Antiguos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), exfuncionarios del Gobierno, familiares de altos jerarcas de la revolución y hasta un acusado de homicidio que defendió a tres pistoleros chavistas. Así está integrado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, principal arma empuñada por el presidente Nicolás Maduro para atacar a la Asamblea Nacional (AN).
Fue una especie de último regalo navideño. Antes de despedirse de su mayoría en el Parlamento, el oficialismo aprobó el 23 de diciembre del 2015 –en una sesión extraordinaria– la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes para asegurarse el control sobre la cúpula del Poder Judicial.
Los efectos de la renovación del TSJ, integrado por un total de 32 jueces titulares, ya se han hecho sentir en el tablero político venezolano. En solo siete meses, el máximo juzgado ha dictado 24 sentencias contra la AN, limitando sus facultades constitucionales de control, bloqueando la aplicación de todas las leyes aprobadas y dejando sin efecto sus decisiones. (Lea también: Venezuela prohíbe vuelos de aeronaves privadas y drones por una semana)
Con base en esos fallos judiciales, Maduro impuso un decreto de emergencia económica que le permite manejar los fondos públicos sin someterse a la vigilancia del Poder Legislativo. Adicionalmente, el Jefe de Estado resolvió arrebatarle el presupuesto a la Cámara por considerar que la misma está “en desacato”, luego de que su presidente, Henry Ramos Allup, declaró que no obedecerían los criterios de los magistrados.
¿Quiénes son?De abogada del chavismo a jueza “imparcial”. Antes de asumir la presidencia del TSJ, Gladys Gutiérrez ocupó la Procuraduría General de la República por órdenes del difunto comandante Hugo Chávez. (Además: Maduro dice que sería peor que Erdogan ante un golpe de Estado)
Su currículum incluye haber sido directora jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, diputada suplente del extinto Movimiento Quinta República (fundado por Chávez) y embajadora de Venezuela ante el Reino de España.
Gutiérrez encabeza la Sala Constitucional, la más poderosa de las seis que integran el organismo y el principal azote del Parlamento. De sus siete magistrados, cuatro han militado públicamente en el chavismo, verbigracia el exviceministro de Educación, Luis Damiani Bustillos.
En esa lista se destacan los exlegisladores del PSUV Juan José Mendoza y Calixto Ortega, quien en abril del 2013 fue designado por Maduro encargado de negocios en la embajada de Washington –de donde fue expulsado por el Gobierno de EE. UU. en octubre de ese año– y posteriormente asumió el cargo de vicecanciller para Europa.
Aunque la Sala Constitucional ha dirigido la ofensiva contra la AN, el primer golpe lo propinó la Sala Electoral, al admitir la impugnación de los resultados de las legislativas del 6 de diciembre del 2015 en el estado Amazonas. (También: Despidos, el 'apartheid' político que implementa Nicolás Maduro)
La medida, solicitada por el oficialismo, impidió a la oposición juramentar a los tres diputados para alcanzar la mayoría de dos tercios de la Cámara.
Tres de los cinco magistrados de la Sala Electoral fueron activistas del chavismo, sin contar a su presidenta y segunda vicepresidenta del Poder Judicial, Indira Alfonzo Izaguirre, quien fue consultora jurídica para el Ejecutivo.
Jhannett Madriz se sentó en una curul del Parlamento Andino por el PSUV y más tarde se desempeñó como embajadora en Canadá. Por su parte, Malaquías Gil y Christian Tyrone Zerpa pasaron del Poder Legislativo al TSJ.
Como diputado activo de la fracción socialista, Zerpa participó en la sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2015 y la oposición denunció que votó por él mismo para ingresar al TSJ.
Rojos y más rojosA Maikel Moreno no lo hace distinto el hecho de ser identificado como una ficha de confianza de Maduro. Lo que realmente distingue al jefe de la Sala Penal y primer vicepresidente del Poder Judicial es una hoja de vida salpicada por los escándalos. El ahora magistrado fue acusado y procesado por dos homicidios perpetrados en 1987 y 1989, en sus tiempos de oficial de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política), según el portal SupremaInjusticia.org, iniciativa digital lanzada por la ONG Transparencia Venezuela.
Además, la política y la familia se entrelazan en el máximo juzgado. La presidenta de la Sala Político-Administrativa, María Carolina Ameliach Villarroel, es prima del gobernador del estado Carabobo y directiva del PSUV, Francisco Ameliach Orta; al tiempo que su colega de la Sala Social, Édgar Gavidia Rodríguez, es hermano de Walter Gavidia Rodríguez, exesposo de la primera dama de la República, Cilia Flores.
Marjorie Calderón convalidó en el 2009 la interpretación de los hechos del golpe de Estado del 2002 que difundió el chavismo, condenando a un grupo de efectivos policiales, y actualmente lidera la Sala Social. A su lado está Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, quien en su condición de representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos intervino en el juicio de Leopoldo López, justificando la inhabilitación del líder de Voluntad Popular condenado a 13 años y 9 meses de prisión.
En el TSJ siempre se impone el discurso del chavismo. Aunque a veces incorporan otras referencias, como hizo el magistrado de la Sala Constitucional Arcadio Montiel en la apertura del año judicial del 2012, cuando para justificar la instauración del socialismo en Venezuela citó al jurista nazi Carl Schmitt.
Ceballos ‘no pensaba fugarse’La alcaldesa de San Cristóbal (estado Táchira), Patricia Gutiérrez, esposa del opositor venezolano Daniel Ceballos, aseguró este lunes que su marido, que fue trasladado el sábado de su arresto domiciliario a una prisión de máxima seguridad, no tenía planes de fugarse como aseguran las autoridades y que su reclusión es para intimidar. (Lea también: Gobierno venezolano manda a prisión a líder opositor Daniel Ceballos)
“Daniel estuvo durante poco más de un año con esta medida de arresto domiciliario y jamás pasó por su mente la idea de fugarse”, indicó Gutiérrez, quien añadió que el envío de Ceballos a la cárcel “es una escalada de violencia del Gobierno nacional para sembrar miedo”.
PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO
