Una jueza dictó este domingo cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por el caso del supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019, una acusación que ella negó.
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"Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió", afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas mediante una plataforma tecnológica.
La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva. Áñez, quien escuchó la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: "Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor".
Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un "golpe" que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 15, 2021
Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado, después de dos de sus ministros, el de Justicia, Álvaro Coímbra, y el de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeannine Anez (C), es escoltada por policías de la Fuerza Especial contra el Crimen (FELCC) luego de ser detenida en La Paz.
AFP / AIZAR RALDES
La sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros, quienes fueron trasladados en avión a La Paz.
El nombre de Áñez, quien dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS, partido de Evo Morales) Lidia Patty contra el líder cívico de la región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
Un documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato. Tras estas detenciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dijo en Twitter que “urge al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial”.
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Explicó, además, que emitía su posición “ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” contra los exintegrantes del Gobierno boliviano, según un comunicado de su portavoz.
Entre tanto, la Unión Europea (UE) calificó de “preocupantes” los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.
En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, sostuvo que “las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”.
La embajada de EE. UU. también se pronunció. Solicitó en un comunicado que se respeten “todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso”. Mientras, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”.
Y acotó que como institución no pueden “permanecer pasivos mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia, con sus limitaciones, en difíciles momentos de su historia y buscando caminos de pacificación”.
La detención de Áñez fue rechazada en bloque por los principales partidos opositores (conservadores de derecha y centro), que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019.
Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales, debido a los señalamientos de fraude.
Las protestas, en 2019, derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.
Por su parte, el expresidente Morales dijo este domingo que no se cansará de pedir justicia por los hechos violentos durante la crisis de 2019 y reiteró su pedido para que se esclarezca el “golpe de Estado” del que dice fue víctima.
“Esclarecer el golpe de Estado de noviembre de 2019, hecho doloroso que cuenta con testimonios y elementos jurídicos y constitucionales, no solo es defender la democracia en Bolivia, sino también la de América Latina y del Caribe”, escribió el exmandatario boliviano en su cuenta de Twitter.
AFP
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