Antonio Ledezma se cansó de la rutina de leer periódicos, hacer ejercicio y seguir leyendo, a la que lo tenía confinado un tribunal de Caracas, que en abril del 2015 le ordenó cumplir arresto domiciliario para ser operado de una hernia. Con 61 años entonces (hoy tiene 63), el abogado y político de carrera había sido acusado de conspiración y asociación para delinquir poco después de que el presidente Nicolás Maduro lo señaló como uno de los supuestos planificadores de un golpe de Estado en su contra, otro de los más de diez que ha denunciado.
Había pasado menos de un año desde que Ledezma, junto con Leopoldo López y María Corina Machado impulsaron La Salida, esa ola de protestas del año 2014 que duró meses y con la que el régimen de Maduro estrenó los encarcelamientos masivos a la disidencia política.
Por eso su detención en febrero del 2015, aunque una movida osada del Gobierno, no sorprendió demasiado. El arresto, entre empujones cuando fue sacado a la fuerza de su oficina, fue el más sonoro terremoto de su vida política, en principio apacible cuando militó en las filas de Acción Democrática hasta 1999, pero realmente notoria a partir del año 2000, cuando funda y asume las riendas del partido Alianza Bravo Pueblo.
Aunque nacido en el llanero estado Guárico, la carrera política de Ledezma se forjó en Caracas, entidad de la que fue gobernador y luego alcalde del municipio Libertador, el más grande de los cinco que conforman la gran capital. Tras un paréntesis en el ejercicio de cargos públicos –mas no en su trabajo político, siempre en la acera crítica al gobierno de Hugo Chávez–, fue elegido en el 2008 alcalde metropolitano de Caracas, la segunda autoridad de país que obtiene más votos luego del presidente de la República. Apenas asumió la alcaldía, decenas de atribuciones y millones en recursos inherentes a ese cargo le fueron descaradamente despojados por parte del Poder Judicial, en lo que fue el primer caso de arrebato sistemático de competencias por parte del oficialismo a las autoridades en cargos públicos que no fueran del partido de Gobierno.
Su tipo no es especialmente carismático, no es del que desata grandes emociones ni histerias masivas, sin embargo su carrera política se reconoce hasta ahora como libre de corrupción y un genuino interés por mejorar la calidad de vida en la capital.
Sus pares en la dirigencia opositora, prácticamente sin distingo, lo respetan y es uno de los pocos políticos reconocidos a nivel nacional que se permitía, hasta el último momento, caminar por las calles sin escoltas ni guardaespaldas haciendo gala de una sencillez que no se percibía falsa o impuesta. Lo mismo se le veía hacer trabajo político afuera de una estación de metro o tomarse un café en una pastelería. La ecuanimidad es uno de los rasgos políticos más distintivos de su personalidad.
Por eso cayeron con fuerza sus palabras en julio, cuando en los estertores de la oleada de protestas que dejó más de 130 personas asesinadas criticó la conducción que hizo la Mesa de la Unidad Democrática del descontento popular. Ante la inminente instalación de la constituyente creada por Maduro, el ahora exalcalde metropolitano apuntó los errores del liderazgo opositor: “Permitimos que nos echaran del hemiciclo a los diputados de Amazonas, declararon la Asamblea Nacional en desacato, el Gobierno endeudó a Venezuela como le dio la gana y dejamos que Maduro gobernara por decreto”. Y remató: “Les hemos quedado mal a los venezolanos”.
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