El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ), uno de los miembros principales de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció el viernes que del 30 de noviembre al 4 de diciembre realizará una jornada en la que espera recoger las firmas de quienes desean participar en el referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro.
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Sería una especie de “referendo popular” sin efecto legal vinculante, con el que la oposición espera retomar una agenda de presión en la calle y, a la vez, cuantificar el número de personas dispuestas a revocar el mandato del actual presidente.
“El partido PJ se meterá a las entrañas de nuestro país, en las calles y los caseríos, para levantar el ánimo a nuestro pueblo, y del 30 de noviembre al 4 de diciembre vamos a recoger el clamor de todos los venezolanos que creen en el voto”, dijo el alcalde del municipio de Sucre, de Caracas, Carlos Ocariz, y actual líder en las conversaciones que adelantan el Gobierno y la oposición con el auspicio de la Unasur y el Vaticano.
“Vamos a ver si con el mundo mirando a Venezuela, con los mediadores aquí, vamos a ver si este Gobierno sordo va a seguir traicionando a su narrativa original, su promesa fundacional; vamos a ver si tienen cara para seguir sosteniendo el chantaje y van a ignorar lo que es una verdad inocultable. Venezuela quiere votar”, agregó.
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Las firmas serían presentadas en la reunión del diálogo nacional prevista para el próximo 6 de diciembre.
La propuesta de PJ, el partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el que tiene mayor representación entre los cuatro principales de la MUD, junto con la firme convicción de retomar las protestas en la calle para presionar al gobierno de Maduro, llega un día después del anuncio de la liberación del diputado Rosmit Mantilla, militante del partido Voluntad Popular –liderado por Leopoldo López–, luego de dos años de estar tras las rejas. Su libertad fue uno de los gestos del oficialismo en el escenario de la mesa de diálogo, según confirmó el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
El apresamiento de Mantilla, activo miembro de la comunidad LGBT, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de los presos políticos en Venezuela, pues fue acusado por un “patriota cooperante” de recibir financiamiento para promover las protestas contra el Gobierno en el 2014. Esta figura anónima y que no existe dentro de la legislación venezolana fue utilizada por la Fiscalía para elaborar la acusación en su contra y mantenerlo recluido.
Su proceso judicial estuvo plagado de las mañas clásicas de la justicia prooficialista –su audiencia de presentación fue diferida 11 veces y el tribunal no aceptó pruebas a la defensa, por nombrar un par–, y para interceder por su caso, la MUD lo postuló como candidato a diputado suplente para las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado. Aunque Mantilla obtuvo el cargo y podía gozar de inmunidad parlamentaria, las autoridades no le otorgaron la libertad que ordena la ley.
En las últimas dos semanas, Mantilla fue trasladado a un centro asistencial aprobado por el tribunal para ser operado por sufrir cálculos en la vesícula y páncreas.
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Sin embargo, cuando iba a ser intervenido, funcionarios del Sebin lo trasladaron de nuevo a la cárcel y lo aislaron en una celda durante otros 10 días. “Creí que me iba a morir”, dijo ayer al recuperar su libertad luego de que finalmente se le hiciera la operación el lunes pasado.
Mantilla es el sexto preso político liberado por el Gobierno desde que se sentó a conversar con la oposición.
Con el pasar de los días, la MUD trata de endurecer su discurso en torno al diálogo y exige la liberación de todos los presos políticos al tiempo que puja por concretar alguna salida electoral, una posibilidad de destrabar la crisis política que es rechazada por un sector grande del chavismo, encabezado por Diosdado Cabello.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
