Germán Ferrer llegó a la revolución antes que Hugo Chávez. El esposo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, integró un grupo guerrillero urbano llamado Punto Cero, que se formó y entrenó en la isla de Cuba, y que en 1969 secuestró a dos hijas del animador Renny Ottolina, la figura más importante de la televisión venezolana para la época.
Nacido en Carora, estado Lara –centro occidente del país–, el 6 de septiembre de 1944, el “chino” Ferrer se unió en su adolescencia a la Juventud del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y pronto se sumó a la lucha armada contra los gobiernos democráticos que se instalaron a partir de 1958.
El PCV se pacificó, pero Ferrer no. El dirigente se fue con aquellos militantes comunistas que, entre las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, rechazaron adaptarse al sistema y prefirieron continuar apostando por la violencia para asaltar el poder.
En cuatro ocasiones terminó tras las rejas. “La primera vez en la cárcel de Barquisimeto, conocida como ‘la 13’ en el año 1961. Más tarde tuve el indeseado privilegio de inaugurar los calabozos de Tocuyito en 1963 a raíz del paro armado. La Planta en 1972, y la prisión más larga, en el cuartel San Carlos, que comenzó en marzo de 1972 hasta julio de 1976”, declaró en una entrevista concedida a la web Noticias Carora.
Ferrer ocupó un puesto en la Secretaría de la Presidencia de la República entre 2004 y 2005. De ese despacho saldría a la bancada del chavismo en la Asamblea Nacional, donde acumuló 12 años de experiencia. Fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ahora es perseguido y acusado de extorsionador por el régimen del presidente Nicolás Maduro, de quien se distanció luego de que la fiscal Ortega Díaz denunció la “ruptura del orden constitucional” y se activó la Asamblea Constituyente.
Hablando de su pasado guerrillero, Ferrer dijo: “Siempre estábamos en riesgo de muerte. Primero en los enfrentamientos y luego porque corríamos el riesgo, como pasó varias veces, de ser delatados y caer en manos del gobierno, lo que implicaba cárcel, tortura y hasta la muerte”. Medio siglo después, el viejo rebelde está en la mira de la revolución.
El miércoles en la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la detención de Ferrer, pues el Ministerio Público lo acusa de formar parte de una trama que habría utilizado la Fiscalía para lucrarse mediante la extorsión.
Allanamiento a la casa del diputado chavista Germán Ferrer y de su esposa, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el miércoles en Caracas.
Efe
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la detención del ciudadano Diputado Germán Darío Ferrer", se lee en la sentencia del TSJ, que da de esta forma luz verde a la solicitud de detención cursada por el nuevo fiscal general, Tarek Saab.
El tribunal establece que Ferrer no tiene derecho al antejuicio de mérito que debe preceder la apertura de procesos a altos cargos al tratarse de un caso de "delitos en flagrancia", lo que permite a la justicia saltarse este paso para evaluar si existen motivos para enjuiciar a estas figuras públicas.
La Fiscalía dice tener en su poder "documentos originales" firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron varias cuentas en Bahamas donde tenían hasta 6 millones de dólares.
Ferrer es uno de los antiguos diputados del oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) que han roto con el presidente Nicolás Maduro y han montado un grupo parlamentario propio en la Cámara venezolana.
Su esposa Luisa Ortega se rebeló hace meses contra el Gobierno y un TSJ al que acusó de servir al Ejecutivo y fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente, creada por el chavismo gobernante para refundar el Estado y purgar las instituciones.
La residencia caraqueña de Ferrer y Ortega fue registrada por agentes del servicio de inteligencia, que se llevaron ordenadores y otros materiales de la vivienda.
Siempre estábamos en riesgo de muerte. Primero en los enfrentamientos y luego porque corríamos el riesgo, como pasó varias veces, de ser delatados y caer en manos del gobierno.
El oficialista Diosdado Cabello, uno de los miembros más influyente de la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, denunció a Ferrer y a varios altos cargos del Ministerio Público bajo el mando de Ortega por formar parte de esta supuesta red de extorsión.
Según la denuncia de Cabello, en la que se basó Saab para pedir las detenciones,
Ferrer y el que fuera fiscal anticorrupción Pedro Lupera pedían grandes cantidades de dinero en dólares a cambio de retirar acciones penales contra los extorsionados.
Empresarios que trabajaban en la faja petrolera del Orinoco –donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Venezuela– alertaron a los denunciantes de ser víctimas de estas prácticas, según dijeron Cabello y Saab.
La Fiscalía dirigida por Ortega imputó a varios dirigentes de una empresa petrolera con participación del Estado venezolano al hallar indicios de que inflaron precios a la hora de encargar compras de productos de la compañía.
PEDRO PABLO PEÑALOZA*
*Desde Caracas - Con información de EFE