La ola anticorrupción pierde fuerza en América Latina

La ola anticorrupción pierde fuerza en América Latina

El Índice CCC 2020 evidenció que algunos países se han frenado y otros han retrocedido. 

Protestas contra la corrupción en Perú

Cientos de personas se manifestaron en Perú para exigir la destitución del fiscal general, Pedro Chávarry, quien ha sido vinculado con una gran red de corrupción.

Foto:

Christian Ugarte. EFE

Por: Simón Granja Matias
21 de junio 2020 , 02:13 a.m.

La pandemia a causa del coronavirus no solo está propagando enfermedad, muerte y crisis económica, sino también escándalos de corrupción en toda América Latina. En específico, esta última fue una tragedia anunciada en muchos sentidos. Meses antes de que la ola de contagios tomara fuerza en la región, organizaciones como Transparencia Internacional, la Ocde y el BID prendieron las alarmas sobre los riesgos de incremento de corrupción relacionada con los gastos para atender la emergencia sanitaria.

El momento es particularmente preocupante porque a esas advertencias se suma que la ola anticorrupción que estaba avanzando con fuerza en América Latina desde hace unos años ha ido perdido impulso y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Así lo deja en evidencia el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, el cual publicó Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales.
Roberto Simon, director sénior de Políticas Públicas de AS/COA y editor de Política de Americas Quarterly, señaló: “Lo que es aún más preocupante es que esto está sucediendo mientras el covid-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región”. Una mezcla peligrosa.

Según le explicó a EL TIEMPO, la ola anticorrupción ha perdido fuerza porque la mayoría de los países no lograron dirigir la ira en las calles hacia amplias reformas políticas. Por ejemplo: “En las dos democracias más grandes de la región, Brasil y México, esta ira abrió el camino a la elección de líderes antisistema y al uso selectivo de la anticorrupción para atacar a los enemigos políticos”.

En otros lugares, como Perú y Guatemala, el establecimiento político luchó para evitar el cambio (con éxito en este último caso). Según explica Simon, las preguntas sobre la extralimitación de fiscales y jueces salieron a la luz. Y las percepciones públicas cambiaron: las grandes investigaciones se convirtieron en “viejas noticias” y la gente se cansó y se enfocó en cuestiones económicas y sociales apremiantes, las cuales fueron el núcleo de las grandes manifestaciones vistas no solo en Colombia, sino también en Chile y Ecuador.

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El índice de este año refleja que muchos países se han estancado o han retrocedido en su capacidad para combatir la corrupción

Por su parte, Geert Aalbers, socio y director nacional de Control Risks en Brasil, la consultora internacional de riesgos, con sede en São Paulo, le señaló a EL TIEMPO que la ola de aplicación de la ley anticorrupción que comenzó en la región con las investigaciones de Lava Jato en Brasil y de La Línea en Guatemala fue el resultado de profundos cambios en muchos países de América Latina que habían desarrollado un entorno propicio, por primera vez, para mejorar la lucha contra la corrupción.

“Este entorno incluía tribunales y agencias de aplicación de la ley más independientes y eficientes para sistemas democráticos más fuertes y un mejor periodismo de investigación”, manifiesta Aalbers, y aclara: “Sin embargo, este cambio no es irreversible, y el índice de este año refleja que muchos países se han estancado o han retrocedido en su capacidad para combatir la corrupción”.

Lo que dice el índice

El Indice CCC, en lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que la pueden combatir. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.

“Los resultados del índice tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina. Revelan un panorama de reforzamiento de la ley desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva”, dijo Aalbers.

En esta segunda edición, los resultados del índice arrojan que América Latina es una región dividida en cuatro grupos. El primero, compuesto por Uruguay, Chile y Costa Rica, se acerca más al promedio de indicadores de gobernanza de la Ocde que al promedio latinoamericano. Los grandes triunfadores de la región han tenido grandes casos de corrupción en los últimos años, pero también tienen mejores herramientas para enfrentar el problema, desde encarcelar a las personas hasta mecanismos de control efectivos.

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Brasil, Perú, Argentina y Colombia forman el segundo grupo. Su entorno anticorrupción es desigual: todos han logrado mejoras sustanciales en algunas áreas, pero aún enfrentan desafíos críticos en otras. Y, lo más importante, están en diferentes trayectorias: en comparación con el año pasado, el puntaje de Brasil bajó y el de Perú aumentó, mientras que Argentina y Colombia se han estancado.

Por su parte, México, Ecuador y Panamá forman el tercer grupo: países que vieron avances solo en áreas limitadas, pero que obtuvieron puntajes por debajo del promedio regional en varias variables.

El cuarto grupo está constantemente detrás del resto de América Latina en prácticamente las 14 áreas evaluadas: Guatemala, Paraguay, la República Dominicana y Bolivia. Finalmente, Venezuela se encuentra en una categoría separada, aislada en la parte inferior de la clasificación por segundo año consecutivo, y con un puntaje aún menor que el año pasado.

Una mezcla peligrosa

Como señalaba Simon, la pérdida de fuerza de la lucha anticorrupción coincide con la pandemia. La gravedad de esa desafortunada coincidencia es que la necesidad de movilizar recursos multimillonarios de un momento a otro para gestionar adquisición de medicamentos, de equipos médicos costosos, sumado a la inyección que necesitan varios sectores económicos y sociales, es sin duda el caldo de cultivo para la corrupción.

“Esta es una tormenta perfecta para el riesgo de fraude y corrupción, no solo en la región, sino a nivel mundial”, advierte Aalbers.

Ya se han visto investigaciones sobre sospechas de fraude y corrupción en muchos de los estados de Brasil, incluso en Río de Janeiro, donde el gobernador enfrenta actualmente un juicio político. Recientemente encarcelaron al ministro de Salud en Bolivia por cargos relacionados con la corrupción. Y en Colombia hay miles de millones de pesos que están comprometidos en presuntas irregularidades en contratos hechos en medio de la crisis del covid-19: esta semana se conoció que en la Fiscalía se han abierto 177 indagaciones por hechos de corrupción en los 32 departamentos.

El fraude y la corrupción han florecido después de las crisis humanitarias en la región, desde el huracán Mitch en América Central en 1998 hasta el terremoto de 2010 en Haití

Hay una gran razón por la cual este ha sido el caso: las emergencias sanitarias y los desastres naturales generalmente requieren una reducción de los controles y un aumento de la discreción de los responsables políticos para agilizar las decisiones de gasto.

Por ejemplo, un estudio reciente del Banco Mundial muestra cómo la ayuda extranjera puede terminar en las cuentas bancarias personales de los funcionarios del Gobierno en paraísos fiscales.

La corrupción y el fraude supuestamente consumieron una parte de los $ 13.500 millones donados o prestados a países afectados por el tsunami del océano Índico de 2004. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) estimó que hasta el 16 por ciento de la ayuda gastada después del huracán Katrina se perdió en actividades inapropiadas. Y The Washington Post informó recientemente de graves acusaciones de corrupción relacionadas con el programa de reconstrucción de Puerto Rico.

Esto debería hacer sonar las alarmas en América Latina a medida que los gobiernos dan forma a su respuesta al coronavirus. El fraude y la corrupción han florecido después de las crisis humanitarias en la región, desde el huracán Mitch en América Central en 1998 hasta el terremoto de 2010 en Haití, y la respuesta al Niño en los Andes en 2017, destaca el artículo de Americas.

Sin duda, la crisis del covid-19 seguirá planteando una prueba sin precedentes para todos los países latinoamericanos, y es probable que surjan más escándalos de corrupción en toda la región. Sin embargo, la pandemia también puede crear una oportunidad para enfocarse nuevamente en prácticas y políticas que realmente marcan la diferencia en la lucha contra la corrupción.

“La corrupción es un problema cultural, social y político, pero las culturas, las sociedades y la política pueden cambiar y evolucionar. La pregunta clave es cómo podemos avanzar, y la respuesta es bien conocida: a través de reformas institucionales que cambian la forma en que funcionan el gobierno, las empresas y la sociedad civi”, señala Simon, y concluye: “Si mejoramos las capacidades de los países para detectar, castigar y prevenir la corrupción, no podremos terminar con la corrupción para siempre, pero reduciremos las consecuencias económicas, políticas y de derechos humanos del problema”.

SIMÓN GRANJA MATIAS
Redacción Domingo 
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