Justicia argentina desafiada a demostrar su independencia del poder

Justicia argentina desafiada a demostrar su independencia del poder

El nuevo gobierno apunta a una reforma contra las 'persecuciones indebidas' lideradas por políticos.

Macri y Fernandez

Posesión de Alberto Fernández, sucesor de Mauricio Macri.

Foto:

Senado de Argentina. AFP

Por: Buenos Aires (Efe)
15 de enero 2020 , 11:33 a.m.

El cambio de Gobierno en Argentina siembra nuevamente el desafío de demostrar la independencia de la Justicia del poder de turno, un lema que levanta ahora el nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, como lo hizo también su antecesor, el conservador Mauricio Macri.

Excarcelaciones, órdenes de prisión preventiva retiradas y sobreseimientos ocurrieron en los últimos meses en los casos sobre corrupción en Argentina: ¿La Justicia decidió cambiar de rumbo con el regreso del peronismo al poder o pesan factores legales?

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que limita el uso de la prisión preventiva, y el debate de una reforma judicial suman aristas a un tema complejo.

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Clamor por justicia independiente, de uno y otro lado

El presidente Fernández conoce con profundidad el tema ya que es abogado y profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires.

"Sin una Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia, solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan", evaluó Fernández en su discurso de asunción, el pasado 10 de diciembre.

El mandatario reconoció el deterioro judicial y apuntó contra las "persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática".

Posesión Alberto Fernández y Cristina K

Posesión Alberto Fernández y Cristina K.

Foto:

Juan Ignacio Roncorini. Efe

El mandatario peronista se posicionó así frente a las banderas en contra de la impunidad que enarboló a lo largo de su gestión Macri (2015-2019), cuando apuntaba contra supuestos hechos de corrupción durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

"Si la Justicia no es independiente, no es Justicia", reiteraba Macri, quien también fue investigado en el marco de diversas causas, como en la de los llamados papeles de Panamá.

La expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta ya un juicio en su contra y aguarda el inicio de otros cinco, afirmó que en Argentina se libra una "lawfare", una expresión inglesa que podría traducirse como una "guerra judicial". Cristina se declaró inocente y, en cambio, aseguró desde hace tiempo que ella y su familia son víctimas de "una cruel persecución" judicial.

Cristina Fernández de Kirchner

La exmandataria (2007-2015) y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien asegura que su familia es víctima de persecución. 

Foto:

Efe

Jueces cercanos al poder de turno

La politóloga Catalina De Elía, especializada en temas judiciales, consideró que "una gran parte de los jueces argentinos administra los tiempos de forma no inocente".

"Especialmente los magistrados de los Tribunales Federales de Comodoro Py, que es el edificio donde se concentran en Buenos Aires los casos de corrupción más sensibles, son simpáticos con el poder político de turno y tienen mano de hierro con los que ya no son Gobierno y con los más vulnerables", declaró la coautora junto al fiscal Federico Delgado del libro "La cara injusta de la Justicia".

La politóloga remarcó que "los jueces de Comodoro Py, que habían acumulado durante todo el kirchnerismo papeles en los expedientes que los involucraban, consideraron que era hora de encarcelarlos". Así, durante la presidencia de Macri hubo más de 70 políticos kirchneristas presos, precisó De Elía

Caso Nisman -Argentina

Imagen del 2015 de la gente en las calles argentinas clamando justicia por la muerte del fiscal Nisman, quien llevaba a cabo investigaciones contra Cristina Fernández.

Foto:

David Fernández. EFE

Excarcelaciones y sobreseimientos con el cambio de signo del gobierno 

Lo cierto es que desde que el resultado de las primarias presidenciales realizadas en agosto pasado mostró una ventaja casi irremontable a favor de la fórmula peronista y se alzó el clamor por liberar a los "presos políticos", cerca de doce exfuncionarios, sindicalistas y empresarios vinculados al kirchnerismo que se encontraban en prisión preventiva por la denominada causa de los cuadernos de la corrupción fueron excarcelados.

La Justicia decidió asimismo revocar el procesamiento de Fernández de Kirchner en las causas por supuestos sobornos en los corredores viales, por la importación de gas licuado con sobreprecios y en otras dos causas vinculadas al caso de los "cuadernos".

Además, la actual vicepresidenta fue sobreseída en una causa en la que se le investigaba por supuesta insolvencia fraudulenta para evitar el embargo de bienes y se dejó sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra en la investigación del memorándum de entendimiento que Argentina firmó en 2013 con Irán.

La puesta en vigencia a finales de 2019 del nuevo Código Procesal Penal aceleró la salida de las cárceles de los acusados sin condena, ya que solo debe ser aplicada frente al riesgo real de entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga

Cristina de Kirchner en el Senado

La vicepresidente argentina y presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner preside una sesión.

Foto:

RONALDO SCHEMIDT, AFP

A prisión sin condena, condenados sin prisión

El caso paradigmático es el del exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido (2003-2015). De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once que en 2012 le costó la vida a 51 personas en la terminal ubicada en el centro de Buenos Aires, pero como la Cámara de Casación tiene la sentencia en estudio desde hace diez meses y no la ratificó aún, el exfuncionario no está preso por este caso.

Sin embargo, el poderoso colaborador de los Kirchner cumple prisión preventiva por dos causas que están en trámite, sin fallo condenatorio emitido, aunque recibió recientemente el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones de salud.

El problema de fondo es que no hay juicios: la Justicia somete pero no condena ni absuelve

Pero no todos los presos sin condena -poco menos de la mitad del total- recuperaron su libertad , pese a que las autoridades se encuentran en alerta por la superpoblación de cárceles, comisarías y alcaidías.

"El problema de fondo es que no hay juicios: la Justicia somete pero no condena ni absuelve. Y cuando finalmente hay condenas o absoluciones, en su gran mayoría, llegan tarde y su confección está sospechada. El problema del mal uso y abuso de las prisiones preventivas en la Argentina no es un problema nuevo, solo que cobró relevancia en este último año por la cantidad de políticos, sindicalistas y empresarios presos vinculados al kirchnerismo", sostiene De Elía.

Juicios rápidos y justos, con sentencias que queden firmes a la brevedad, podrían ser parte de la solución.

Vínculos con el poder

El problema del nuevo Código Procesal Penal, señaló la politóloga Florencia Freijo, es que "generó suspicacias por el período en que entró en vigencia la reforma, cuando el kirchnerismo vuelve al poder".

Pero la supuesta influencia del poder sobre la Justicia no discrimina colores partidarios: "No olvidemos que fue con Mauricio Macri que se aprobó la designación de un juez de la Corte Suprema por decreto, con lo cual eso ya habla de ciertas situaciones en los procesos judiciales que están teñidas de amiguismos y de sesgos partidarios", advirtió Freijo.

El nuevo Gobierno también aspira a dejar su sello con una reforma judicial, en particular de la poderosa esfera federal que se encarga por ejemplo de investigar delitos sensibles como la corrupción y el narcotráfico.

La calma que suele reinar en enero en los tribunales, por la vacancia de verano en el Poder Judicial, este año parece ser sólo superficial mientras desde el Ejecutivo se comenzó a delinear la reforma que fusionaría distintos fueros con el fin de agilizar la administración de justicia.

Efe

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