El grupo Odebrecht acordó con la Fiscalía de Angola pagar 30 millones de reales (unos 9,6 millones de dólares) para cerrar una causa civil en la cual una de las compañías del conglomerado era acusada de someter a trabajadores a "condiciones de esclavitud" en Angola, dijeron este viernes fuentes oficiales.
Según la investigación de la Fiscalía del Trabajo, los trabajadores eran contratados en la ciudad Américo Brasiliense, en el estado brasileño de Sao Paulo (sureste), y eran llevados hasta Angola, donde realizaban su trabajo en una situación degradante.
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Las obras en las cuales los brasileños trabajaban pertenecían a Usina Biocom (Compañía de Bioenergía de Angola), empresa que en el transcurso del proyecto fue adquirida por Odebrecht Agroindustrial, según señaló el acuerdo firmado entre la Fiscalía y las empresas implicadas.
"Después de debates, las partes se concilian en las siguientes condiciones: las empresas, solidariamente, para el pago de la indemnización pleiteada inicial, pagarán el total de 30 millones de reales" (hoy unos 9,6 millones de reales), señaló el acuerdo. Los pagos se harán en 12 plazos semestrales de 2,5 millones de reales (unos 806.000 dólares cada uno) cada uno, agregó la información.
"Pruebas reunidas por la Fiscalía de Trabajo demuestran que los trabajadores brasileños sufrieron también reducción de su libertad, incluso mediante la apropiación de documentos con el propósito de ser confinados en el lugar de la construcción de las obras", destacó la Fiscalía.
El órgano también constató que, llegando a Angola, "el procedimiento adoptado por Biocom/Odebrecht era inmediatamente tomar todos los pasaportes" de los empleados y no se ponía a su disposición transporte alguno para salir del lugar de las obras.
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La acción civil se inició el 13 de junio de 2014 y "fue extinta definitivamente por medio del acuerdo", señaló Odebrecht en un comunicado remitido a Efe.
No obstante, Biocom señaló en la misma nota que "la premisa" del acuerdo "fue justamente" que el texto "no implica reconocimiento de práctica de trabajo esclavo, ni de violación de los derechos humanos o de principios que rigen las relaciones de trabajo por la empresa".
La compañía indicó que "ninguna institución brasileña", pese a que fueron "formalmente invitadas", ha visitado las instalaciones de Biocom para fiscalizarlas.
"Las condiciones de trabajo en la empresa siempre fueron fiscalizadas y atestadas positivamente por autoridades angoleñas (equivalentes al Ministerio de Trabajo y Empleo)", agregó.
Además de la multa, las empresas implicadas se comprometieron en el acuerdo a que "jamás realizarán, promoverán, estimularán o contribuirán con la sumisión de trabajadores a condiciones análogas de esclavitud", bajo una multa de 100.600 reales (unos 32.430 dólares) por trabajador.
EFE
