En la Venezuela ‘revolucionaria’, donde desde hace 10 años los poderes públicos están controlados por el partido de gobierno, las últimas actuaciones de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, han sido una oda al desconcierto y, quizá, la punta de lanza capaz de quebrar la hegemonía chavista.
Esta no es, ni por asomo, la fiscal que manejó la primera gran ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro en el 2014. La Fiscalía, por ley, es la única institución que acusa penalmente a los ciudadanos, y Ortega Díaz utilizó esa facultad con mano de hierro al acusar a más de 2.000 manifestantes, según contabilizó ese año la Universidad Católica Andrés Bello.
En ese momento, la fiscal calificó las protestas opositoras de “acciones terroristas y fascistas”, apegada al estricto guion oficial con el que había acusado a Leopoldo López de generar violencia con su discurso para desestabilizar al gobierno de Maduro. Su despacho pidió la pena de casi 14 años de prisión que el dirigente paga en la prisión militar de Ramo Verde.
Tres años después, la historia es opuesta y representa la fisura más notable en el chavismo. Ortega generó un terremoto político al pronunciarse contra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que anularon a la Asamblea Nacional y la inmunidad parlamentaria y forzó a que el régimen las revirtiera.
Pero Ortega desafió al oficialismo cuestionando la actuación de los cuerpos de seguridad en torno a la actual ola de protestas y rechazó la iniciativa de Maduro de impulsar una constituyente, la que considera innecesaria.
Aunque la Fiscalía General es uno de los pilares encargados de velar por la aplicación de la justicia, el comisionado presidencial Elías Jaua calificó de “una opinión política más” la de Ortega Díaz.
En contravía de su actuación en 2014, los fiscales del Ministerio Público se han negado a acusar a los más de 2.800 manifestantes que han sido aprehendidos, de los cuales faltan por ser presentados ante tribunales 1.240, según el Foro Penal Venezolano.
Ante esa nueva actuación de la Fiscalía, el Gobierno optó por utilizar la justicia militar para procesar a civiles, llevando hasta ahora a 341 manifestantes a esos tribunales. “A pesar de ser ilegal, es evidente que se está acudiendo a la jurisdicción militar porque la Fiscalía no está imputando”, dice el consultor jurídico de la Asamblea Nacional Jesús Casal.
Y lo que faltaba. La fiscal desmintió al régimen con respecto al asesinato de Juan Pernalete. A la versión oficial de que el joven había sido atacado con una “pistola de perno” –para aturdir al ganado–, la fiscal dijo que tras pruebas técnicas, este fue asesinado por el disparo de una bomba lacrimógena efectuado por un guardia nacional.
Hasta esa declaración del martes, el régimen venezolano se abstuvo de polemizar con Ortega Díaz, pero allí trazó la raya. La prueba de que ella ya no pertenece a la élite gobernante del chavismo han sido las declaraciones de sus voceros atacando su posición –Diosdado Cabello calificó sus actos de traición–, así como una marcha organizada por el oficialismo “en repudio” a la fiscal.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que la “inacción” de la Fiscalía impulsa la violencia, y el ministro Jaua aseguró que con la constituyente esperan “rescatar” la Fiscalía.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
