El rumor sobre la decisión del juez Claudio Bonadío de pedir el desafuero y ordenar la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria y presunto encubrimiento de los acusados en el atentado terrorista de la mutual judía Amia ya se escuchaba en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py desde hace un par de días.
Muchos productores de televisión estaban advertidos desde la madrugada del jueves y listos para el momento de la noticia. Por eso, en horas de la mañana, un enorme grupo de periodistas se apostaba a las afueras de la casa de la exmandataria en el barrio Recoleta, de Buenos Aires.
Los argentinos, acostumbrados ya a una suerte de justicia televisiva, siguieron en directo la detención de Luis D’elia, Jorge ‘Yussuf’ Khalil, Carlos Zanini y Fernando Esteche, otros imputados en este caso que investiga si desde el gobierno de los ‘K’ se fraguó un plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía, que dejó 85 muertos.
La orden de desafuero significaba un paso determinante en el cerco que le hace la Justicia a la actual senadora en Argentina, a tres días de comenzar la legislatura, razón por la cual denunció en rueda de prensa que tal decisión judicial está relacionada directamente con su llegada al Senado.
“Durante dos años en los que no tuve fuero nunca hubo ningún intento de llevarme a prisión preventiva, y ahora piden el desafuero por traición a la patria. Es un disparate judicial, una causa inventada con hechos que no existieron. Se juzgó y no hay causa, Bonadío lo sabe y (Mauricio) Macri lo sabe”, dijo la expresidenta.
Nunca hubo ningún intento de llevarme a prisión preventiva, y ahora piden el desafuero por traición a la patria.
La exmandataria también aseguró que el presidente Macri “es el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.
Por qué traición a la patriaEl ya mencionado atentado terrorista ocurrió en 1994 y, tras una investigación, la justicia de ese país no solo identificó a seis ciudadanos iraníes como los culpables, sino que señaló al gobierno de Irán como autor intelectual del hecho.
Posteriormente, en 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán que incluía crear una comisión conjunta para investigar el atentado. Y, aunque este fue avalado por el Congreso, nunca fue ratificado por los congresistas iraníes.
La denuncia por el presunto encubrimiento la comenzó el fiscal Alberto Nisman, cuya muerte aún se investiga, y la concluyó ayer el juez Bonadío, aunque el proceso no está terminado: ni los otros procesados ni Fernández de Kirchner están condenados.
CFK dijo que el memorándum fue un acuerdo entre dos países en el marco de la Constitución y la Convención de Viena de tratados multilaterales, y recordó que fue aprobado por el Congreso argentino. “Fue un acto de política exterior. Esta causa tiene 23 años y no hay detenidos; Irán no permitía extraditar, y el memorándum permitía acceder a declaraciones”, concluyó.
Pero de acuerdo con la denuncia del juez, este habría sido firmado para favorecer a exfuncionarios iraníes implicados y así restablecer las relaciones con Irán en beneficio de intereses comerciales. Sin embargo, las circulares rojas de Interpol contra los iraníes siguieron activas.
“(El juez) Bonadío sostiene que los atentados son actos de guerra y no atentados terroristas. Esa fue la única manera que encontró en su mundo jurídico para traer la figura de traición a la patria, que solo puede producirse si estamos en guerra”, agregó Cristina K y calificó el fallo de desvarío judicial.
El falló ordenó también prisión domiciliaria para el excanciller Héctor Timerman, quien tiene quebrantos de salud.
Ahora, el futuro judicial de CFK está en manos del Senado, que tomará entre 60 y 180 días a partir de la solicitud oficial para decidir si le quita el fuero.
Para la decisión se requieren 2 tercios de los presentes en el Senado, es decir, 48 senadores. Y en un cuerpo en el que Cristina tiene minoría y el Partido Peronista está dividido, las opciones para evitar el desafuero no están claras.
“Es improbable que la desaforen. Entre otras razones porque el memorándum lo aprobó el Congreso. Esto iría directo a la Corte Suprema”, dijo a EL TIEMPO el analista político Carlos F. de Angelis.
Mientras eso se define, ya muchos de sus adeptos salieron a las calles a apoyarla, y ella no descartó acudir a tribunales internacionales en caso de ser necesario.
Catalina Oquendo B.
Twitter: @cataoquendo
Para EL TIEMPO
Buenos Aires