El presidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado este viernes por la Fiscalía de tentativa de obstrucción a la justicia, en un nuevo golpe para el mandatario conservador que trataba de impedir una desbandada de aliados para permanecer en el cargo.
Según la Fiscalía General, Temer habría actuado en coordinación con el senador Aécio Neves, suspendido el jueves, para poner palos en las ruedas de la operación Lava Jato, que investiga una vasta red de sobornos en Petrobras.
“Se verifica que Aécio Neves, en articulación, entre otros, con el presidente Michel Temer, buscaron impedir que avancen las investigaciones de Lava Jato, sea a través de medidas legislativas o por medio del control de nombramientos de los comisarios de la Policía que conducirían las investigaciones”, dijo el fiscal general, Rodrigo Janot, en su pedido para que el Supremo Tribunal Federal (STF) autorice investigar.
Las acusaciones se basan en delaciones premiadas de ejecutivos del gigante mundial de la alimentación JBS, que creció rápidamente gracias a préstamos baratos del banco estatal de desarrollo durante los 13 años de gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff con el Partido de los Trabajadores.
Según los testimonios divulgados ayer por el STF, Temer recibió 4,6 millones de dólares de JBS, el expresidente Lula –quien ya enfrenta cinco cargos de corrupción– recibió 50 millones de dólares de sobornos en cuentas en el extranjero, y otros 30 millones de dólares fueron depositados en cuentas de Rousseff. Los dos se han declarado inocentes.
Brasil vive en estado de conmoción política desde que el miércoles el diario O Globo reveló una conversación entre Temer y Joesley Batista –uno de los dueños de JBS–, en la que el jefe de Estado da su supuesta “anuencia” al pago de un soborno para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, encarcelado por corrupción.
En esa reunión, Temer también indicó a Batista que podía contactar al diputado Rodrigo Rocha Loures, un estrecho aliado, para discutir temas de interés de su grupo empresarial.
Las autoridades registraron luego a Batista y Loures discutiendo delitos como garantizar la coincidencia de versiones de acusados en el caso Petrobras o la compra de su silencio.
Y aunque el presidente, de 76 años, rechazó tajantemente esas acusaciones, los mercados encendieron sus alarmas ante la posibilidad de que la agitación política bloquee el avance de las medidas de austeridad impulsadas por su gobierno, como la elevación de la edad de las jubilaciones y la flexibilización laboral.
El mandatario se reunió este viernes por la mañana con sus asesores legales y desplazó para la tarde una audiencia con el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y con los mandos militares.
Con el presidente Michel Temer, buscaron impedir que avancen las investigaciones de Lava Jato
“El Gobierno está trabajando en tres frentes para volver a la normalidad después de la crisis: político, judicial y económico. El propio presidente forma parte de las negociaciones con la base aliada”, dijeron fuentes del palacio presidencial de Planalto.
La crisis por la que atraviesa el Gobierno se produce un año después de la caída de Rousseff, acusada por el Congreso de manipular las cuentas públicas.
Ese impeachment (juicio político) posibilitó la llegada al poder de Temer, que era su vicepresidente, para completar el mandato hasta fin del 2018.
Ante el escándalo de corrupción ya se habla de opciones para la salida de Temer de la presidencia. La primera sería su renuncia. Y aunque brasileños, opositores y medios como O Globo la piden, el presidente ha reiterado que no se irá.
La segunda alternativa sería que el STF lo aparte del cargo. Según la Constitución brasileña, ese Tribunal tiene la potestad de juzgar y procesar al mandatario por infracciones penales comunes, que en este caso podría ser la de obstrucción de la justicia. Sin embargo, por cuenta del fuero presidencial, el STF no podría juzgar ni procesar al presidente por haber recibido sobornos en el caso Lava Jato.
La tercera opción es la investigación que lleva a cabo el Tribunal Supremo Electoral, en la que se busca determinar si efectivamente la campaña del 2014, que llevó a la presidencia a Rousseff y a la vicepresidencia a Temer, recibió dineros de Odebrecht. En caso de que el Tribunal falle en su contra, se declarará nulo el mandato del actual jefe de estado.
El impeachment sería la cuarta alternativa. El presidente enfrenta desde el jueves ocho pedidos de este tipo. Pero un eventual juicio político solo prosperaría si la coalición que lo apoya, o al menos una parte de ella, le da la espalda.
“Por eso la primera cuestión es saber si los partidos que forman la base del gobierno dejarán el gobierno”, dijo Thomas Pereira, profesor de derecho constitucional en la Fundación Getulio Vargas, en Río.
AFP y REUTERS
