El brutal asesinato de 26 jóvenes en un centro de rehabilitación en Irapuato es la enésima batalla entre carteles mexicanos que han convertido el estado de Guanajuato en epicentro de la violencia nacional.
Decenas de cuerpos yacen boca abajo sobre un charco de sangre en el centro de
rehabilitación Recuperando mi Vida de Irapuato. Son los cadáveres de jóvenes asesinados por un comando armado, en el que es el acto más violento en la historia reciente del estado de Guanajuato.
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Dos más fallecieron en el hospital al que fueron trasladados con heridas de gravedad junto a otras cinco personas.
"Evidentemente, esto es una situación relacionada con el crimen organizado. Es la disputa entre las diferentes bandas o carteles que existen en la región", dijo este jueves José Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato.
Esta agresión es una muestra más de cómo el narcotráfico ha convertido algunos centros de rehabilitación de Guanajuato, conocidos también como 'anexos', en puntos claves para los grupos que se disputan el control del territorio: el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Santa Rosa de Lima.
Apenas días antes de la masacre, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, había criticado estos lugares en una comparecencia que tuvo ante diputados locales el 26 de junio.
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"Hemos encontrado que estos anexos, en algunos casos, se han convertido en semilleros de delincuencia organizada. (...) Pertenecen también a la delincuencia, van, cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo y por eso el grupo rival va y ataca en los anexos", dijo.
El alcalde de Irapuato, segunda localidad más grande del estado con 600.000 habitantes, aproximadamente, incluso sostuvo que algunos de estos lugares son "fachadas" de grupos del crimen organizado.
Sus palabras cobran especial relevancia al tomar en cuenta que en un lapso de siete meses se han registrado cuatro cruentos sucesos en centros de rehabilitación precisamente en el municipio de Irapuato, los cuales han acaparado reflectores nacionales e internacionales.
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El 4 de diciembre del año pasado, un comando armado ingresó por la madrugada a uno de estos lugares y secuestró a 25 internos. Solo 13 fueron liberados y el resto continúa en paradero desconocido.
Posteriormente, en las primeras horas del sábado 8 de febrero de este año, personas con armas de fuego ingresaron a un centro de rehabilitación para raptar a cinco personas e incendiar dos casas aledañas, un taller mecánico, además de vehículos y motocicletas.
El pasado 6 de junio, otras 10 personas fueron asesinadas en otro ataque a un centro para personas con adicciones. Y este 1.º de julio se dio la matanza de 26 personas.
"La violencia generada por la delincuencia no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses", tuiteó horas después de esta última agresión el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.
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En 2018, Guanajuato sumó 3.290 homicidios dolosos, lo que significó un aumento del 131 % en comparación con el año anterior, según cifras oficiales. Y desde entonces el número no ha hecho más que escalar: 3.540 casos en el 2019, y este año, de enero a mayo, van 1.903 víctimas.
Estas cifras han convertido a Guanajuato —conocido antes como un estado tranquilo, conservador e industrial— en la región más violenta de México, país que contabilizó 34.608 homicidios y 1.012 feminicidios en 2019, la cifra más alta desde que se tienen registros.
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A decir de las autoridades estatales, el 91 % de estos crímenes están vinculados a la sangrienta batalla entre los carteles de Jalisco y de Santa Rosa de Lima por controlar la venta de droga, el robo de hidrocarburo y, recientemente, la extorsión a negocios.
Autoridades federales y estatales no han podido frenar esta tendencia a pesar de diversos operativos conjuntos. El más reciente fue realizado en Celaya, donde fue capturada la madre de José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, el escurridizo líder del cartel de Santa Rosa de Lima.
Días después, la madre quedó libre porque su detención fue ilegal, según determinó la jueza que estudió el caso. A su vez, esta situación ha generado un enfrentamiento mediático entre autoridades federales y estatales.
Mientras el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido de la posibilidad de colusión de algunas autoridades locales con la delincuencia, el gobernador de Guanajuato, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), acusa falta de apoyo por parte de la Fiscalía General de la República para combatir el crimen.
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En medio de esta confrontación de tintes políticos, familiares de los 26 jóvenes que fueron asesinados en el centro de rehabilitación lloran hoy su muerte, sin que por ahora haya detenciones.
EFE
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