En medio de la pandemia de covid-19, que convirtió a Perú en el quinto país con más casos en el mundo, la nación andina afronta una nueva crisis entre el Ejecutivo y el Congreso como consecuencia de la lucha contra la corrupción y la decisión de retirar la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado.
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En un regreso a las tensiones que en septiembre de 2019 llevaron a la disolución de la Cámara y a nuevas elecciones, y tras varios meses con la atención centrada en la lucha contra la pandemia, este nuevo enfrentamiento se desató por las maniobras parlamentarias ante propuestas que el Ejecutivo considera cruciales para la reforma institucional.
El clímax del choque se produjo el domingo en la noche, cuando la Cámara aprobó, tras un radical cambio de postura en menos de 24 horas y sin dictamen ni análisis previo, una norma que retira la inmunidad a todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, en una maniobra que fue catalogada como inconstitucional.
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Esto abrió un escenario de fuego cruzado en el que muchos, incluida la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, adelantaron una opinión en contra, e incluso el presidente Martín Vizcarra aseguró que es “un ardid (artificio) para mantener la inmunidad parlamentaria”.
El sábado pasado, en la última sesión del Congreso antes del final de la legislatura, los parlamentarios aprobaron una iniciativa que retiraba la inmunidad a los legisladores, pero con un número de votos que impedía que esta reforma constitucional pudiera ser aprobada con otra simple votación en la Cámara durante la siguiente legislatura.
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Los diputados tampoco aprobaron una norma para impedir que personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos pudieran postularse como candidatos en las elecciones. El domingo, en medio de la indignación social por esta votación, Vizcarra anunció en un discurso televisado que llevaría este asunto a referéndum.
Nos quieren tomar el pelo, quieren que esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad
A las pocas horas, el Congreso se reunió en un pleno extraordinario y revisó lo hecho el día anterior, añadiendo por el camino numerosas modificaciones al proyecto de cambio constitucional que originalmente se había debatido.
El presidente de la comisión de Constitución, Omar Chehade, redactó en ese momento una modificación para eximir de responsabilidad legal a los legisladores en su labor mientras retiraba las protecciones legales vigentes al presidente, los ministros y altos funcionarios “por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado estas”.
Por tratarse de una modificación constitucional, la norma debe ser sometida a una nueva votación durante una segunda legislatura, que comenzó este mismo lunes. “Nos quieren tomar el pelo, quieren que esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad”, declaró este lunes un molesto Vizcarra al comentar la decisión del Parlamento, tras lo cual defendió su posición de que el tema debió ser llevado a referéndum.
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Aunque el gobernante aseguró que se incorporaron “una serie de factores sin ningún nivel de debate y análisis”, con el objetivo de “invalidar esa aprobación”, también enfatizó que no tiene temor a que se le retire la inmunidad.
“Les digo a los congresistas, a todos los peruanos, no tengo temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad”, sostuvo.
No obstante, el mandatario consideró que este tema fue “distorsionado” por los parlamentarios, y “seguramente alguien va ir al Tribunal Constitucional a dejarlo sin efecto”. “Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria; si quieren algo contra el presidente, acá está para responder por cualquier tema”, ratificó Vizcarra.
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En medio de las reacciones adversas, la presidenta del Tribunal Constitucional consideró que medidas de este tipo debilitan las instituciones democráticas de su país, mientras que analistas señalaron que un cambio tan importante debió ser sometido a un debate profundo y contar con la opinión de expertos.
“Lo que veo acá es una práctica que va degenerando, en vez de construir y fortalecer la democracia respectiva. Eso me preocupa. El modelo democrático se está debilitando con estas actuaciones”, declaró Ledesma.
Efe
