La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció este jueves que presentó tres nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna.
Según informó su oficina en un comunicado, Ortega Díaz interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y se establecieron sus bases electorales.
La fiscal recurrió también ante el Tribunal Supremo decisiones del Poder Electoral relacionadas con ese proceso, según la nota hecha pública este jueves por su oficina. Con estos, serían cinco los recursos que acciona la titular del Ministerio Público contra la ANC, ya los dos primeros fueron negados por la máxima corte.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, según la fiscal, no tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente, solo puede, si acaso, sugerirla.
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Según Ortega, “esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación del poder constituyente originario” en un referendo consultivo.
Ir a un nuevo proceso constituyente para derogar el actual texto, logrado a través de un proceso de amplia consulta, constituye “la violación del principio de la supremacía constitucional, que refiere que la Carta Magna puede ser cambiada a través de los mecanismos establecidos en ella y con la participación del poder originario”.
Ortega argumentó también que la Constitución vigente fue elaborada en un proceso constituyente, con una consulta previa y posterior a los ciudadanos, por lo que un nuevo proceso que no cumpla esos pasos “evidencia un retroceso en ese aspecto”.
El jefe de Estado solo puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental
Además, la fiscal requirió la nulidad del decreto en el cual se contemplan las bases de la elección de la ANC por “violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica”.
En una tercera acción legal se denunció que “hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC”.
En los tres recursos se solicitó además un amparo cautelar para suspender los efectos emanados de los decretos presidenciales y de las decisiones del órgano electoral.
El Tribunal Supremo venezolano ya desestimó dos recursos presentados por la fiscal: uno contra la Constituyente de Maduro y otro contra la elección de 33 magistrados de esa misma Corte.
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Por otro lado, según informó ayer el presidente de la Comisión de Postulaciones Judiciales, Carlos Berrizbeitia, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, prevé juramentar a los nuevos magistrados del Supremo entre el 8 y 12 de julio, después de que se cumpla con los lapsos legales.
El vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, dijo este jueves que Venezuela era un buen ejemplo de lo que sucede cuando la democracia es debilitada e instó a la región a condenar al Gobierno del país por abuso de poder. “Debemos todos elevar nuestras voces y condenar al Gobierno de Venezuela por su abuso de poder y el abuso de su propia gente”, dijo Pence durante una conferencia de líderes.
Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, manifestó por medio de un tuit su rechazo, lo que calificó de “plan intervencionista” por parte de EE. UU. y a las declaraciones de Pence.
EFE y REUTERS