Los guardias de una de las prisiones de alta seguridad de México tienen que preocuparse mucho más por la falta de criminales que entren a sus instalaciones, que por las fugas.
Pese a tener un costo de más de 2,000 millones de pesos (100 millones de dólares), la cárcel de Papantla, construida para unos 2,000 reclusos en el sureño estado de Veracruz, no tiene un solo preso y apenas unos cuantos empleados cuidan el lugar.
Por ello no causó sorpresa que el año pasado se robaran materiales de construcción del interior de la prisión. "En realidad, es un elefante blanco", dijo Galdino Diego Pérez, representante legal del Gobierno municipal de Papantla, sobre el enorme complejo blanco y gris afuera de la ciudad.
El penal de Papantla es un notorio ejemplo de fondos públicos desperdiciados bajo un plan de nuevas prisiones de 2008 que buscaba resolver la sobrepoblación crónica y albergar nuevos reclusos mientras fuerzas de seguridad combatían a los cárteles de la droga.
El Gobierno conservador del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) otorgó unos 176,000 millones de pesos en contratos sin licitación para 15 penales, pero actualmente cuatro de ellos están parcialmente construidos o aún no abren.
Expertos en política pública dicen que las prisiones ociosas reflejan una planificación inadecuada de ese Gobierno, aunque las instalaciones que se abrieron ayudaron a reducir la sobrepoblación en el sistema penal. Los involucrados en la ejecución del plan de Calderón culpan a la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto por los retrasos.La mayoría coincide en que los contribuyentes mexicanos perdieron.
Más de 2,500 millones de pesos de dinero público se gastaron en dos de las cuatro prisiones inactivas -Papantla y otra en Monclova, en el norteño estado de Coahuila-, según registros públicos. Las otras tienen años de retraso y a contratistas se les prometieron mayores pagos bajo un nuevo plan de privatización parcial.
Los largos retrasos y el desperdicio de dinero resaltan problemas mayores que afectan a los programas de infraestructura gubernamental en México: el Congreso brinda débil supervisión a los presupuestos y los presidentes entrantes suelen tratar de promover sus propios proyectos, según expertos.
"El apetito por hacer obra siempre es lo que los acaba motivando, así de simple", dijo Manuel Molano, economista del centro Instituto Mexicano para la Competitividad, en Ciudad de México. "Está mal pensado, es una cadena ahí de estupideces, complicidades y errores desde el poder legislativo hasta el poder ejecutivo", comentó.
A pesar de las múltiples solicitudes, el órgano federal de prisiones OADPRS rechazó contestar preguntas para esta nota y la Presidencia declinó comentar.
El enorme complejo de Papantla se eleva sobre una comunidad indígena empobrecida, donde los residentes viven sin drenaje y cultivan maíz bajo un sol abrasador. "¿Cuántos miles de millones de pesos invertidos en esa obra? (...) ¡Es nuestro dinero, están los impuestos de todos!", dijo José Simbrón, un agricultor local.
La prisión estaba casi terminada cuando Peña Nieto asumió la presidencia a finales de 2012, dijo Patricio Patiño, quien fue subsecretario del sistema penitenciario con Calderón.
Ahora la autoridad federal de la prisión, que ha tenido cinco jefes diferentes desde que Peña Nieto asumió el poder, tiene que decidir si termina la construcción del penal de Papantla y lo abre o desecha el proyecto. La instalación es un dolor de cabeza adicional para una agencia marcada por corrupción y mala gestión, donde resalta la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2015.
En la ciudad siderúrgica de Monclova, una prisión con capacidad para cientos de reclusos cerró pocos años después de su inauguración. El malogrado sitio, que costó más de 500 millones de pesos, se convertirá en un centro de capacitación.
De las 15 cárceles de Calderón, siete eran contratos de construcción regulares. Las otras ocho eran parte del primer experimento de privatización de México.
Bajo el modelo, los contratistas no se encargan de la seguridad ni la atención médica, sino de encontrar la tierra, reunir el financiamiento, construir las cárceles y luego prestar servicios clave como comida, ropa y artículos de tocador durante 20 años.
Dos de ellas aún no están abiertas. Grandes problemas de seguridad han plagado la prisión construida por la empresa mexicana Prodemex en Buenavista Tomatlán, en el estado occidental de Michoacán, un área devastada por la violencia de las bandas de drogas. Un antiguo trabajador dijo que un arquitecto murió durante la construcción y el sitio de noticias local La Silla Rota dijo que un cartel de la droga en cierto momento se hizo cargo del sitio.
Otra prisión en el norte del país tenía problemas muy diferentes. En Ramos Arizpe, Coahuila, los problemas financieros y sindicales pesaron sobre el contratista Grupo Tradeco.
Un cambio de ubicación y la decisión de convertirlo en una cárcel para hombres también detuvieron la obra, dijo el presidente de Tradeco, Federico Martínez, en una entrevista.
El ex subsecretario Patiño dijo que Tradeco fue un "desastre" en Coahuila y que fue un error darle el contrato, ya que no podía cumplir con los plazos de construcción. En 2016, la Secretaría de la Función Pública prohibió a las dependencias del Gobierno contratar a una unidad de Tradeco, sin dar más detalles.
El Gobierno no ha dicho cuándo abrirá alguna de las dos cárceles. A pesar de los retrasos, las empresas serán recompensadas con pagos mayores a los inicialmente prometidos. Tanto las administraciones de Calderón como de Peña Nieto aumentaron los pagos a Prodemex para la prisión de Michoacán, con lo que el contratista ganará un 20 por ciento más de lo originalmente acordado.
El Gobierno de Peña Nieto también incrementó los pagos de la prisión Ramos Arizpe en un 18 por ciento justo antes de que el administrador de activos estadounidense BlackRock Inc. la comprara. Los aumentos sumaron miles de millones de pesos al costo total durante 20 años, una carga adicional a un presupuesto federal deprimido por los bajos precios del petróleo.
El Gobierno se negó a responder preguntas detalladas sobre los aumentos de los pagos, Prodemex no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. BlackRock se negó a comentar.
Las cárceles abiertas han agregado más de 20,000 lugares permitiendo espacios para presos federales que se alojaban en instalaciones estatales, que están notoriamente sobrepobladas, invadidas por la violencia y en algunos casos gobernadas por los propios reos.
Las prisiones federales también tienen escaso personal, ofrecen atención médica inadecuada y no hacen lo suficiente para evitar la violencia entre reclusos, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las cárceles parcialmente privatizadas no son mejores.
"A pesar de la inversión, no es nada diferente de una cárcel pública", dijo Maissa Hubert en Documenta, un grupo que trabaja por los derechos humanos en el sistema de justicia. Un informe de la CNDH el año pasado documentó casos de maltrato físico, falta de comida y de algunos presos encerrados en sus celdas casi todo el día.
En una penitenciaria de mujeres propiedad de una de las compañías del magnate Carlos Slim, los bebés son alojados con sus madres, pero no hay atención pediátrica, dijo la CNDH.
La atención médica es responsabilidad del Gobierno. Un portavoz de la compañía de Slim, Ideal, dijo que cumple con su contrato. Además de fallas en materia de derechos humanos, persiste una gran injusticia en todo el sistema penal de México. Más de un tercio de los presos no ha sido condenado, según estadísticas del gobierno. Algunos pasan años encerrados esperando su juicio.
"La parte de las prisiones es el área de las políticas públicas más abandonada por el Estado mexicano", dijo Elías Huerta, abogado defensor y director de la asociación de abogados mexicanos ANDD. "La solución no son más cárceles, la solución es un sistema de justicia eficaz", agregó.
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