esta dictadura comenzó a formarse en diciembre de 2015 cuando los eventos electorales cambiaron la correlación de fuerzas en el país, lo cual desembocó en decisiones que alejaron a Venezuela de la democracia.
“El país vivió un evento electoral en el que se disminuyeron los votos. En ese momento, el gobierno se dio cuenta que era una minoría electoral y esto fue un aliento para cambiar las políticas. Lo que hizo el gobierno fue promover una serie de comportamientos en los que no necesitaba del apoyo popular”, afirma Uzcátegui.
Primero se sustituyó por la vía de los hechos la Constitución a través de lo que se ha calificado como una “legalidad paralela” que le da facultades absolutas al presidente Maduro: el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, aprobado en mayo de 2016.
“Esto le dio un poder ilimitado a Maduro en un momento que se conoció como la guerra económica. Pero, también le quitó competencias a la Asamblea Nacional, invitó a la militarización de la entrega de alimentos y a la incorporación de civiles a la seguridad ciudadana. Un intento de legalidad paralelo a lo que existe en la Carta Magna”.
A esto se suma la decisión de suspender de manera indefinida los procesos electorales mediante los cuales, en diciembre de 2016, deberían de haberse escogido 24 gobernadores. También se derribó la posibilidad de activar un referendo revocatorio, figura que además de estar en la constitución, también fue utilizada por Hugo Chávez en 2007. Esta situación desembocó en los pronunciamientos de la fiscal Luisa Ortega – quien podría ser revocada de su cargo en cualquier momento – quien ha insistido en que Venezuela se está alejando cada vez más de la democracia.
“Lo peor de todo es que el gobierno no quiere rectificarse ni abrir canales institucionales que puedan darle de nuevo participación a la población”, sostiene el Coordinador de Provea.
Pero, ¿cómo es posible pensar en una dictadura cuando el poder ha sido elegido en las urnas? Al respecto, Marino Alvarado sostiene: “Las dictaduras del cono sur se caracterizaron porque los gobiernos llegaron al poder por vías de golpes de estado.
En Venezuela ocurrió algo cercano a lo que ocurrió en Perú donde Alberto Fujimori incluso llegó a disolver el Congreso. En el caso venezolano hay una transformación del Tribunal Supremo de Justicia, se ha anulado el funcionamiento de la Asamblea Nacional por las vías de hecho y no por las constitucionales”.
Además, se han empezado a construir doctrinas – estas sí similares a las del cono sur – donde cualquier muestra de oposición quiere ser controlada. Así como en Chile y en Argentina se nombraron a los comunistas como los enemigos que había en enfrentar bajo cualquier circunstancia, en Venezuela, se pide derrocar cualquier forma de oposición, incluso pasando por encima de los derechos humanos y llegando a las ejecuciones.
“Se viven tomas militares, se hacen allanamientos sin orden judicial, ejecuciones policiales, todo bajo la disculpa de liberar al pueblo”, denuncia Alvarado.
Las últimas formas de censura se establecen se dan en las protestas de 2017, las cuales han sido reprimidas por la fuerza, ya suman más de 90 muertos y que, según Provea, por la participación de sectores que antes fueron ‘Chavistas’ hoy se reconocen como “las primeras rebeliones populares de Venezuela”, muy diferentes a las presenciadas en 2014.
Las últimas formas de censura se establecen se dan en las protestas de 2017, las cuales han sido reprimidas por la fuerza, ya suman más de 90 muertos.
Cortesía Provea
Tras más de tres meses de manifestaciones ininterrumpidas, realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional Provea califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos. Estos hechos lo comprueban.
1. Extensión cronológica: El ciclo de movilizaciones, que se inició el 01 de abril de 2017 en Caracas -un día después del reconocimiento de “ruptura del hilo constitucional” por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz-, se ha mantenido ininterrumpido.
2. Extensión geográfica: Las protestas han ocurrido en los 24 estados del país, tanto en las ciudades principales como en pueblos y comunidades pequeñas.
3. Cantidad de protestas realizadas: Hasta el 07 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un promedio de casi 26 protestas diarias.
4. Desterritorialización de la protesta: A diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano, el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como “bastiones” del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo.
5. Contexto no democrático en el que ocurren: Las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones: a) Sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción; b) Suspensión indefinida del derecho a la participación popular mediante el voto; c) Derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria; d) Políticas económicas que han generado el aumento de la pobreza y exclusión sin posibilidad de garantizar derechos sociales.
En total Provea ha identificado 15 puntos por los cuales esta revolución no es como las otras. Pueden consultarse en este enlace.
ELTIEMPO.COM
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