La igualdad de género en A. Latina, en riesgo de descarrilamiento

El progreso que se logró en materia de igualdad de género en la región se está revirtiendo, en gran parte por la pandemia. Los estudios muestran que las mujeres realizan un porcentaje aún muy alto de las tareas domésticas no remuneradas, alrededor del 15 por ciento de los hogares reportan un aumento de la violencia intrafamiliar, el desempleo crece más rápidamente entre las mujeres y muchas están abandonando la escuela, lo que compromete el futuro de toda una generación. Estos son algunos de los puntos que se deben abordar para lograr mantenerse en el camino.

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Por: Betilde Muñoz-Pogossian y Flavia Freidenberg (*)

Al ingresar a la vida pública, Jessica Ortega, una política mexicana del partido Movimiento Ciudadano y madre, enfrentó repetidamente la misma pregunta: ¿puede ella realmente ser estas dos cosas al mismo tiempo? Su vida privada se convirtió en un asunto público para muchos a su alrededor, incluidos compañeros de partido y fuerzas opuestas. “Las mujeres como yo, que hemos decidido participar en la vida política de nuestro país, pero que también hemos decidido tener hijos y formar una familia, estamos socialmente estigmatizadas”, dijo Ortega a AQ.

Ciertamente no está sola. Los estereotipos de género son una de las varias razones por las que las mujeres en América Latina y el Caribe siguen estando políticamente infrarrepresentadas. Hoy en día, solo dos jefes de Estado y apenas el 15,5 por ciento de los alcaldes y el 27,3 por ciento de los concejales son mujeres. Si bien América ocupa el segundo lugar después de los países nórdicos, con una representación del 31,8 por ciento en sus legislaturas, eso está lejos del 50 por ciento que representan en la población y en el grupo de votantes registrados.

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Las mujeres que se postulan para cargos públicos enfrentan preguntas casi inimaginables para los candidatos masculinos, tienen más dificultades para obtener fondos de campaña y lidian con estereotipos misóginos, incluso, de sus colegas.
Las entrevistas con mujeres políticas y encargadas de campañas de toda la región nos permitieron comprender mejor por qué sigue siendo tan difícil para las mujeres postularse para cargos públicos en América Latina. Sin embargo, algunas soluciones innovadoras pueden ayudar a las candidatas a ser más competitivas.

Una de las primeras barreras que enfrentan las candidatas es la percepción pública del liderazgo femenino y si una mujer puede ser elegida. En América Latina, las mujeres políticas “enfrentan más resistencia y prejuicios de los ciudadanos con respecto a su capacidad de liderazgo” que sus contrapartes masculinas, señaló la consultora política argentina y experta en liderazgo de mujeres Virginia García-Beaudoux.

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Los votantes potenciales también tienen que superar “la opinión de que una mujer no tiene posibilidades de ganar o gobernar un país”, dijo Armando Briquet, un experto venezolano en campañas que ha trabajado con varias candidatas legislativas y presidenciales en América Latina. La noción de que las mujeres son menos capaces de ganar puede convertirse fácilmente en una profecía autocumplida. “Como ella ‘no puede ganar’, muchos votan por otras opciones incluso si les gusta su candidatura”, dijo Briquet.

La mayor resistencia a las mujeres en la política a menudo proviene de sus propios partidos. La ubicación en las listas de partidos es un factor determinante para el éxito electoral. Daniela Chacón, exvicealcaldesa de Quito, señaló que con demasiada frecuencia las mujeres son las “segundas en la lista”, como ella, porque “hay que seguir las pautas del partido”.

En algunos casos, el sexismo es muy explícito. Como cuando Johana Bermúdez, quien se postuló para el Congreso de Honduras, logró saltar del lugar 227 en la lista de su partido al cuarto en función de su número de votos; al igual que un colega suyo, que tenía menos logros académicos y menos experiencia, logró pasar del puesto 200 al segundo. “Nadie me preguntó cómo lo hice. En cambio, mis propios compañeros de partido comenzaron a preguntarme ‘¿A quién le pagó, doctora?’, ‘¿con quién te acostaste, doctora?’. Esto pasa porque no pueden concebir que una mujer del partido pueda lograr estos resultados con base en su carisma, talento, disciplina y trabajo organizado”.

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Algunos medios de comunicación presentan a las candidatas con términos que rara vez se utilizan para referirse a sus homólogos masculinos. La cobertura de los medios de comunicación desigual y sexista a menudo refuerza estas percepciones. Por ejemplo, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) encontró que de 22.000 artículos analizados en 2015, las mujeres fueron temas de noticias en solo el 24 por ciento. Según el reporte sobre América Latina del GMMP, “las mujeres estuvieron representadas principalmente en roles tradicionales, temas sociales y de salud”, y los medios identificaron a las mujeres con relaciones familiares tres veces más que a los hombres. “Nos evalúan en función de los roles de género: si somos buenas madres, esposas o hijas, nuestra apariencia física, nuestras relaciones personales”, dijo la congresista mexicana Martha Tagle.

Las candidatas también enfrentan barreras para financiar sus campañas. En agosto de 2019, el Proyecto de Reformas Políticas de América Latina reveló que casi el 50 por ciento de los políticos masculinos y femeninos encuestados dijeron que existe una brecha de género en la distribución del financiamiento de las campañas dentro de los partidos. También observaron que las mujeres tienen un acceso más limitado a las redes de financiación en comparación con los hombres, con frecuencia extrayendo de sus fondos personales o dependiendo de las donaciones de sus familias.

En los últimos años, América Latina ha experimentado con mecanismos para corregir la subrepresentación política de las mujeres. El financiamiento público es una de las herramientas políticas más poderosas disponibles. Panamá, México, Costa Rica, Colombia, Brasil y Honduras han asignado fondos para la capacitación en liderazgo de mujeres. El Gobierno brasileño financia indirectamente las campañas de mujeres al proporcionar tiempo de transmisión gratuito específicamente para las candidatas a nivel federal. Los fondos estatales adicionales se destinan a los partidos políticos de Chile y Costa Rica que logran que las mujeres sean elegidas.

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El crowdfunding, o la recaudación de fondos en línea para mujeres candidatas, ha surgido como una alternativa a la financiación pública dirigida. En las elecciones mexicanas de 2018, líderes del gobierno, la academia y la sociedad civil lanzaron un fondo que cubría todos los honorarios legales y administrativos de las candidatas que enfrentaban ataques de género.

Otros se han dirigido con éxito a los prejuicios de género en los medios. Los programas de formación pueden ayudar a los periodistas a tomar conciencia de sus prejuicios. En 2017, el Instituto Nacional Electoral de México, junto con organizaciones de la sociedad civil, capacitó a periodistas para evitar preguntas personales, estereotipos y dobles raseros para que pudieran cubrir a mujeres y hombres por igual.

Las candidatas y sus jefes de campaña deben darse cuenta de lo obvio: ser mujer puede ser una ventaja comparativa cuando se postula para un cargo público. Esto puede reducir los incentivos para que las mujeres se “masculinicen” en un intento por desviar la discriminación. Las contiendas electorales justas en América Latina dependen de la normalización de las mujeres que se postulan como mujeres.

(*) Betilde Muñoz-Pogossian, es directora de inclusión social de la Organización de los Estados Americanos. Las opiniones aquí expresadas son propias y personales.
Flavia Freidenberg, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Americas Quarterly. www.americasquarterly.org

Por: Rosa Celorio (**)

En América Latina se ha formado un movimiento activo por los derechos de las mujeres para luchar contra algunas de las tasas de violencia de género más altas del mundo. Gracias en gran parte a sus esfuerzos, muchos países han adoptado una legislación integral destinada a prevenir, investigar y sancionar esos delitos.
Desafortunadamente, tener buenas leyes no es suficiente. La aplicación efectiva es igualmente importante, y esta es un área en la que América Latina sigue siendo insuficiente.

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El statu quo es claramente inaceptable. Las mujeres en América Latina sufren diariamente violencia física, psicológica y sexual, y en 2020 el problema solo ha empeorado. El Comité Internacional de Rescate ha registrado un aumento alarmante de denuncias de violencia de género desde el inicio de la pandemia de covid-19 en Colombia, El Salvador, Honduras, México, Venezuela y otros países.

Mientras tanto, América Latina también ha visto una ola de campañas y protestas recientes en las que mujeres de todas las edades, razas y clases sociales están denunciando la prevalencia del problema del feminicidio y otras formas de violencia de género, exigiendo una mejor respuesta estatal y más rendición de cuentas para los perpetradores de estos crímenes. Se puede hacer más.

Hasta el día de hoy, ha habido tres oleadas de legislación destacadas en América Latina. La más significativa ocurrió durante la década de 1990 e involucró legislación para combatir la violencia doméstica e intrafamiliar. Estas leyes de primera generación todavía son utilizadas por al menos 24 países de América Latina y el Caribe. Después del 2000, un conjunto más completo de leyes de segunda generación amplió la protección de las mujeres contra todas las formas de violencia. Esto fue seguido por la promulgación en unos 18 Estados latinoamericanos de leyes para sancionar penalmente el feminicidio y los asesinatos por motivos de género.

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Una de las leyes más emblemáticas de la región se creó cuando una sobreviviente de violencia doméstica en Brasil, Maria da Penha Maia, litigó su propio caso luego de sufrir un patrón insoportable de abuso físico y psicológico por parte de su pareja. El caso languideció ante las autoridades judiciales brasileñas durante 17 años sin resolución hasta que fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entonces, fue aprobada la ley Maria da Penha en 2006, pero su origen ejemplifica lo que atraviesan muchas víctimas de violencia doméstica en América Latina, incluida la impunidad de sus casos ante las instituciones de justicia. Esta ley en Brasil y muchas otras en la región han sido alabadas como importantes pasos hacia adelante, pero los feminicidios y actos de violencia contra las mujeres continúan ocurriendo en América Latina y no están cerca de desacelerarse. Tan solo en Colombia se han presentado 445 feminicidios entre enero y septiembre de 2020, según datos del Observatorio Feminicidios Colombia.

Una mirada cercana a la experiencia de implementación de estas leyes hasta la fecha en América Latina revela piezas que se necesitan con urgencia. Algunas han sido destacadas por el organismo de la Organización de los Estados Americanos encargado del seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Los obstáculos incluyen la tolerancia social de estos delitos; baja inversión estatal en políticas, programas y servicios para abordar la violencia de género; la debilidad de la administración de las instituciones judiciales y su escasa presencia en el territorio nacional; la necesidad de esfuerzos de recopilación de datos más coherentes y la falta de uniformidad en la terminología utilizada en el texto legislativo.

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Una de las piezas más importantes son los mecanismos más sólidos para denunciar delitos. Especialmente en la era de los encierros y confinamiento de covid-19, los servicios para denunciar la violencia deben considerarse ‘esenciales’, incluidos los refugios y los tribunales de familia. Los gobiernos de Colombia y Chile han permitido que las víctimas denuncien delitos a través de WhatsApp, y Argentina recientemente permitió que las víctimas denunciaran violencia doméstica en las farmacias.

Sin embargo, todo esto es en vano si las mujeres no tienen información clara y completa sobre cómo y dónde denunciar los delitos, así como dónde buscar refugio y servicios legales. Las campañas gubernamentales para difundir información tanto en áreas rurales como urbanas son primordiales, especialmente en el ámbito en línea a través de las redes sociales. Perú, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, encabezó una campaña con la colaboración de más de 300 instituciones para concienciar sobre la violencia de género promoviendo el uso de máscaras moradas.

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La recopilación de datos para informar la formulación de políticas públicas y legislativas es otra prioridad urgente. Las estadísticas sobre las tasas de violencia de género y las denuncias pueden ayudar a los responsables de la formulación de políticas a evaluar el alcance de la violencia contra la mujer y diseñar estrategias efectivas que coincidan con su prevalencia.

Además, abordar los estereotipos sociales de las mujeres y la tolerancia de la violencia de género son condiciones previas importantes para lograr una reducción de la violencia. América Latina todavía se ve afectada por el sexismo, la discriminación y el patriarcado que alimenta la violencia de género. Nuestra comprensión de las experiencias de las mujeres debe reflejar la gama interseccional de riesgos que enfrentan las mujeres debido a su raza, origen étnico, posición económica y edad.

(**) Rosa Celorio, es decana asociada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Americas Quarterly. www.americasquarterly.org

Por: Maria-Noel Vaeza (***)

La evidencia es clara: invertir en las mujeres es un buen negocio. Si las mujeres de todos los países desempeñaran un papel idéntico al de los hombres en los mercados, McKinsey Global Institute calcula que se podría añadir hasta un 26 por ciento adicional al PIB mundial para 2025.

En América Latina y el Caribe, una de las regiones más emprendedoras del mundo, también tenemos una de las tasas de fracaso más altas para mujeres emprendedoras. Sin financiamiento, las empresas propiedad de mujeres no pueden crecer más allá de la categoría de microempresas o salir de la economía informal, y esto tiene un impacto en el crecimiento económico.

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Cerrar esta brecha depende no solo de que los gobiernos adopten políticas públicas favorables, sino también de fomentar un entorno propicio con la participación activa del sector empresarial. Existe una oportunidad para que el sector privado promueva la igualdad incorporando una perspectiva de género en la financiación innovadora. Esta lente puede ayudar a identificar vías para desarrollar valor social y financiero, incluidas innovaciones en campos en los que las mujeres tradicionalmente están subrepresentadas.

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Es fundamental que la rentabilidad y el impacto de los nuevos mecanismos de financiación o vehículos de inversión que sean relevantes para las necesidades de las mujeres sean, de hecho, visibles. Para construir el lado de la oferta, también debemos expandir y fortalecer la capacitación y la tutoría de las mujeres emprendedoras, para prepararlas para competir por oportunidades. Por ejemplo, las instituciones financieras internacionales pueden ampliar las líneas de crédito específicas para los bancos que ofrecen capacitación para mujeres.

Las redes peer-to-peer son muy efectivas, pero necesitamos fortalecer las redes de inversores. La Unión Europea tiene su plataforma en línea, Wegate; la rama de inversión del sector privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) tiene We-Fi; y ONU Mujeres está desarrollando una propuesta de iniciativa financiera para incrementar la innovación y las iniciativas empresariales lideradas por mujeres entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea.

Y, finalmente, debemos incrementar la participación de las mujeres como inversionistas. Hoy, las cifras de la CFI muestran que las empresas dirigidas por mujeres recibieron un escaso 7 por ciento de todas las inversiones de capital privado y de riesgo. También es necesario reconocer el papel crucial de las mujeres inversionistas como agentes de cambio y su impacto en la economía. Y la investigación muestra que las empresas en las que existe un equilibrio de género entre los oficiales de inversión en realidad tienen mayores retornos.

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Junto con las barreras existentes, la crisis de covid-19 está teniendo un impacto desproporcionado en mujeres y niñas. Si no actuamos ahora, la sobrerrepresentación de las mujeres en el sector informal significa que las desigualdades existentes, especialmente la falta de acceso a los recursos productivos, aumentarán, profundizando la brecha de género. Es fundamental que no permitamos que la actual crisis económica y social lleve la igualdad de género a un segundo plano, porque ahora, más que nunca, es fundamental invertir en las mujeres.

(***) Maria-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Americas Quarterly. www.americasquarterly.org