La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dio un nuevo paso de distanciamiento del régimen del presidente Nicolás Maduro al presentar este lunes una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015.
El anuncio fue hecho por Ortega en una entrevista con Unión Radio, en la cual denunció también que miembros de su familia han sido amenazados y perseguidos, por lo que responsabilizó al Ejecutivo de cualquier cosa que pudiera pasarles.
La fiscal general explicó que la demanda se trata de una “impugnación” contra 13 jueces principales y 20 suplentes que fueron escogidos por la Asamblea Nacional (AN) cuando todavía el poder Legislativo estaba bajo control del chavismo.
“Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho”, afirmó al explicar por qué se negó a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto “vicia” el proceso en sí.
Ortega indicó que consignó ante el Supremo un informe donde se evidenciarían las supuestas irregularidades presentadas durante dicho proceso de selección y aseguró que tardó 18 meses en pronunciarse al respecto por la dificultad que tuvo el Ministerio Público para acceder a las “pruebas” del Consejo Moral Republicano.
Estos magistrados fueron juramentados por el Parlamento luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que el chavismo entregara el mando de esta instancia en enero del 2016.
“Yo creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; sin duda, es un factor que ha contribuido a que el Tribunal Supremo no dé soluciones efectivas a la crisis del país sino, por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis”, sostuvo la fiscal.
Ortega también dijo que los 33 jueces impugnados deberán inhibirse de esta causa y advirtió que, en caso contrario, los recusará.
Ayer se presentaron nuevas protestas en la capital Caracas, donde ocurrieron saqueos por parte de decenas de manifestantes.
Luis Robayo / AFP
“Yo creo que por la salud del país, ellos deberían ser desincorporados”, insistió, y agregó que el poder Judicial debería convocar de manera inmediata a nuevos magistrados, aunque no especificó cómo.
Además, cuestionó que el alto tribunal haya desestimado dos recursos que ella presentó en las últimas dos semanas contra el proceso para cambiar la Constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
El último fue rechazado por la Sala Electoral del TSJ porque contenía una “inepta acumulación de pretensiones”.
“Lo neurálgico de lo que estoy solicitando no ha sido atendido. (...) El Tribunal Supremo ha sido un obstáculo para la paz del país”, afirmó.
La fiscal comenzó a alejarse del Gobierno en los últimos meses, al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ y, luego, al rechazar el eventual cambio de Constitución, lo que ha provocado que desde el chavismo la tilden de “traidora”.
En relación con las amenazas que ha recibido, Ortega responsabilizó al Gobierno. “No es posible que mi familia sea objeto de amenazas”, dijo.
La funcionaria explicó que sus familiares han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y que han sido acosados. “Los persiguen, patrullas que parecen ser del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Les mandan mensajes directamente del Sebin; el Sebin depende del Ejecutivo”, señaló Ortega.
La fiscal general aclaró que ella no ha sido amenazada, pero algunos voceros del Gobierno han dicho en televisión que “debería ir presa”. “Esto es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia. Yo hago responsable al Ejecutivo de cualquier daño, cualquier lesión, agresión que pueda sufrir toda mi familia”.
Los nombramientos exprés que hizo el Parlamento, en ese momento chavista, en los puestos del Supremo, luego de la derrota en los comicios, sirvieron para que la corte no diera garantías, según Ortega.
EFE
EFE y AFP