La fiscalía de Costa Rica allanó este viernes la casa presidencial del mandatario Carlos Alvarado y un ministerio como parte de una investigación sobre una unidad gubernamental de análisis de datos, ante sospechas de que el órgano haya violado la privacidad de las personas.
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La Fiscalía General de la República realizó 10 allanamientos en la presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro residencias particulares, indicó la dependencia en un comunicado.
Además, señaló que se investigan a ocho personas en el caso, incluidos el presidente Carlos Alvarado –quien no se encontraba en la Casa Presidencial en el momento del allanamiento–; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y los tres integrantes de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad).
La investigación busca pruebas de posibles delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
“Nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos judiciales por parte de la Fiscalía”, dijo la ministra de Comunicación, Nancy Marín, en un video distribuido por la presidencia.
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Se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones
Marín agregó que el ministro Morales se puso a disposición de las autoridades judiciales para entregar la información y el equipo requeridos.
El caso estalló el 21 de febrero con la publicación del decreto de creación de la Upad, que despertó fuertes críticas por la posibilidad de que accediera a información considerada confidencial.
El mismo día en que fue publicado en la Gaceta Oficial, Alvarado derogó el decreto, y dos días después ordenó suspender su actividad.
El Gobierno argumentó que la unidad fue creada para recopilar información que permitiera orientar políticas públicas.
Miembros de la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), custodian los alrededores de la Casa Presidencial durante un allanamiento al recinto.
EFE
Pero la Fiscalía aseguró que “se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones” y que “se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”.
La revelación de la existencia de la Upad desató un revuelo político en Costa Rica, que llevó a la Asamblea Legislativa (Parlamento) a abrir una investigación, al igual que a la Defensoría de los Habitantes.
Para tratar de manejar la polémica, Alvarado admitió que “se cometieron errores” con la creación de la Upad y dijo que colaboraría con las investigaciones para probar que no hubo vulneración de la privacidad.
Pero el mensaje del mandatario no calmó el ambiente político, y la oposición ha insistido en una pesquisa a fondo para determinar a qué tipo de información accedió y analizó la Presidencia, los protocolos utilizados y las medidas de seguridad empleadas.
AFP y EFE
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