Pese a renuncia de fiscal peruano, sigue crisis en Ministerio Público

Pese a renuncia de fiscal peruano, sigue crisis en Ministerio Público

Zoraida Ávalos declaró en emergencia a la entidad y pidió apoyo a las investigaciones.

Perú

Manifestantes protestan contra el fiscal general del Perú, Pedro Chávarry, quien tuvo que renunciar a su cargo este martes.

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AFP

Por: Lima (Efe-Reuters-AFP)
08 de enero 2019 , 08:35 p.m.

La renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal general de Perú, aceptada por la Junta de Fiscales Supremos, busca poner fin a una grave crisis en el Ministerio Público que llevó al Ejecutivo a plantear su declaración de emergencia para evitar que se frustren las investigaciones por el escándalo Odebrecht en el país.

La situación de Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación quedó en entredicho desde su designación, a mediados del año pasado, por las sospechas de que estuvo avalado por los votos de allegados a los partidos de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y del expresidente Alan García, envueltos en serios casos de corrupción.

Tanto Fujimori como García están investigados por el escándalo de sobornos repartidos por la empresa brasileña Odebrecht en el país, así como los exmandatarios
Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Chávarry tampoco pudo aclarar su cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, detenido en España a la espera de su extradición, y con el empresario Antonio Camayo, implicados en una gran red de corrupción en la judicatura peruana que negociaba sentencias y puestos a cambio de dinero y favores políticos.

Mientras que el equipo especial del caso en la Fiscalía avanzaba en sus pesquisas contra las principales figuras políticas en el país, Chávarry activó investigaciones internas para obstaculizar el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El fiscal Pérez no tuvo reparos en exigir su salida del cargo desde que argumentó que la lideresa opositora Fujimori dirigía una organización criminal destinada a recaudar fondos ilícitamente y que Chávarry actuaba a su favor, como integrante de una mafia en la judicatura denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.

El asunto que marcó el quiebre definitivo de Chávarry fue la intención de apartar a los fiscales Vela y Pérez de las investigaciones cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración con Odebrecht, lo que motivó al mandatario peruano, Martín Vizcarra, a presentar un proyecto de ley para declarar al Ministerio Público en emergencia e impedir que los casos se frenen.

Justificación

En su carta de renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, Chávarry dijo que decidió dar “un paso al costado” por respeto a su institución.

Pérez había informado que encontró material relevante para sus investigaciones sobre los vínculos de Chávarry con el caso abierto contra Fujimori en las oficinas de los asesores del exfiscal general, y que había procedido al sellado de esos ambientes.

Pero en las últimas horas se conoció que Rosa María Venegas, excongresista y asesora del polémico fiscal, había entrado en el despacho del también asesor de Chávarry Juan Manuel Duarte y había sacado de allí tres cajas con documentos. Para la sustracción, Venegas contó con la ayuda de tres policías escoltas de Chávarry, quienes se encargaron de quebrar el sello que bloqueaba la puerta y distraer al personal civil que se encontraba en las proximidades del despacho.

De otro lado, uno de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, Tomás Gálvez, informó que Zoraida Ávalos asumió en forma interina como fiscal.

Chávarry, de 67 años, se había convertido en fiscal general en julio del 2018 y había sido designado para estar ahí por tres años, fue fiscal supremo a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Penal y también integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Además, según el diario El Comercio, Chávarry fue fiscal adjunto supremo de la exfiscal general Blanca Colán, condenada a 10 años de cárcel por varios delitos, entre los que estaban enriquecimiento ilícito. Y aunque “el Consejo de la Magistratura le retiró la confianza en el 2002, fue reincorporado a la carrera judicial en el 2007 tras un acuerdo amistoso con el Estado, ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice el diario.

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