En una demostración de organización y fuerza, miles de indígenas rompieron este martes el cerco militar y policial y se tomaron momentáneamente el edificio de la Asamblea Nacional, en Quito, en medio de las masivas protestas en contra del incremento a los combustibles y las reformas laborales que planea el gobierno del presidente Lenín Moreno, que respondió con la declaración de toque de queda parcial, antes de un paro en todo el país convocado por los manifestantes para mañana miércoles.
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A las protestas que enfrenta el mandatario ecuatoriano desde hace una semana, una de las más fuertes registradas en Ecuador, se unirán las organizaciones laborales y otros sectores que piden a Moreno que eche para atrás la eliminación a los subsidios de combustible, parte de un paquete de reformas económicas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir créditos por 4.209 millones de dólares.
Miles de indígenas se han apostado en el centro norte de la capital ecuatoriana, desde donde comandan sus movilizaciones con las que intentan llegar al palacio de Gobierno, para presionarlo.
Después de tomarse momentáneamente la Asamblea Nacional, los protestantes fueron desalojados con gases lacrimógenos y los uniformados reforzaron las instalaciones con tanquetas y miembros de caballería, mientras los brotes de violencia y confrontación subieron la tensión en diferentes lugares del país con desmanes, atentados contra la propiedad pública y privada, asaltos y otros actos de violencia.
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Los manifestantes indígenas se tomaron el edificio de la Asamblea Nacional de Ecuador al grito de "¡fuera Moreno fuera!", tras tirar abajo las verjas de seguridad que rodeaban la sede.
José Jácome. Efe
Después de eso, Moreno firmó la noche del martes un decreto con el que restringió la libertad de tránsito y movilidad en zonas aledañas a edificios del Gobierno e instalaciones estratégicas. El toque de queda en esas zonas regirá de lunes a domingo entre las 8 p. m. y las 5 a. m. mientras dure el estado de excepción.
La crítica situación en Ecuador obligó a Moreno a cambiar temporalmente la sede del Gobierno a Guayaquil, desde donde ratificó que no revisará su decisión y acusó al expresidente Rafael Correa, sus aliados y al gobernante venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de un intento de golpe de Estado. “El sátrapa de Maduro ha activado, junto con Correa, su plan de desestabilización”, dijo Moreno.
“Moreno está chiflado”, dijo a EL TIEMPO, en un breve diálogo, el expresidente Rafael Correa, quien negó en Twitter su participación en el levantamiento popular; cuestionó la represión a los manifestantes y calificó al gobierno de Moreno como “el peor de la historia”. Maduro también respondió y dijo que las acusaciones en su contra son tan insólitas como decir que puede derrocar gobiernos con solo mover su bigote.
El mandatario ecuatoriano dijo que el recorte “sincerará la economía” y permitirá destinar el valor de los subsidios, unos US $ 1.300 millones, a la salud, educación, vivienda y seguridad social de los ecuatorianos.
Por su parte, los dirigentes indígenas condicionan el levantamiento de sus protestas a la derogatoria del decreto, que ya incrementó el precio de la gasolina y el diésel, el cual subió hasta un 123 por ciento. “No queremos botar al Gobierno, no queremos que se vaya, pero ha sido sordo a nuestros pedidos y no quiere bajar el diésel que usamos en el campo. Todo está caro, hay hambre en las comunidades y no hay oportunidad para los hijos” dijo Rosa Quishpi, una campesina que apoyaba las protestas.
Las fuerzas de seguridad retomaron el control de la sede del parlamento después de que cientos de manifestantes indígenas se tomaran el edificio.
José Jácome. Efe
José Águila, de la comunidad nigzag, centro sur del país, también comentó la difícil situación en el campo para mantener a sus familias por el alto incremento de los productos de primera necesidad y, ahora, del transporte. “No somos miserables por ser indios, somos miserables por las decisiones de los gobiernos corruptos que quieren favorecer a los ricos y empobrecernos más”, señaló.
De otro lado, la Cancillería colombiana hizo conocer en Bogotá que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifiestan su “rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos”.
ANA LUCÍA ROMÁN
Para EL TIEMPO
QUITO
