Al mismo tiempo que los dos fiscales peruanos separados del caso Odebrecht, en el que están imputados cuatro expresidentes de su país y la líder opositora Keiko Fujimori, calificaron su destitución de ilegal y advirtieron de que esa decisión supone la toma de la Fiscalía por parte de la organización criminal que ellos persiguen, el presidente de ese país planteó presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.
El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial de la Fiscalía para estos emblemáticos casos de corrupción, y su mano derecha, José Domingo Pérez,
acusaron al cuestionado Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, que los destituyó, de servir a los intereses de esa organización criminal.
Lo hicieron en una conferencia de prensa celebrada en un local rodeado de cientos de personas que se concentraron para manifestarles su apoyo y pedir su continuidad, y en la que afirmaron que no tienen intención de abandonar sus investigaciones.
Preguntados por la organización criminal a la que hicieron mención, Vela explicó que se refieren a la cúpula del partido opositor fujimorista Fuerza Popular, objeto de parte de las investigaciones, incluida su líder, Keiko Fujimori, quien actualmente está en prisión preventiva por presunto blanqueo de dinero.
El fujimorismo, que dirige el Congreso de Perú con mayoría, tiene además paralizadas una serie de denuncias constitucionales contra Chávarry por sus vínculos con una amplia red de corrupción descubierta en el seno de judicatura peruana que ha marcado la agenda política del país en el último semestre.
Vela y Pérez anunciaron que impugnarán la resolución que los cesa de sus funciones para que sea revisada por la junta de fiscales supremos, compuesta por cinco fiscales, uno de ellos Chávarry, que aseguran que debe inhibirse por ser el que tomó la decisión de apartarlos.
Para Vela, el principal motivo de su destitución y la de Pérez es frustrar el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que habían alcanzado con la empresa Odebrecht y que debía dar un espaldarazo a las investigaciones con nuevos interrogatorios a los ejecutivos y la entrega de información sensible.
La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es conducida a una celda tras la prisión preventiva de 3 años impuesta por un juez.
Reuters
El pacto, que debía firmarse el viernes 11 de enero, comprometía a los ejecutivos de la constructora brasileña a colaborar con los fiscales a cambio de que ellos recibieran beneficios en los procesos.
El jefe del equipo especial acusó a Chávarry de inmiscuirse, afectar y hostigar las investigaciones al punto de llegar a cesarlos por no facilitarle el acuerdo con Odebrecht, acto que explicó que están impedidos por ley al tratarse de un documento reservado.
Los dos fiscales fueron destituidos este lunes 31 de diciembre por la noche, a escasas cuatro horas de que se iniciasen las celebraciones por el Año Nuevo. Además de a Keiko Fujimori y a Alan García, las investigaciones también comprenden a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Hasta ahora, Odebrecht ha reconocido ante fiscales haber pagado sobornos en
Perú entre 2005 y 2014, acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la presidencia del país.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo el martes que presentará un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, tras la remoción de dos
fiscales. Vizcarra, tras una reunión de su gabinete, dijo también que buscará acciones ejemplares contra aquellos que juegan contra el país, en referencia al fiscal general Pedro Chávarry.
"El día de mañana (este miércoles) iré al Congreso y presentaré personalmente este proyecto, como claro gesto de la importancia que mi Gobierno asigna a la lucha anticorrupción", dijo Vizcarra en una declaración pública.
"Exhorto al Congreso a tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere para no tener que llegar a una cuestión de confianza", afirmó.
La "cuestión de confianza" es una figura constitucional que podría llegar al cierre del Parlamento. El Congreso unicameral peruano tiene como mayor fuerza política al partido de la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por supuestamente recibir aportes de Odebrecht para su campaña electoral del 2011.
Los fiscales peruanos Frank Almanza y Marcial Páucar, que fueron designados para reemplazar a los principales encargados de investigar el caso Odebrecht, anunciaron este miércoles que han declinado ese nombramiento en medio de la crisis generada por esa decisión del fiscal general, Pedro Chávarry.
Páucar declaró que oficializó su decisión, junto a Almanza, "por el bien del proceso de corrupción más grande de este país y para que no se perjudiquen las investigaciones".
Reuters
