Por un “alto peligro de fuga”, la justicia peruana dictó este miércoles 36 meses de prisión preventiva contra la líder política Keiko Fujimori Higuchi y otros 10 colaboradores, quienes son investigados por presuntamente formar una organización criminal dentro del partido Fuerza Popular, que habría lavado 1 millón de dólares entregados por Odebrecht en 2011.
Por la misma investigación, el juez encargado Richard Concepción Carhuancho había ordenado el pasado 10 de octubre la detención preliminar de la política, quien fue liberada el 17 de octubre después de una apelación.
Esta vez, el fiscal José Domingo Pérez presentó como pruebas en la audiencia las declaraciones de testigos protegidos y de ocho colaboradores que señalaron haber ayudado a lavar el dinero.
Pérez también añadió como pruebas los correos electrónicos y transferencias bancarias que realizó Odebrecht a la campaña de Fujimori en el 2011. Dichas transferencias quedaron registradas en el servidor My Web Day. Fueron incorporados, específicamente, un correo electrónico, dos órdenes de pago y tres estados de cuenta en el Credicorp Bank de Panamá.
Agregó que el dinero se ingresó a la campaña electoral por intermedio de su entorno. En la región San Martin mediante el congresista Rolando Reátegui y en Lima, a través del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama.
El juez acogió la tesis de que Fujimori dispuso que se realicen actos de transferencia del dinero a través de personas allegadas, usando actividades proselitistas como la "Gran Rifa" y una cena.
"Con relación a Keiko Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave que esta persona sería líder de una organización criminal creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht", indicó el juez Carhuancho.
Mientras el fiscal levanta cargos formales y un tribunal define si inicia un proceso judicial por el caso, la hija del expresidente condenado Alberto Fujimori estará recluida en el Palacio de Justicia, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decida a qué penal será enviada para cumplir la prisión preventiva.
Tras la audiencia, la defensa anunció que apelará la resolución.
El fiscal José Domingo Pérez abrió en marzo del 2016 una investigación preliminar contra la hija mayor del ex mandatario Alberto Fujimori, así como contra su esposo Mark Vito Villanella, a causa de presuntos aportes irregulares para la campaña electoral de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), agrupación que la lanzó a la Presidencia de la República.
Para esto, el fiscal Pérez, también integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, se centró en la realización de cocteles y la "Gran Rifa", actividades efectuadas por la agrupación política para presuntamente recabar fondos de campaña.
Posteriormente, como parte de la investigación, se interrogó a Marcelo Odebreceht, ex CEO de la compañía brasileña del mismo apellido, además de ex funcionarios de la empresa, y se realizaron allanamientos a locales partidarios de Fuerza Popular.
EL COMERCIO (LIMA) - GDA / AFP
Comentar