Perú espera que el expresidente Alejandro Toledo, buscado por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, sea detenido en Estados Unidos y no huya a otros países como Israel, que este domingo adelantó que no le permitirá entrar.
Sin dar pistas de su ubicación, el exmandatario peruano aseguró este domingo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que no es un fugitivo de la Justicia peruana y reclamó presunción de inocencia sobre las acusaciones y delitos que le imputan. Además, aclaró que cuando salió de Perú no había cargos en su contra y aseveró que defenderá su nombre con la condición de que no lo “prejuzguen” culpable.
Las autoridades peruanas creen que Toledo está en la ciudad estadounidense de San Francisco, y el ministro del Interior Carlos Basombrío confirmó que podría viajar a Israel, país del que su esposa Eliane Karp tiene la ciudadanía.
“Nosotros manejamos de muy buena fuente que se está tratando de fugar a Israel y hemos alertado a Israel. Hemos recibido incluso (información de) en qué vuelo se iba ir”, dijo Basombrío a radio RPP.
Pero el gobierno israelí, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nahshon, precisó que “Toledo será autorizado (a ingresar) en Israel únicamente cuando sus asuntos pendientes en Perú estén solucionados”.
La justicia peruana emitió una orden de captura internacional y prisión preventiva de 18 meses para el expresidente, por recibir supuestamente 20 millones de dólares de Odebrecht para favorecerla con la construcción de la carretera interoceánica, que une a Perú con Brasil.
Se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Por ahora, Toledo puede salir de Estados Unidos sin problemas, ya que las autoridades todavía no han aprobado la orden de captura, a la espera de documentos que sustenten su pedido, explicó Basombrío.
El papel de EE. UU.Perú sospecha que Toledo, profesor visitante de la Universidad de Stanford, está en la ciudad californiana de San Francisco y ofrece 30.000 dólares a quien ayude a capturarlo.
En la noche de este domigno, los presidentes de EE. UU. y Perú, Donald Trump y Pedro Pablo Kuczynski respectivamente, hablaron por teléfono sobre el expresidente Toledo, de quien Perú espera su deportación, como lo solicitó el mandatario peruano.
La Interpol lanzó la alerta roja en 190 países, pero, según Basombrío, cada uno aplica esa orden a su criterio. “Las autoridades de Estados Unidos pidieron a la Fiscalía peruana la fundamentación de por qué un juez de Estados Unidos debería dar una orden para detener al expresidente. Ese pedido de captura se encuentra en ‘stand by’, a (la) espera de que se complete la información”, precisó el ministro.
El Departamento de Estado reparó que faltaban algunas precisiones para que la solicitud sea aceptada y ejecutada por un tribunal estadounidense.
El juez Richard Concepción, que dispuso la orden de detención contra Toledo, deberá resolver ese nuevo requerimiento, según la fuente. “La recomendación es que (Toledo) concurra al proceso, que venga al país y, junto con sus abogados, tomen las medidas que más les convengan”, dijo el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
A sus 70 años, Toledo podría convertirse en el segundo expresidente peruano en ir a prisión en las últimas tres décadas por un caso de corrupción, después del autócrata Alberto Fujimori, de quien fue un férreo opositor a fines del año 2000.
El Congreso peruano le retiró sus beneficios de expresidente: conductor, automóvil y combustible. Su pensión como exgobernante se mantiene.
Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción que ha afectado a varios países latinoamericanos, afirmó haber pagado 29 millones de dólares en Perú a cambio de obras públicas entre 2005-2014 durante los gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Hasta ahora hay tres exfuncionarios del gobierno de García en prisión por supuestamente aceptar un soborno de 7 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra de la línea 1 del metro de Lima.
Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, están siendo investigados por lavado de activos por financiar presuntamente su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela y de Brasil. Según documentos de la Policía Federal de Brasil, Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña de Humala.
AFP
Lima
