La presidencia del mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, está pendiendo de un hilo, y este podría reventarse en los próximos días.
Las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Alianza para el Progreso y Nuevo Perú pidieron la renuncia de Kuczynski. Y si este no renuncia, al parecer tienen los 85 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo. La petición será evaluada el próximo jueves, según se informó. Si se suman los votos de todos los congresistas de estos partidos, suman 96.
La razón es que hasta hace poco el mandatario aseguró no tener ningún tipo de relación con la constructora Odebrecht, ni haber recibido soborno alguno para su empresa Westfield Capital, como se le acusó en varias ocasiones.
Sin embargo, esta semana, al verse arrinconado por los medios y la oposición y por los datos suministrados por Odebrecht, el mandatario tuvo que dar reversa a su versión inicial y aceptar que sí fue su empresa la que recibió los pagos, pero que no fue él quien firmó los contratos, sino un tercero.
El presidente declaró que el pago de 782.000 dólares hecho por Odebrecht a su empresa Westfield Capital, entre 2004 y 2007, correspondió a contratos firmados por su exsocio Gerardo Sepúlveda.
En esos años, Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y aseguró que no manejó los negocios de su compañía mientras ocupaba un cargo público. En tanto, el empresario chileno Sepúlveda es además propietario de la consultora First Capital, que recibió más de 4 millones de dólares de Odebrecht por asesorías en proyectos llevados a cabo en Perú, pero con cuya empresa Kuczynski dijo que no tenía relación.
Esta explicación, por supuesto, no fue bien recibida ni por la opinión pública ni por la presidenta de la comisión investigadora del caso Lava Jato en el Congreso, Rosa Bartra, quien calificó las declaraciones del presidente como el “corolario de todas las contradicciones”.
Bartra es una legisladora de la mayoría fujimorista Fuerza Popular –partido al cual pertenece Keiko Fujimori y que pidió esta semana declarar en vacancia el cargo de presidente–.
“Puede ocurrir que un dueño no firme el contrato, pero ¿no se entera entonces de lo que hace su empresa? ¿Y si no se entera de lo que hace su empresa, cómo conduce al país?”, se preguntó el viernes.
Pese a ello, Alejandro Diez, docente de la Pontificia Universidad católica de Perú, dijo a EL TIEMPO que sí se debe tener en cuenta para el caso de Kuczynski que “desde el partido Fuerza Popular han tenido una política de golpear al Gobierno para que pierda credibilidad, y de alguna manera lo han estado cercando y le han estado haciendo la guerra todo el año”.
Por su parte, el congresista fujimorista Osías Ramírez Gamarra sostuvo que por el bien de Perú es mejor que el presidente Kuczynski renuncie.
El legislador le dijo a este diario que así se le daría paso al primer vicepresidente, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, para que asuma temporalmente el puesto de mandatario, pues “el presidente peruano no ha estado a la altura del cargo”.
Además, de acuerdo con Ramírez, desde hace 17 años, “la empresa brasileña (Odebrecht) ha trabajado en malas prácticas empresariales, y eso se demuestra en el hecho de que los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala también estén siendo investigados por presuntos pagos para beneficiarse en obras como la carretera interoceánica y las primeras dos líneas del metro de Lima”.
Por esto, la versión del presidente, incluso después de haber aceptado la verdad, puede no estar completa.
“Kuczynski negó en seis oportunidades haber tenido alguna relación con Odebrecht, pero el fin de semana pasada dijo que tuvo un contrato de asesoría, cuando al menos serían cinco”, agregó el congresista.
En una posición más neutral, Eduardo Morón, exviceministro de Economía de Perú y actual docente de la Universidad del Pacífico, considera que “el procedimiento establecido en la Constitución y el reglamento del Congreso establecen varios caminos que no necesariamente son el de la dimisión del presidente, aunque, dentro del marco legal, sí se establezca la incapacidad moral para gobernar como una de las formas de hacer salir a Kuczynski de su cargo si se comprueba que se encuentra comprometido por alguna razón”.
Sin embargo, según Morón, “también se debe tener en cuenta que la ‘incapacidad moral’ es un término bastante subjetivo que puede ser utilizado por la oposición para pedir la salida del presidente”. Además, el proceso de declarar vacante su cargo es un camino relativamente largo que depende mucho de la transparencia con la que se manejen las declaraciones, especialmente por parte del presidente.
“Si Kuczynski no dilata este proceso de decir la verdad, el pleito podría tardar aproximadamente tres semanas, pero si no, el país podría seguir sumido en una incertidumbre política que dependerá de la velocidad de la justicia”, finaliza Morón.
Así, un grupo de legisladores peruanos, de distintas bancadas, reunió el viernes las 26 firmas necesarias para solicitar que se debata en el pleno del Congreso un pedido para declarar “la permanente incapacidad moral del presidente” y la vacancia de su cargo.
La solicitud señaló que la incapacidad moral es aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial, (...) y, por lo tanto, se hace imposible que se mantenga en el cargo.
Además, se precisó que la vacancia por incapacidad moral “es aquella conducta reprochable que, sin duda, reviste gravedad, pero que escapa de los alcances de la infracción constitucional y del juicio político”.
Pese a este duro panorama, el presidente afirmó el jueves en la noche que no está dispuesto a dejar su cargo.
“No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente (...). Nos costó mucho recuperar la democracia, no la volvamos a perder”, dijo el gobernante en un mensaje a la nación, flanqueado por sus ministros.
Sin embargo, para Ramírez Gamarra, “en un país democrático, donde las instituciones funcionan, los que han cometido delitos deben responder ante la justicia”.
La moneda peruana cayó el viernes a un mínimo de casi un año por una demanda de dólares de inversores extranjeros ante una aversión local al riesgo luego de que legisladores presentaron un pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con la brasileña Odebrecht.
El sol retrocedió un 1,70 por ciento, su mayor baja porcentual diaria desde el 20 de junio del 2013, a 3,289/3,299 unidades por dólar.
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* Con información de agencias
