A través de un breve documento publicado esta semana, la coalición política opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo oficial su retiro de la “mesa de diálogo” que instaló junto al gobierno del presidente Nicolás Maduro, en octubre del año pasado y que contó con el apoyo del Papa, la Unasur y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Ómar Torrijos y Leonel Fernández. (Le puede interesar: Opositores presos en Venezuela, en huelga de hambre por su libertad)
El retiro no cae por sorpresa, pues en diciembre el liderazgo opositor señaló su intención de levantarse de la mesa ante el no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno –advertido por el propio Vaticano– pero lo deja diezmado y en el limbo ya que tampoco logró un cronograma electoral o la liberación de los presos políticos, establecidos como “puntos de honor” por la MUD. Además, hizo crecer el escepticismo entre sus seguidores, cuya mayoría estima que al acceder a un diálogo para el que suspendió las protestas y otras tácticas de presión, la MUD actuó ingenuamente, abandonó el referéndum revocatorio presidencial y le regaló al gobierno de Maduro el tiempo necesario para llegar sin rasguños al emblemático 10 de enero del 2017.
Este fecha marca el cuarto año de mandato de Nicolás Maduro e implica, según la Constitución, que ante alguna posibilidad de su falta absoluta –como el revocatorio o el abandono de cargo– su periodo lo finaliza automáticamente el Vicepresidente. Antes de esa fecha la Carta Magna venezolana establece que debe haber elecciones presidenciales en 30 días, lo que podía implicar un cambio de Gobierno.
Pero con esa opción descartada y la suspensión de las elecciones regionales que debieron realizarse el año pasado por mandato constitucional, la MUD intenta lidiar con el agotamiento de sus bases.
Jesús ‘Chúo’ Torrealba, secretario general de la MUD, ha tratado de componer a la coalición frente a sus seguidores, asegurando que el diálogo sirvió “para que el mundo supiera que este es un régimen despótico”, aunque en el documento que sepulta su participación en el diálogo la propia MUD reconoce que el “experimento” estuvo “mal planteado desde el principio, al carecer de mecanismos para la verificación y garantía del cumplimiento de los acuerdos”.
En su momento se advirtió que para que el Gobierno accediera a alguna demanda opositora debía sentir presión, justamente a lo que renunció la MUD. La única presión real provino del Vaticano dos meses después de instalada la mesa y, sin embargo, al criticar la falta de compromiso del Gobierno este cargó en su contra señalando que no aceptaba comentarios “injerencistas”. (Lea también: Subida de dólar negro destroza al bolívar venezolano)
Así es como hoy la oposición enfrenta el peor de los panoramas: la comunicación formal con el Gobierno paralizada, la mínima posibilidad de que se lleve a cabo alguna consulta electoral (ni las regionales establecidas en la Constitución que debieron hacerse en diciembre del año pasado, mucho menos un revocatorio) y descontento en sus bases. Retomar la declaratoria de abandono de cargo y las protestas de calle han inflamado el ánimo de un venezolano atosigado por la inflación y la falta de productos y servicios básicos.
A cambio, el Gobierno ha respondido encarcelando al diputado suplente opositor Gilber Caro, regresando a prisión al general Raúl Baduel y sosteniendo el desconocimiento y neutralización a la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. (Además: Las implicaciones en Venezuela de suspender el juicio contra Maduro)
Diosdado Cabello asomó la posibilidad de que los partidos opositores sean inhabilitados para participar en consultas electorales, pues según sentencia del TSJ emitida en enero del 2016, deben “renovar” su militancia y demostrar con firmas recolectadas que cuentan con suficientes seguidores para constituir un partido político.
VALENTINA LARES MARTIZ
Caracas
Corresponsal de EL TIEMPO
