El presidente brasileño, Michel Temer, será investigado por presunta corrupción en relación con un decreto sobre el sector portuario con el que habría favorecido los negocios de una empresa privada, informó este martes la Corte Suprema.
La autorización para esa nueva investigación en torno a Temer fue dada por el juez Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal, ante las sospechas de que un decreto que alteró artículos de la ley que rige la actividad portuaria fue una suerte de “favor político” a la empresa Rodrimar.
La solicitud para averiguar el papel de Temer en la emisión de ese decreto fue presentada por la Fiscalía General, la cual tiene otras investigaciones en curso contra el mandatario que han llevado hasta a una acusación formal por corrupción, aunque rechazada y archivada por decisión de la Cámara de Diputados.
La base para estas nuevas sospechas es que el decreto, firmado en mayo pasado, habría facilitado negocios de Rodrimar en el puerto de Santos a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio gobernante.
Según la Constitución brasileña, un mandatario en pleno ejercicio del cargo solo puede ser llevado a un juicio penal con el aval de la Cámara baja y si el delito en cuestión hubiera sido cometido desde el poder, lo que sería el caso si se probaran esas nuevas sospechas.
En el fallo que autorizó la investigación, el juez Barroso dijo que “a nadie le puede ser indiferente el peso personal o político de que una figura pública, aún más el presidente de la República, figure como investigado en un procedimiento de esa naturaleza”.
Sin embargo, agregó que “es el precio del principio republicano de la Constitución brasileña, al establecer la igualdad de todos ante la ley y exigir transparencia en la actuación de los agentes públicos”.
Esta nueva investigación se suma a otras abiertas contra Temer por acusaciones del grupo JBS cuya validez legal ha sido puesta en duda, lo que podría llegar a invalidar esos testimonios.
Además, otro frente judicial lo acusa de haber dirigido una red de corrupción tejida por el PMDB en la Cámara de Diputados, sobre la cual la Policía Federal aseguró el lunes pasado que existen serios “indicios” de que recibió sobornos de empresarios a cambio de diversos favores políticos.
Frente a esa nueva sospecha, Temer reaccionó este lunes mediante una nota oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en la que se alertó de que las acusaciones “sin pruebas” suponen un riesgo para el Estado de derecho.
“El Estado democrático de derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia”, pero “en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario”, indicó la nota.
Ese fue el segundo texto emitido por la Presidencia desde que la prensa filtró el lunes un presunto informe de la Policía Federal (PF) que deja mal parado a Temer. Según ese documento, el mandatario conservador tenía “poder de decisión” en la bancada de su partido, el PMDB, para poner personas en “cargos estratégicos” y realizar “articulaciones con empresarios beneficiados en los esquemas (de sobornos) para recibir valores de donaciones electorales”.
El informe –no oficializado– señala que Temer habría recibido 10,1 millones de dólares por “ventajas indebidas”, con un tercio de ese valor proveniente de la constructora Odebrecht, un actor clave de la gigantesca operación Lava Jato sobre sobornos en Petrobras.
EFE Y AFP