Lucha anticorrupción: muchas normas y poca transparencia

Lucha anticorrupción: muchas normas y poca transparencia

El panorama de un flagelo en Latinoamérica. Hay leyes que lo combaten, pero no de manera estricta.

Corrupción en Panamá

En Ciudad de Panamá, los ciudadanos se han manifestado contra la corrupción.

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Rodrigo Arangua / AFP

Por: Paula Uriel - La Nación (Argentina) - GDA
03 de junio 2018 , 10:35 p.m.

La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y, mientras tanto, un matrimonio relacionado con el poder, que sigue los acontecimientos por televisión, sostiene este diálogo:

—Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?

—Sí. Pero es preferible tener una refinería que nada.

—Pero podríamos tener dos.

—No hay voluntad política.

La escena hace parte de la “obra de ficción inspirada en eventos reales” ‘El Mecanismo’, una serie de Netflix basada en el libro ‘Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil’, del periodista Vladimir Netto; el programa que desató la ira del expresidente de Brasil Lula da Silva, hoy preso por corrupción.

Lejos de la ficción, la consultora Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud del dinero ilícito (de corrupción, crimen organizado, evasión, financiación del terrorismo, lavado de dinero, etc.) que circula por América Latina. “Las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los 147 mil millones de dólares anuales, y las que ingresan a la región, a 257 mil millones”, señala.

La corrupción no es materia solo de peces gordos, sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, organismo autónomo del Gobierno de México, reporta la comisión de más de cuatro millones de actos de pequeña corrupción anuales en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.

En el plano empresarial, según el último informe anual ‘Report to the Nations’, publicado por la Asociación de Examinadores de Fraude (Acfe, por sus siglas en inglés), el 51% de los delitos de guante blanco en América Latina y el Caribe son por corrupción (sobornos, conflictos de interés, etc.). Aquí, las empresas pagan una media de 100 mil dólares en coimas para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene más de 187 millones de personas pobres y 62 millones en la pobreza extrema.

Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los países a partir de la mirada de expertos locales, es ver el mundo en rojo. Más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, en una escala en la que 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. América Latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay, con 67 y 70 puntos, respectivamente, los países que mejor califican. El resto está en la zona roja.

Esto sucede aunque la región avanzó en los últimos años en materia de leyes contra la corrupción público-privada. Algunas tienen alcance extraterritorial, establecen multas y hasta contemplan la pérdida de la personería jurídica de las empresas. Hay países que si bien no tienen leyes específicas, sí cuentan con herramientas ‘ad hoc’ en los códigos. Esto sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que prevén la corrupción y la castigan con la disolución de la sociedad o la cancelación de la personería jurídica.

En Argentina, a principios de este año, entró en vigor la ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de “dos a cinco veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades, que no podrá exceder los diez años”.

En Colombia, las multas para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de corrupción llegan hasta los 200 mil salarios mínimos, es decir 54,27 millones de dólares. En Perú existen la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas sobre Delitos de Cohecho Activo Transnacional y la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos.

Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente al 20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño. También, un descuento del 1 al 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad. Además, las empresas que tengan un canal de denuncia pueden ver reducidas sus penalidades.

En general, se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y colabore con las investigaciones.

En Colombia, las multas para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de corrupción llegan hasta los 200 mil salarios mínimos, es decir 54,27 millones de dólares

Un decorado anticorrupción

No obstante las normas, “estamos mal”, dice la argentina Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional. “Es cierto que tenemos un avance legislativo. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los ‘whisleblowers’ (soplones) y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles, y a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un ‘decorado anticorrupción’ y una falta de implementación de las normas en muchos países”.

Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero no logran parar la maquinaria de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, expresidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide que están presos o con causas activas por corrupción. En esta situación están Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador; los expresidentes peruanos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y otros. En Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva, lo mismo que su principal operador de infraestructura, Lázaro Báez, quien obtuvo un vertiginoso ascenso económico. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada la ‘Ruta del dinero K’, que incluye hoteles cinco estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.

La operación Lava Jato, iniciada en el 2014, tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción que involucraban a los principales nombres de la política del país. Después de 4 años, suma 183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, exdirectores de la petrolera estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de coimas por cerca de 6.400 millones de reales (1.825 millones de dólares). El resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a 38.100 millones de reales (10.868 millones de dólares).

La investigación de los crímenes alcanzó dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. La gran pregunta es: ¿este tipo de acciones pueden perdurar en el tiempo?

Modelos poco sostenibles

Para la presidenta de Transparencia Internacional, no. “En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante –afirma–. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”.

Ella afirma que estos últimos se dan de tres maneras distintas:

1. El modelo ‘campeones’, como el de Brasil: “El gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales. Si se retiran, ¿habría nuevos campeones?

2. El modelo ‘paraguas internacional’: En Honduras y Guatemala “se ha desbancado a presidentes y vicepresidentes, y se ha encarcelado a funcionarios. El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un organismo (amparado por la ONU o la OEA) que colabora con la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países porque cada uno tiene sus normas”.

3. El modelo ‘¿Me conviene?’: En Argentina y Perú, por ejemplo, “los mismos jueces que por años miraron al costado, al cambiar las circunstancias políticas o económicas, o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas”.

“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sostenibilidad de la lucha contra la impunidad”, comenta Ferreira. Para comenzar a transitarla, se necesita cumplir las leyes y que la justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, “habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales. En muchos países, para investigar algo en el extranjero, la justicia recurre a procedimientos del siglo XIX, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al juez, que dice: ‘Me falta un dato’… y vuelve a pasar por cancillerías. Mientras tanto, la gente pasa dinero a empresas ‘offshore’ a la distancia de un clic”.

Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley que crea un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). No obstante, funciona de manera parcial porque no se ha nombrado al fiscal anticorrupción y, por ello, los delitos relacionados con la materia no están vigentes. En Venezuela solo se tiene la ley contra la corrupción, que si bien tiene un amplio alcance, establece pocas normas dirigidas al sector privado.

Las pérdidas, millonarias

En Brasil, la consultora Inter B, solo con base en las obras públicas de infraestructura –foco de la corrupción local–, estima que el costo directo de la corrupción entre 1986 y el 2016 se ubicó entre 1,5 billones y 3,2 billones de reales; es decir, entre 24,6 y 51,4 por ciento del PIB.

Según el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PIB, es decir que de cada 100 pesos que genera la economía, 9 se destinan al pago de sobornos o mordidas. Y la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG reporta que el 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos.

A Perú le cuesta más de 3.600 millones de dólares al año, según la Defensoría del Pueblo, es decir 10 millones de dólares diarios y 10% del presupuesto nacional por año. Se estima que en Colombia equivale aproximadamente al 5% del PIB, es decir unos 15 mil millones de dólares. Por eso, el Gobierno promulgó, en octubre del 2016, la Ley de Imprescriptibilidad para los Delitos de Corrupción contra la Administración Pública.

Por otro lado, un cálculo del 2016 del actual ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, estima el costo de la corrupción en el país en 2.500 millones de dólares por año.

“Este delito afecta los negocios porque se incrementan los costos de operación y se crea, por contagio, un ambiente de negocios degradado, donde el paradigma es que los honestos no tienen lugar o que para hacer esto debes dar lo otro”, dice Carlos Rozen, director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO.

“Los recursos productivos son redirigidos al pago de sobornos y los controles disminuyen o se anulan”, agrega el experto, quien hace un llamado para que haya condenas aleccionadoras que evidencien que el costo del delito “resulta más alto que el beneficio que se obtiene”.

Según el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PIB, es decir que de cada 100 pesos que genera la economía, 9 se destinan al pago de sobornos o mordidas

Los casos más resonantes

Colombia

Reficar:
para la modernización de la Refinería de Cartagena se estimó una inversión de 3.777 millones de dólares; sin embargo, por hechos de corrupción, terminó costando 8.106 millones. Tiene abiertos capítulos penales, fiscales y disciplinarios. De los siete procesados, dos están en detención domiciliaria y los demás continúan en libertad.

Cartel de la Toga: a mediados del 2017 se conoció, mediante la interceptación de llamadas entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que en el alto tribunal había una red de venta de beneficios judiciales. Sigue pendiente de decisiones.

México

La casa blanca: en el 2014, una investigación periodística reveló un presunto conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto, pues su esposa, Angélica Rivera, pagó siete millones de dólares por una casa construida por el Grupo Higa, una de las empresas que ganaron 22 contratos de obra pública. El mandatario ordenó investigar y, siete meses después, la Secretaría de la Función Pública determinó que no hubo conflicto. Peña se disculpó.

Exgobernadores: desde el 2012 se han abierto investigaciones contra 15 exgobernadores por desvío de recursos públicos e incluso vínculos con el crimen organizado.

Brasil

Calicute:
derivación de Lava-Jato. Llevó a prisión al exgobernador Sergio Cabral y seis de sus secretarios, los dos últimos presidentes de la Legislatura, el presidente del Comité Olímpico y empresarios. Las investigaciones involucran contratos del Gobierno y hasta la compra de votos para las Olimpiadas.

Mensalão:
principal escándalo del gobierno Lula. Fue revelado en el 2005 y juzgado por el Supremo Tribunal Federal en el 2012. Los parlamentarios recibieron coimas para votar según el interés del Gobierno Federal. Hubo 24 condenados, entre ellos José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula.

Lava-Jato: ver nota principal.

Chile

Mopgate:
caso del 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos. El Ministerio de Obras pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos no concretados, mientras que la empresa de Gestión Administrativa y Territorial recibió pagos injustificados por autopistas concesionadas. La mayor condena fue 5 años de libertad vigilada y una multa millonaria.

Penta-SQM: en el 2014 reventó un fraude tributario del grupo Penta, que dio aportes irregulares a campañas. La minera Soquimich también fue investigada por financiamiento ilícito de políticos, 27 de ellos con procesos formalizados. La ley cambió y las empresas ya no puedan dar plata a las campañas.

Perú

Vladivideos:
En septiembre del 2000 se difundió el primer ‘vladivideo’. En él se ve al congresista Alberto Kouri recibir 15.000 dólares de Vladimiro Montesinos, asesor de Alberto Fujimori, a cambio de pasarse al oficialismo. Así se inició el mayor escándalo de corrupción del país. El presidente renunció dos meses después. A Kouri lo sentenciaron a 6 años de cárcel y a Montesinos, a 8.

Caso Orellana: El proceso del abogado Rodolfo Orellana y su presunta red de corrupción, narcotráfico, tala y minería ilegal se inició en el 2014. Hoy involucra a más de 400 personas. Aún no se inicia el juicio, pero Orellana ya fue sentenciado por otras investigaciones.

Argentina

Caso Ciccone:
El exministro de Economía Amado Boudou está acusado de haber adquirido Ciccone Calcográfica para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial, aprovechando su condición de funcionario.

La ruta del dinero K: En el 2013, el programa Periodismo para Todos reveló que Federico Elaskar y Leonardo Fariña admitían su participación en el envío a la banca suiza de unos 55 millones de euros y en el desvío de fondos públicos adjudicados a firmas del empresario patagónico Lázaro Báez (presunto testaferro de la familia Kirchner) para obras públicas. El juez Sebastián Casanello está a cargo de la investigación.

El Salvador

Desvío de donativos de Taiwán: El expresidente Francisco Flores fue procesado por desviar US$ 15 millones provenientes de la cooperación de Taiwán y destinados a mitigar la pobreza y reconstruir zonas afectadas por los terremotos del 2001. Falleció antes de enfrentar un juicio.

Desfalco al Tesoro: El expresidente Antonio Saca es acusado de haber sacado 320 millones de dólares del tesoro nacional entre el 2004 y el 2009. Él y colaboradores cercanos habrían desviado ese dinero hacia 14 cuentas que favorecieron a empresas del exfuncionario. Saca está detenido, a la espera de la audiencia preliminar.

PAULA URIEL *
LA NACIÓN (Argentina) - GDA
En Twitter: @LANACION
* Con información de medio del Grupo de Diarios América (GDA).

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