El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presionado por la comunidad internacional que le demanda cambios democráticos, endureció este jueves su posición con la expulsión de dos misiones de derechos humanos, mientras arremete contra la sociedad civil y la prensa independiente, según analistas.
Dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron expulsadas el miércoles, acusadas de injerencistas, cuando aún no cesaba una ola de condenas internacionales por el cierre de organizaciones civiles, de derechos humanos y medios de prensa.
Esas acciones son “actos desesperados” de Ortega y un intento por “demostrar que está fuerte y que las presiones externas no le causan mella”, dijo José Pallais, quien fungió como canciller durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).
"Le comunico la suspensión temporal de la presencia y visita de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y asuntos internos", señala una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La expulsión de las misiones de la CIDH y la negativa a realizar cambios democráticos “son una ruptura con todo el sistema internacional de defensa y supervisión de derechos humanos. Ortega no quiere continuar bajo el escrutinio”, indicó Pallais.
Este jueves, tras la salida de los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos para Investigación (Giei), “los nicaragüenses quedamos en un estado de indefensión total”, estimó Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las pocas organizaciones que continúa funcional tras el cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Cada día nos estamos aislando más, y la comunidad internacional ha estado pendiente y denunciando todos los atropellos y violaciones de derechos humanos”, agregó.
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Estados Unidos aplicó sanciones a seis personas del círculo más cercano a Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Al mismo tiempo, la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como ‘Nica Act’, la cual impedirá que el país acceda a créditos de organismos multilaterales, entrará en vigor apenas la promulgue el presidente Donald Trump.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, un severo crítico de Ortega, manifestó: “Estamos en una crisis terminal” debido a que el mandatario ha llevado al país “a un despeñadero (...) destruyendo la economía y la convivencia, y solo se puede mantener por el terror”.
La policía allanó y ocupó las oficinas del diario digital Confidencial y sus programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, de Chamorro.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que ayudó a derrocar la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, descartó adelantar elecciones del 2021 al 2019, como lo plantearon los obispos católicos que mediaron en un fallido diálogo con la oposición.
También se negó a efectuar reformas institucionales para salir de la crisis política que en ocho meses ha dejado más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de personas refugiadas en países vecinos.
La economía, que proyectaba un crecimiento del 4,9 por ciento para este año, se contraerá 4 por ciento por la crisis, según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que acusa pérdidas millonarias, el cierre de más de 7.000 pequeños y medianos negocios, así como la pérdida de 400.000 empleos.
Según los empresarios, en el 2019, la economía se contraerá un 11 por ciento si no hay una salida a la crisis política.
El mandatario, instalado en el gobierno desde 2007, es señalado por sus adversarios de corrupción y de instalar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. El gobierno “está totalmente aislado, pero ellos (Ortega y Murillo) niegan la realidad diciendo que todo está bien, que va haber una Navidad maravillosa, y eso no puede seguir así”, señaló el politólogo José Peraza.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, calificó de “alarmante” la situación de Nicaragua, país inmerso desde hace varios meses en una crisis que este organismo considera que debe ser seguida con atención por la comunidad internacional.
“Ningún otro Estado de la región ha producido un número tan alto de víctimas fatales como Nicaragua este año. Esta situación debería ser considerada prioritaria por todos”, declaró Abrão. Además, advirtió de un “intento explícito de silenciar la oposición y cualquier tipo de disidencia”.
“Es una decisión que de un lado es coherente con lo que está pasando dentro del país”, no dudó en afirmar el jefe de la CIDH.
AFP y Efe
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