El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será juzgado por corrupción y lavado de dinero en el caso Petrobras y enfrentará por primera vez a Sérgio Moro, el magistrado que puso en jaque a la élite política y empresarial del país.
“Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia” presentada por la Fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a los medios ayer.
La Fiscalía General inculpó a Lula –quien calificó el proceder como una “farsa” y un “show de pirotecnia”– de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política.
Desde este momento, según la legislación brasileña, a Lula se le considera “reo”, pero no en el sentido de “preso”.
“La figura del reo en Brasil consiste en que el acusado, aún en libertad, tendrá que responder al proceso que el Estado, en la persona del juez, le imputa. Lula debe estar en todas las audiencias, presentar contrapruebas a los dos fiscales, llamar testigos para su defensa y asumir su propio argumento. También tendrá derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse”, le dijo a EL TIEMPO Roberto Romano, profesor de Ética Política de la Universidad Estatal de Campinas.
Lula “sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras”, afirma el texto de Moro, basándose en los alegatos de la Fiscalía. La acusación sostiene que una empresa de OAS revirtió a Lula “parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras”.
Los sobornos se transfirieron “mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá”, en el litoral paulista. La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, y a otras seis personas.
(También: En medio del llanto, Lula se defiende y desafía a justicia de Brasil)
Lula siempre negó terminantemente ser el propietario de ese apartamento y proclamó su inocencia en todas las investigaciones de que es objeto, atribuyendo las acciones judiciales en su contra a un plan de las “élites” para bloquear su candidatura en las elecciones del 2018.
Moro apuntó que “los hechos y pruebas son suficientes para la admisibilidad de la denuncia, sin perjuicio del debate contradictorio y de una amplia discusión durante el proceso judicial, en el cual los acusados, inclusive el expresidente, tendrán todas sus oportunidades de defensa”.
Ahora, el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) deberá enfrentar a Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba. Sus investigaciones en el marco de la Operación Lava Jato (lavadero de carros) sobre el escándalo Petrobras pusieron ya en la mira a decenas de legisladores y enviaron a prisión a empresarios de la élite de la principal potencia latinoamericana.
Lula, de 70 años, fue señalado además por la Fiscalía como el “comandante máximo” del esquema de corrupción que durante una década drenó más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal. La denuncia volvió a sacudir al país, dos semanas después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política y sucesora de Lula, por maquillaje de las cuentas públicas.
(Lea: Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil)
El Supremo Tribunal Federal (STF) investiga por su lado, específicamente, las acusaciones contra autoridades con fuero privilegiado.
El caso OAS podría marcar el inicio de una larga peregrinación de Lula por los juzgados. El exmandatario ya está siendo juzgado en una corte de Brasilia por tentativa de obstrucción de la justicia. Según el exsenador del PT Delcidio do Amaral, que colabora con las autoridades bajo la figura de “delación premiada”, Lula participó en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude.
La confesión de Amaral originó una segunda indagatoria que está bajo secreto de sumario en el STF, para determinar si Lula estuvo involucrado en la supuesta designación de dos jueces con la intención de que estos ayuden a empresarios procesados allegados al PT.
En esa causa también figuran Rousseff y dos exministros de su gobierno.
