En medio de los disturbios sociales y económicos, la pandemia aparece como un invitado no invitado a un cóctel ya lleno de dolores de cabeza latinoamericanos. Las prevalecientes tasas de pobreza y una perspectiva económica ya débil colocan a la región en una posición frágil para enfrentar los más de 100.000 casos confirmados hasta abril. El virus ha aterrizado en un terreno fértil para exponer y agravar las disparidades y divisiones sociales preexistentes que caracterizan a gran parte de la región.
El virus ha resaltado algunas de las luchas que enfrentan las minorías sociales en la sociedad, particularmente las mujeres. Las políticas de bloqueo impuestas para evitar su propagación han dado lugar a niveles elevados de violencia doméstica relacionada con el género, con un aumento en el número de denuncias.
Las políticas que deciden quién puede abandonar sus hogares en función del sexo también han arrojado luz sobre algunas de las expectativas incómodas de la sociedad con respecto a las mujeres.
Antes de la pandemia no hay duda de que la violencia y la discriminación contra las mujeres ya era un problema recurrente. En 2019, casi el 60 % de las mujeres bolivianas reportaron algún tipo de violencia física por parte de su pareja.
(Lea también: Explotación sexual de niñas, activa durante aislamiento)
En México, los datos oficiales registraron el asesinato de 10 mujeres por día durante 2018. La gran dimensión de este problema desencadenó un tsunami de protestas en todo el continente, que culminó en manifestaciones masivas organizadas en el Día Internacional de la Mujer en marzo. La movilización fue una de las más grandes de la región en los últimos años, particularmente en México, Argentina y Chile.
La norma de movilidad basada en el género tiene consecuencias positivas y negativas. Pero lo más importante, revela las deudas históricas y las desigualdades en nuestras sociedades
Pero nadie pudo anticipar cuánto empeoraría la situación ya preocupante para las mujeres y los niños debido a las condiciones de vida limitadas que requieren las medidas de prevención de covid-19. En Argentina, las llamadas de emergencia por violencia doméstica han aumentado en un 25 % desde el comienzo del bloqueo.
En México, el aumento alcanzó un asombroso 60 %, mientras que en los refugios para mujeres se duplicaron las solicitudes debido a la violencia doméstica. En Chile, solo el fin de semana del 27 al 29 de marzo, las llamadas de emergencia a la Línea Directa de Consejería sobre Violencia contra la Mujer aumentaron en un 70 % en comparación con el fin de semana anterior.
En Colombia, el aumento alcanzó el 79 % desde la adopción de medidas de aislamiento, mientras que en Perú, 23 días después de que se declarara el estado de emergencia, la línea directa de violencia contra las mujeres recibió un promedio de 360 llamadas por día, 27 de las cuales involucraron a niños.
El género también está jugando un papel en cómo los gobiernos aplican sus bloqueos, para frustración de muchos. El gobierno municipal de Bogotá (Colombia) y las autoridades nacionales de Panamá y Perú anunciaron medidas para hacer cumplir el distanciamiento social basado en su comprensión del género. Las medidas establecieron diferentes plazos para que las mujeres y los hombres abandonen sus hogares.
(Lea también: ‘Se necesitan datos sobre la violencia de género ahora más que nunca’)
Estas medidas no fueron concebidas como una respuesta a la desigualdad de género, sino como un medio ‘práctico’ para evitar aglomeraciones en calles y espacios públicos en el contexto de la emergencia de salud.
La norma de movilidad basada en el género revela las deudas históricas y las desigualdades en nuestras sociedades
Las medidas, sin embargo, desencadenaron inmediatamente una ola de descontento. Un punto directo de crítica provino de la comunidad LGBTQ, y el caso de un trabajador de salud trans que fue multado en Panamá por violar la norma fue noticia internacional.
Otros críticos de las restricciones dicen que no tienen en cuenta que las mujeres en América Latina siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas, como comprar alimentos y medicinas. En Perú, la medida causó un hacinamiento inesperado de supermercados y farmacias durante el ‘día de la mujer’. La política fue desechada después de unos días.
“La norma de movilidad basada en el género tiene consecuencias positivas y negativas”, dijo Plashka Meade, subdirectora de Resiliencia de la ciudad de Panamá. “Pero lo más importante, revela las deudas históricas y las desigualdades en nuestras sociedades”.
(Le puede interesar: Aumentar los impuestos a la riqueza ¿una forma de enfrentar la crisis?)
Los críticos también señalan el hecho de que no hay evidencia clara de que las reglas de distanciamiento social específicas de género contribuyan al objetivo principal de reforzar la cuarentena. El gráfico anterior compara las tendencias de movilidad para viajes a supermercados y farmacias en Perú, Panamá y Bogotá, y señala cuándo se implementó la regla de confinamiento basada en el género.
Los datos preliminares ya muestran que la movilidad no se ha modificado significativamente desde que se promulgaron las políticas de género en cada una de las tres jurisdicciones. De hecho, otros factores pueden afectar más el cumplimiento de las políticas de confinamiento, como los niveles de informalidad , niveles de confianza en el gobierno actual y medidas tomadas por empleadores o instituciones específicas.
El programa ‘pico y género’ de Bogotá, literalmente ‘pico y género’ e inspirado en el programa ‘pico y placa’ de la capital colombiana, una política dirigida a reducir la congestión y la contaminación del tráfico, estuvo en marcha. Establecido por la alcaldesa Claudia López el 13 de abril para organizar la cuarentena, ‘pico y género’ permitió que las mujeres salieran de sus hogares para comprar bienes y alimentos básicos en días pares, mientras que los hombres solo podían salir en días impares.
En respuesta a las críticas de los grupos de derechos humanos y la comunidad LGBTQ, López, la alcaldesa progresista, primera mujer y exlesbiana electa de Bogotá, dijo que las autoridades debían respetar el género con el que las personas se identifiquen. Aun así, la fuerte sociedad civil de Colombia presionó a López para que se alejara de la política y ahora implementó ‘Pico y cédula’.
Otras ciudades colombianas han establecido políticas similares para hacer cumplir el bloqueo basado en números de tarjetas de identidad, en lugar de género.
Al igual que los casos de violencia doméstica en aumento, las restricciones de género subrayan cómo las respuestas estructurales a una crisis pueden revelar desafíos más profundos y desconcertantes. Es cierto que la mayoría de los países de América Latina han establecido medidas para prevenir y enjuiciar la violencia de género. Sin embargo, la región sigue siendo una de las regiones más hostiles para las mujeres.
Usar el género como un elemento de división y no de cohesión social revela el gran peso histórico de la desigualdad de género en la región, reforzando los estereotipos prejuiciosos, dando una señal errónea de cómo los hombres y las mujeres deberían unir fuerzas para contrarrestar este y otros tipos de crisis, y recordándonos que las políticas deben tener en cuenta que la igualdad real requiere desafíos duraderos para la sociedad.
EUGENE ZAPATA-GARESCHÉ Y LUCIANA CARDOSO*
Americas Quarterly
Ciudad de México* Eugene Zapata-Garesché es director gerente para América Latina y el Caribe de la Red Global de Ciudades Resilientes y miembro del Consejo Editorial de Americas Quarterly. Luciana Cardoso es consultora en Programas y Operaciones de Resiliencia para América Latina y el Caribe en la Red Global de Ciudades Resilientes.
