Cuando más democracia necesita Venezuela, menor parece ser la disposición de la Revolución Bolivariana para que sea el pueblo el que decida sobre el rumbo de un país que vive sus días más bajos. Los pasos en la dirección contraria a la recomendada, es decir, la del respeto a la Constitución, la de la salvaguarda de los derechos fundamentales, la de la preservación de las libertades democráticas por parte de Miraflores, han aumentado conforme se acerca la “toma de Caracas” por la oposición, que tendrá lugar el próximo jueves.
Esta movilización –pacífica, según han reiterado sus organizadores– procura, entre otros fines, presionar al Consejo Nacional Electoral para que dé vía libre a la segunda recolección de firmas en el marco de los pasos previos al referendo con el que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pretende revocar el mandato de Nicolás Maduro. Cabe recordar que si este tiene lugar después del 10 de enero del 2017, en caso de salir derrotado el actual mandatario sería reemplazado por el vicepresidente, Jorge Arreaza. De darse la votación antes y de perder el oficialismo, será necesario convocar elecciones.
Para salirle al paso a este nuevo intento de la oposición por buscar una salida a través de las vías constitucionales, el arsenal utilizado ha sido diverso: comenzó por la decisión de despedir de sus cargos a todos los funcionarios públicos que aportaron su rúbrica a la primera recolección de firmas, en una decisión que es un acto de inaceptable discriminación ideológica.
Luego vino una nueva arremetida contra los cuadros de la oposición, en particular los integrantes del partido Voluntad Popular, el mismo del encarcelado líder Leopoldo López. Yon Goicoechea, uno de sus dirigentes, fue arrestado el lunes en la mañana por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); solo ocho horas después, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, confirmó su detención. Aseguró que portaba detonantes para explosivos.
Ya el viernes, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal y también reconocido opositor, miembro de la misma colectividad, fue sorprendido en su residencia, donde gozaba de detención domiciliaria, con la noticia de la orden de su traslado a una cárcel en el estado de Guárico. Esta decisión fue calificada por Washington el domingo como “un intento de intimidar e impedir el derecho de los venezolanos a expresar su opinión libremente el 1.° de septiembre”.
Con miras al jueves, por último, el Gobierno prohibió los vuelos privados –para evitar la movilización de líderes locales y también la llegada de otros del exterior– y de drones. Estos últimos, usados para registrar mejor, desde el aire, la magnitud de la movilización. Y sin que exista evidencia de vinculación oficial, hay que reseñar y rechazar el ataque con un explosivo de bajo poder contra las instalaciones del diario El Nacional.
Tan crítica es la situación que el oficialismo ya poco se esfuerza en, por lo menos, preservar las formas. Prueba de ello es la advertencia de Diosdado Cabello a los referentes de la oposición. Les dijo que deben estar preparados para escuchar “tun, tun” en sus puertas. “¿Y quién es? El Sebin”, concluyó, sin inmutarse y con marcado aire totalitario.
editorial@eltiempo.com
