Para gran parte de América Latina, el 2021 será el año de las vacunas y de la lucha por la recuperación económica. Sin embargo, es probable que la gran historia para cuatro países de América Central sea la de un retroceso democrático continuo.
Después de que su partido obtuvo una mayoría sin precedentes en las elecciones legislativas del 28 de febrero en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ahora parece listo para seguir adelante con su estilo característico de demonizar a la oposición y socavar las jóvenes instituciones democráticas de su país. La trayectoria de Bukele hace eco de lo que ya sucedió en Nicaragua y Honduras, donde las elecciones han consolidado el poder de las fuerzas autocráticas, y podrían hacerlo nuevamente a finales de este año. Guatemala también es un caso preocupante.
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Las elecciones en El Salvador confirmaron los temores de que pronto quedarán pocos controles para frenar la deriva autoritaria de Bukele. Dado que el país no celebra elecciones presidenciales y legislativas concurrentes, el mandato que ganó Bukele en las elecciones de 2019 no se tradujo en una mayoría en el Congreso. Durante el último año y medio, los legisladores opositores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se han unido para bloquear las iniciativas legislativas del presidente.
Bukele ha usado un lenguaje extremadamente duro para describir a sus oponentes en Twitter: “Arena y el FMLN no son basura, son peores que eso”.
En febrero de 2020, ingresó a la legislatura flanqueado por oficiales militares para presionar a los legisladores para que financiaran su programa de seguridad pública. Y hace unas semanas, después de que hombres armados mataran a dos activistas del FMLN e hirieran a otros cinco después de un mitin en San Salvador, Bukele sugirió que el FMLN organizó los asesinatos.
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Tales tácticas le han funcionado a Bukele. A fines de 2020, la aprobación de su trabajo rozaba el 90 por ciento. Ahora, con una mayoría en el Congreso, Bukele podría actuar para abolir los límites de los mandatos presidenciales. Eso desencadenaría una confrontación entre la Corte Suprema y Bukele, a quien respaldará un legislativo subordinado. Legitimado por las elecciones, todo indica que el retroceso democrático de El Salvador continuará a toda velocidad.
La erosión de la democracia a través de las urnas en esta parte de Centroamérica está estrechamente ligada a años de corrupción por parte de las élites políticas. El expresidente Antonio Saca (2004-2009), de Arena, está cumpliendo una sentencia de diez años por malversación de más de 300 millones de dólares y el también expresidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, se autoexilió en Nicaragua tras ser acusado por cargos similares. Mientras tanto, el aumento de las tasas de homicidio convirtió a El Salvador en la nación más violenta del hemisferio en 2015. Y Bukele, un político inconformista que una vez formó parte de las filas del FMLN antes de su expulsión, aprovechó hábilmente el descontento generalizado.
Erosión regionalEl alto costo de la corrupción en la democracia es evidente en Honduras, donde el conservador Partido Nacional tendrá la oportunidad en las elecciones de noviembre de extender sus 12 años en la presidencia. La sombra del presidente Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos está investigando por vínculos con carteles de la droga, se cierne sobre la carrera por su sucesor.
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Después de reinterpretar la Constitución de 1982 para permitir la reelección inmediata (el expresidente Manuel Zelaya fue destituido del poder en 2009 por intentar lo mismo), Hernández ganó un segundo mandato en 2017 en medio de acusaciones de manipulación de votos.
En el camino, la percepción de corrupción gubernamental ha aumentado. En 2015, estallaron las protestas después de que Hernández, comúnmente conocido como JOH, admitiera haber redirigido fondos del sistema de salud pública del país para financiar su primera campaña presidencial.
La presión desde abajo llevó a la creación de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Maccih avanzó en la lucha contra la corrupción, pero, para deleite de las élites políticas, JOH optó por no renovar el mandato de Maccih a principios de 2020. Tras lo cual vinieron nuevos escándalos de corrupción.
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En Honduras, los partidos políticos se están preparando para las elecciones primarias del 14 de marzo. El partido de JOH tiene más posibilidades de permanecer en el poder, ya sea con Nasry Asfura, el alcalde de Tegucigalpa, o Mauricio Oliva, el presidente del Congreso. El apoyo indirecto de JOH le da a Asfura una ligera ventaja, a pesar de las continuas investigaciones de corrupción en su contra.
La oposición, mientras tanto, es un desastre. Consumidos por divisiones internas, los bloques de la oposición, que en conjunto recibieron una mayoría de votos en 2013 y 2017, se niegan a aprender de los errores del pasado y probablemente dividirán sus fuerzas entre varios candidatos.
Los votantes tampoco parecen impresionados con sus opciones. Una encuesta reciente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó que el 61 % de los millennials no votaría y un porcentaje similar dijo que le gustaría emigrar a otro país. Una década de gobiernos corruptos y una oposición que prioriza las disputas internas en vez de oponerse en bloque a las tendencias autocráticas los ha dejado con poco optimismo.
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Mientras tanto, en Nicaragua, el régimen liderado por Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se parece cada vez más la dictadura de la familia Somoza que derrocaron en la revolución de 1979. Con la supresión de la disidencia política ahora como norma, las élites sandinistas están allanando el camino para mantenerse en el poder a través de unas cuestionadas elecciones el 7 de noviembre.
La revolución de Ortega lo llevó al poder en 1979, y gobernó hasta que perdió las elecciones democráticas en 1990. Después de que la corrupción bajo el presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) socavó la confianza en la democracia, un pacto entre Alemán y Ortega allanó el camino para que el líder sandinista regresara al palacio presidencial en el 2007. Ortega ganó la presidencia en las elecciones de noviembre del 2006 con solo el 38 % de los votos gracias a las reformas acordadas con Alemán.
Una vez en el poder, Ortega consiguió el apoyo de una parte de la Corte Suprema para permitir su exitosa reelección en 2011.
En 2016, Ortega anunció que volvería a postularse, con su esposa como compañera de fórmula, luego de que la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, abolió los límites al mandato presidencial.Además, sus aliados de la Corte Suprema Electoral ayudaron a Ortega bloqueando al candidato del principal partido de oposición. Varios partidos de oposición boicotearon las elecciones de 2016.
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La violencia patrocinada por el Estado silenció los llamados a la renuncia de Ortega en 2018 después de que su gobierno reprimiera brutalmente las protestas por una reforma de las pensiones, dejando cientos de muertos y miles de heridos. En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que facilita el enjuiciamiento de cualquier persona por “actos de traición” y les prohíbe ocupar cargos electos. La medida prepara el escenario para el continuo declive de Nicaragua bajo el régimen de Ortega-Murillo.
En Guatemala también existen preocupaciones sobre un mayor retroceso democrático durante el mandato del presidente Alejandro Giammattei, quien ha hecho poco para fortalecer las instituciones desde que asumió el cargo en enero de 2020. Giammattei ganó las elecciones presidenciales de 2019, después de que a Thelma Aldana, ex fiscal general y defensora de la ley, y a quien le estaba yendo bien en las encuestas, se le prohibió postularse. El descontento popular con Giammattei provocó disturbios en noviembre de 2020. El puntaje de Guatemala en el Índice de Democracia anual de The Economist Intelligence Unit cayó por cuarto año consecutivo el año pasado, luego de la destitución del expresidente Otto Pérez Molina por cargos de corrupción y la terminación unilateral de su sucesor Jimmy Morales de Guatemala.
¿Qué se puede hacer?Guatemala, Honduras y Nicaragua ofrecen una advertencia para El Salvador de lo que puede suceder cuando se deshacen los controles y equilibrios. Dado que la carga de la negligencia del Gobierno recae sobre los ciudadanos empobrecidos y alimenta una crisis migratoria, los actores con influencia en la región, incluido Estados Unidos, deberían reconsiderar su enfoque. Si bien la administración Trump ignoró las tendencias autocráticas de Centroamérica, la administración Biden tiene la oportunidad de fortalecer la gobernabilidad democrática.
En la campaña electoral, Biden prometió invertir US$ 4.000 millones en Centroamérica. El objetivo debería ser combatir el autoritarismo y promover una democratización sostenible. Afortunadamente, la administración es consciente de la amenaza del autoritarismo en la región. Bukele recibió la frialdad de la Casa Blanca en un viaje no anunciado a Washington unos días después de la investidura de Biden. Ese fue un signo positivo para la causa de la democracia en la región después de cuatro años de abandono. Pero el esfuerzo requerirá más que eso. Hay un camino cuesta arriba por delante para la administración Biden para frenar la corrupción, promover los principios democráticos y fomentar el crecimiento económico en la región.
PATRICIO NAVIA* Y LUCAS PERELLÓ**
Americas Quarterly(*) Navia es columnista colaboradora de AQ y profesora de estudios liberales en NYU. (**) Perelló es Ph. D. candidato en The New School.
