El gobierno peruano, encabezado por el presidente Pedro Castillo, ha enviado un proyecto de ley que reformaría el Código Penal para tener como pena accesoria a violadores de niños, adolescentes y mujeres, el uso de tratamientos de castración química.
Este proyecto se presenta tras el caso de secuestro y abuso sexual contra una niña de tres años en Chiclayo, ciudad capital la región norteña de Lambayeque, que ha conmocionado al país. El pasado 17 de abril se registraron protestas en rechazo a la violencia sexual contra la menor.
La iniciativa de reforma fue aprobada en el Consejo de Ministros el 20 de abril y ahora ha sido enviada una carta firmada por Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, con la propuesta. En ella se plantea que los jueces puedan imponer la castración química como pena adicional a las sentencias.
En Perú, los casos juzgados de violación a menores incurren en penas de cadena perpetua, por lo que los casos en los que podrían aplicar la pena adicional con el tratamiento químico son aquellos con un tiempo determinado de prisión. Es decir, quienes tengan penas en las que puedan eventualmente salir de la cárcel.
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El razonamiento del Ejecutivo para proponer esta reforma se basa en que las denuncias por abuso sexual en Perú han aumentado potencialmente: de 5378 denuncias en el 2000 a casi 24 mil en el 2017. Según datos del Observatorio del Ministerio Público, se unen a que para el 2018 la violencia sexual contra menores era la segunda tipificación con más penas después del robo agravado.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo peruana ha alertado que este proyecto de ley ha sido considerado por organismos internacionales como una pena cruel, violatoria de la dignidad humana. “Perú estaría incumpliendo con los tratados de derechos humanos, que incurriría en una responsabilidad para el Estado peruano e incrementaría el gasto público”, agregó la entidad.
El tratamiento hormonal podría alcanzar un valor de 50 dólares por inyección.
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El medio peruano ‘Gestión’ reportó que, de acuerdo al Colegio Químico Farmacéutico del Perú, esta medida tan sólo tiene una utilidad temporal y no ataca el problema social de fondo.
“Es un tratamiento que inhibe la producción de testosterona, que a su vez hace que disminuya el libido durante alrededor de tres meses”, declaró Arnaldo Tipiano, el decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico.
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Además, la Defensoría del Pueblo señaló que no hay pruebas de que la castración química haga que se reduzcan las ocurrencias de violencia sexual.
Vale decir que en el mundo Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia ya tienen penas con castración química y algunos estados en Estados Unidos también.
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