Este 16 de enero de 2017 se cumplieron 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra en El Salvador. Aquel 16 de enero de 1992 se vivió con gran emoción en el Castillo de Chapultepec, donde se firmaron los acuerdos, pero sobre todo en El Salvador, pues pese a la incertidumbre, la población estaba convencida que le cambiaría la vida.
Los Acuerdos de Paz representan un consenso primordial en la historia de El Salvador, un país poco dado a la construcción de consensos, con más tradición de imposición de voluntad de una parte de la población sobre la otra. Y los Acuerdos de Paz lograron su cometido al poner fin a la violencia política, evitar el retorno de esta y cambiar profundamente el Estado y la vida de los ciudadanos.
Así, se crearon la Procuraduría de Derechos Humanos y un Tribunal Supremo Electoral; se reformó el Consejo Nacional de la Judicatura; se distribuyeron tierras a desmovilizados en zonas de conflicto y a campesinos y pequeños productores sin tierras cultivables; se cambió la doctrina de las Fuerzas Armadas para que esté claramente subordinada al poder civil, y hay que destacar su alto grado de cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos; se eliminaron los cuerpos de seguridad, los batallones de reacción inmediata y las entidades paramilitares; se crearon dos comisiones, la Comisión ad hoc para la depuración de las Fuerzas Armadas, y la Comisión de la Verdad para investigar los graves hechos de violencia ocurridos durante la guerra, dirigida por tres personalidades extranjeras, entre ellas el ex presidente de Colombia Belisario Betancourt; y una nueva Policía Nacional Civil con 40% de efectivos provenientes de cada una de las partes en conflicto (20% y 20%), y 60% de civiles.
Pero también fue posible gracias al acompañamiento y apoyo decidido de la comunidad internacional: las Naciones Unidas con su Misión de Observación (Onusal), que durante un año dirigió el jurista y diplomático colombiano Augusto Ramírez Ocampo, y países como Colombia, México, Venezuela, España, Francia y los Estados Unidos, entre otros.
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Los acuerdos de paz fueron transformadores, pero el país sigue siendo violento, ¿Por qué? El Salvador es un país de cuatro fracturas: política, económica, social e histórica. De tres rupturas: de España, de México y de la federación de Centro América. Y de tres pilares de poder asentados sobre una base de importante exclusión: la Iglesia católica, el ejército y lo que ahora se llama el establecimiento y que se refiere a los elementos de poder establecidos, personas e instituciones.
Así se vino construyendo el Estado desde el momento de la independencia, y así, los salvadoreños fuimos construyendo la guerra, pero dada la situación internacional de la segunda mitad del siglo pasado, inevitablemente cayó en el contexto de la Guerra Fría.
Los Acuerdos de Paz son exitosos porque limaron la fractura política: los excluidos de la política pudieron incorporarse a la vida política del país, participar y ser parte de ella, con total respeto por sus vidas e integridad física, pues desde que el cese al fuego entró en vigor no se disparó más un solo tiro.
Así se explica que en El Salvador haya paz política. El debate político es intenso, al punto de pensar que El Salvador logró invertir la máxima de Carl von Clausewitz y ahora "la política es la continuación de la guerra por otros medios"; pero ya nadie se mata y ya nadie se ve obligado a la clandestinidad para sobrevivir por tener ideas políticas diferentes.
También ha habido un importante cambio con los pilares del poder: La Iglesia, por lo menos buena parte de ella, ya se había retirado antes de la guerra siguiendo las enseñanzas de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968), y particularmente de Puebla (1979); el ejército salió con los acuerdos de paz, con el cambio de su doctrina; y el establecimiento salió en el momento de la alternancia en la presidencia en 2009, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido exitosamente en partido político, llevó a su candidato a la presidencia, y hay que decir que la alternancia fue pacífica y tranquila gracias a una izquierda democrática y a una derecha democrática. Esto no quiere decir que esos tres pilares ya no sean importantes; siguen siendo importantísimos y fundamentales para el progreso y desarrollo del país, pero ya no definen la política y ahora comparten espacios con otras fuerzas políticas, sociales y económicas.
Así las cosas, los cambios en El Salvador son fundamentales y profundos, pero volvemos a la pregunta: ¿por qué sigue siendo violento? Para responder a esta pregunta es necesario ver del lado de las fracturas económica y social que no se han limado lo suficiente, y del lado de la realidad histórica de la debilidad del Estado que El Salvador arrastra desde los primeros momentos de su vida republicana.
Cuando El Salvador llegó a la independencia, poco cambió en términos de su organización política, económica y social. Así, no se optó por democracia y libertad y siguió la exclusión política, económica, social e histórica y se comenzó la construcción de la guerra que finalmente estalló en 1980. Ahora bien, esto no quiere decir que en El Salvador hubo ausencia de violencia entre 1821 y 1980, porque el uso de cierto grado de violencia fue casi que permanente para mantener el orden establecido.
Mantener el estado de las cosas significó también que se desvirtuara la naturaleza y la aplicación de la Constitución y de las leyes. Se produjo un profundo abismo entre la ley escrita y su aplicación efectiva, que también significó que rara vez se aplicara a aquellos que eran parte de los pilares del poder. Fueron tiempos curiosos, pues el espíritu legalista impregnado en el ADN nacional hacía que todo tenía que tener una ley, pero una vez se tenía, o se engavetaba o se aplicaba de manera sesgada e incluso arbitraria.
Además, el Estado no estableció su autoridad en todo el territorio con presencia efectiva de justicia, educación, salud, policía y desarrollo de infraestructura, lo que siempre significó que hubo espacios vacíos que ocuparon actores no estatales al margen de la ley. Hubo gobiernos represivos, pero no Estado fuerte, y en esto estamos en el terreno de los antónimos.
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En la agenda de negociación de la paz se encuentra el punto económico y social, pero los negociadores optaron por concentrarse en poner fin al baño de sangre y decidieron incluir en los acuerdos la creación de un Foro de Concertación Económica y Social, con amplia representación de toda la sociedad, para que se ocupara de estos temas desde una nueva realidad democrática. Se creó el Foro, avanzó mucho en su trabajo, pero al final sus recomendaciones no se pusieron en marcha.
Ahora bien, en 1980 hubo una importante reforma agraria, es decir, en plena guerra, que tenía entre sus objetivos restar apoyo del campesinado a la guerrilla. Cambió la fisonomía de la tenencia de la tierra en el país, pero no funcionó como medida contrainsurgente, pues la guerrilla no solo se mantuvo sino que se fortaleció. Algo parecido sucedió con las elecciones presidenciales de 1984, pues no cambiaron el curso de la guerra. Elecciones libres y reforma agraria unas décadas antes tal vez hubieran evitado la guerra, pero aquí entramos en ese mundo del iffy history del que hablaba el presidente Franklin Roosevelt.
En la inmediata posguerra hubo importantes cambios económicos que no son parte de los acuerdos de paz, siguiendo en gran medida los postulados del neoliberalismo: privatización de la banca, la energía, las telecomunicaciones y las pensiones, entre otras, así como la dolarización de la economía y un esfuerzo por disminuir el tamaño de un Estado históricamente débil.
La violencia que vive El Salvador no resulta de los acuerdos de paz, pues se trata también de un problema regional que afecta incluso a países que no tuvieron guerras civiles. Ahora el país está urgido de un acuerdo sobre temas de nación, por ejemplo: seguridad ciudadana; migraciones; carga fiscal; pensiones; salud, educación y empleo; protección social; y protección del medio ambiente, entre otros. Solo un consenso de este tipo permitirá sentar las bases de la gobernabilidad y el desarrollo del país.
La violencia irá disminuyendo en la medida que el Estado se vaya fortaleciendo y cumpliendo sus obligaciones con la sociedad, se vayan limando las fracturas económica y social, y vayan surgiendo efecto las importantes medidas de seguridad que se han adoptado. Al ver alrededor del mundo, es evidente que los países con bajos índices de violencia tienen un alto grado de integración nacional.
El 31 de octubre de 2016, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, anunció la creación de un Grupo Gestor del Vigesimoquinto aniversario de los Acuerdos de Paz con importantes personalidades nacionales y extranjeras, que tiene entre sus objetivos “lograr una agenda de país que nos permita ponernos de acuerdo sobre temas de mediano y largo plazo, no como Gobierno, no desde un sector particular, sino en perspectiva para los próximos años del desarrollo de El Salvador”.
Este es el gran reto que tenemos todos los salvadoreños, y el tiempo dirá si estamos a la altura de la exigencia de la Historia.
FRANCISCO GALINDO VÉLEZ*
Especial para EL TIEMPO
* Embajador de El Salvador en Colombia. Este artículo es responsabilidad del autor y no refleja, necesariamente, la opinión del Gobierno salvadoreño.
