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Latinoamérica

Maduro pone en juego la democracia de su país con la Constituyente

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Foto:Carlos Garcias Rawlins / Reuters

Con rechazo del 70 %, se elegirán 545 asambleístas con los que el chavismo busca refundar el Estado.

Juan Carlos Rojas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que la Constituyente “es un superpoder, es un gran poder de la nación, es un gran poder del pueblo”.

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Aunque el “pueblo” no fue consultado sobre si quería cambiar la Carta Magna y al menos 70 por ciento –según toda encuesta reciente– rechaza la iniciativa, este domingo se llevarán a cabo las elecciones sectoriales para escoger a 545 constituyentes con los que el chavismo busca refundar el Estado venezolano.
Una empresa mayúscula, que fue anunciada por el mandatario el primero de mayo y, para muchos, podría marcar el fin de la democracia en este país, gracias a la exquisita rapidez del Consejo Nacional Electoral (CNE) al procesar más de 50.000 postulaciones, definir 6.120 candidaturas y desplegar e instalar 14.515 centros de votación con 24.139 mesas activas que funcionarán este domingo.
La logística fue sustentada en el trabajo de más de 300.000 funcionarios y otros 150.000 militares que resguardarán el proceso.
En el camino quedaron también dos intentos de la Fiscalía General para impugnar el proceso, la convocatoria y las bases comiciales propuestas por el mandatario. Pero, una vez superados los escollos operativos –los legales fueron despachados por el aliado Tribunal Supremo de Justicia–, lo que se abre para Venezuela a partir de este domingo es un capítulo político incierto que trasluce amenazas a la estructura republicana del país.
¿Cuál es el objetivo de la Constituyente? Desde su aprobación en 1999, el oficialismo ha dicho que la Constitución es la mejor y más avanzada del mundo, por lo cual la narrativa para explicar la necesidad de cambiarla es contradictoria.
Maduro ha dicho que serviría para un abanico tan grande de objetivos como “consolidar la paz de la nación”, “perfeccionar el sistema económico”, “constitucionalizar el Estado comunal”, “proteger el país de agentes intervencionistas” e incluso “ampliar las competencias del sistema de justicia y protección del pueblo”.
Entre todas despunta en su discurso que la Constituyente busca “promover un gran diálogo nacional”, pero en la elección de este domingo no participará un solo candidato de la oposición –ni siquiera de los partidos moderados o el ‘chavismo crítico’– tras casi cuatro meses de intensas protestas contra el Gobierno que han dejado 112 personas fallecidas, más de 15.000 heridas y 4.500 detenidas.
Sin versiones edulcoradas, otros voceros como el ministro Elías Jaua y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, han dejado claro que la Constituyente tiene objetivos políticos como la suspensión de funciones de la actual Asamblea Nacional, de la inmunidad parlamentaria de los diputados y la destitución de la fiscal general, justo las instituciones que actualmente representan un claro contrapeso al poder oficial.
“Nosotros podremos, con la Constituyente, poner orden, compatriotas. Se acabó la anarquía. Se acabó la impunidad”, dijo la esposa de Maduro y candidata a constituyente, Cilia Flores.
“La elección del 30 de julio busca un efecto legitimante en plena tormenta de protestas, pero para llegar a ese día Maduro sembró más caos dentro y fuera del país. El Gobierno espera que la elección sea un bálsamo político para blindar la revolución, pero lo más seguro es que desate mayores contradicciones internas”, advierte el politólogo Édgard Gutiérrez.
Para lograr el efecto ‘bálsamo’, el Gobierno espera contar con una afluencia considerable de votantes, sobre todo luego de que la oposición logró 7,6 millones de votos en rechazo a la Constituyente en la consulta artesanal que llevó a cabo el 16 de julio.
Para ello no ha escatimado esfuerzos, incluso, de coacción entre los funcionarios públicos, a los cuales ha presionado directamente a participar so pena de despedirlos del trabajo.
La organización no gubernamental Provea ha documentado al menos 40 casos de intimidación para forzar el voto.
“A mí me pidieron que llevara mi lista de 1 por 10 (que un empleado público se comprometa a llevar a 10 personas a votar), y les dije que no. Me dijeron que no era una alternativa, sino una orden porque si no, me botaban. Igual les dije que no, pero todavía no me han botado”, dice a EL TIEMPO un empleado de una cementera operada por el Estado venezolano.
Confiado en que se trata de un suprapoder, el oficialismo ha dicho que la Constituyente actuará no solo como cuerpo de debate y redacción de un nuevo texto constitucional, sino también como un órgano deliberante y ejecutor de acciones de gobierno a través de tres figuras: los actos constituyentes, los decretos constituyentes y las leyes constituyentes.
A la usanza de la Constituyente de 1999, que se otorgó a sí misma poderes para reestructurar el Poder Judicial y la Fiscalía y disolver el Congreso de entonces por medio de actos y decretos constituyentes, así espera funcionar la Constituyente impulsada por el presidente Maduro, quien adelantó además que ya tiene listas varias “leyes constituyentes”, entre ellas una ley de control de precios “para luchar contra la guerra económica”. En la Constituyente de 1999 no se promulgó ninguna.
Con la excepción de un nutrido grupo del ‘establishment’ oficial entre quienes destacan Cabello, Flores, Jaua y ministros de toda la vida del chavismo, el grueso de los constituyentes proviene de candidaturas prácticamente desconocidas en el terreno político, del derecho o la academia.
La paleta es variopinta e incluye líderes comunitarios, miembros de concejos comunales, representantes gremiales o estudiantiles; también, la familia directa del presidente –su hijo, Nicolás, es también candidato– y hasta figuras con orden de captura como Valentín Santana, líder de la banda armada la Piedrita.
La Constituyente que se instale con los miembros elegidos este domingo, aunque considerada fraudulenta por la oposición y demandada como tal por la fiscal general, sesionaría en el Palacio Legislativo, sede natural de la Asamblea Nacional, actualmente de mayoría opositora.
Se espera que entre sus primeras decisiones defina el tiempo que tardará en redactar la nueva Constitución, una de las grandes incógnitas en la propuesta del presidente Maduro.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
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