La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela dijo que los traidores a la patria, es decir, a quienes ellos presentan como a los que han promovido las sanciones de Estados Unidos, deben ser juzgados, aunque a decir verdad, en la historia reciente de ese país no se han presentado juicios por ese motivo.
Una cosa es que desde los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez, él y los líderes de la revolución del siglo XXI amenazaran a los opositores con llevarlos ante la Justicia por no obedecer sus principios y otra, como sucede ahora, que formalmente de busque incriminar a quienes no comulgan con el chavismo.
A quienes se les considera como elementos que vulneran los intereses nacionales, proponen una intervención internacional o simplemente son opositores, se les acaba de anunciar juicios que pueden implicar penas de cárcel hasta por 25 años e inhabilidad política. En este campo la subjetividad es muy grande, donde muchos tipos de conductas pueden ser castigadas.
El Código Penal Venezolano dedica un capítulo a definir y sancionar el delito de traición a la patria.
El artículo 128 del texto señala: “Cualquiera que, de acuerdo con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”. En Venezuela, la mayor pena de prisión es de 30 años.
La disposición siguiente establece que “el que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de veinte a veintiséis años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano”.
La ANC convirtió su sesión del martes en un acto de repudio contra quienes consideró "traidores a la patria", tras aprobar un decreto que también sirvió para abrirles un "juicio histórico" por apoyar las sanciones económicas dictadas el viernes de Estados Unidos.
Entre quienes engrosan dicha categoría destacan los dirigentes de la oposición, pero no faltan disidentes del oficialismo chavista como el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres o la ex fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz.
Por unanimidad, como lo han venido haciendo hasta ahora, los 545 chavistas que forman la Constituyente acordaron "iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano".
Este "juicio histórico" contra la oposición ya fue solicitado por el presidente Nicolás Maduro tras conocerse las sanciones el pasado viernes, antes de que sus adversarios se pronunciaran sobre la orden del presidente estadounidense Donald Trump. Además, el decreto condena lo que llama un "bloqueo financiero contra el pueblo" del país petrolero, y declara oficialmente "como traidores a la patria a los actores políticos nacionales de marcado carácter antivenezolano que han promovido la agresión económica y la intervención contra la República Bolivariana de
Venezuela".
Mesa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela
Efe
La decisión fue tomada al término de una sesión de casi tres horas marcada por la virulencia de los discursos, en la que los dirigentes de la alianza de partidos de la oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueron llamados "arrastrados", "lacayos", "ultraderechistas", "apátridas", "delincuentes" o "quintacolumna". Entre declaraciones de lealtad al Libertador Simón Bolívar, al difunto presidente y "comandante eterno" Hugo Chávez y a la "revolución socialista" que este inició en 1999, los constituyentes recriminaron a los opositores ser "agentes de inteligencia internos" que sirven a un "guión imperial de golpe de Estado continuado". "La cosa más atroz que uno podría imaginarse, más insensata, para no decir otra cosa, de esta oposición venezolana lacaya, apátrida, es el comunicado que enviaron apoyando las medidas del imperio", dijo Adán Chávez, asambleísta y hermano del fallecido presidente, en referencia al respaldo expresado por la MUD a las sanciones. "Tenemos que rechazarlo y debemos solicitar que se abra un juicio histórico aquí en nuestra tierra", dijo Chávez, que pidió que "se castigue a los traidores a la patria".
Otra de las oradoras fue la también constituyente Gladys Requena. "La acompañamos a solicitarle a la Fiscalía General de la República que abra los procedimientos para condenar, para sancionar a estos delincuentes. ¡Chávez vive! ¡Viva Nicolás Maduro!", dijo Requena a voz en grito, mientras todos los constituyentes la aplaudían puestos en pie. "La patria no se vende, la patria se defiende", coreó en pleno la asamblea, que asistió a un detallado repaso de supuestas conspiraciones contra Gobiernos de izquierda en Latinoamérica y vio mencionar a las familias Rothschild y Rockefeller, que junto a las multinacionales estarían detrás de las medidas contra Maduro.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, señaló directamente al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, que está siendo investigado por este suprapoder por haber pedido a en mayo a la banca de inversión Goldman Sachs que no comprara bonos al "régimen autoritario" de Nicolás Maduro.
Tras decir que el país debe conocer "las verdaderas caras de los enemigos de
Venezuela", Rodríguez pidió que se transmitan "en cadena nacional" las declaraciones en que Borges responsabilizaba a Maduro y a su supuesta corrupción de la grave crisis humanitaria que vive Venezuela. "Tiene que escuchar lo que dice el diputado Julio Borges sobre los venezolanos. Los degrada, degrada a nuestro pueblo, dice que es una tragedia social, que está vinculado al crimen, al narcotráfico, al terrorismo", afirmó la excanciller.
En otro orden de cosas, la Cancillería venezolano entregó hoy una nota de protesta a Colombia por las "falsas acusaciones" contra la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que según denunció este lunes Bogotá ingresó de manera ilegal en su territorio nacional durante el fin de semana. La de la GNB es la cuarta incursión militar venezolana que las autoridades colombianas denuncian en lo que va de año.
También este martes, el opositor venezolano-español Yon Goicoechea cumplió un año detenido sin cargos bajo custodia del servicio de inteligencia, que no le ha liberado hasta ahora pese a que un tribunal emitió una orden de excarcelación en octubre de 2016.
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